Participación Ciudadana - La Cruz De Rio Grande - 2011

I. Objetivos

A. Objetivo General

Identificar el acceso que han tenido los ciudadanos a las informaciones sobre la gestión pública de La Alcaldías Municipal.

B. Objetivos Específicos

a) Valorar las oportunidades para las organizaciones civiles que han brindado el Comité de Desarrollo Municipal y otros espacios de concertación local.

b) Conocer el grado de incidencia ciudadana en la consulta, aprobación, ejecución y monitoreo de políticas públicas en sus municipios.

c) Sistematizar las recomendaciones para fortalecer la participación ciudadana y las organizaciones civiles en la gestión pública municipal.

II. Hipótesis

La participación ciudadana, aplica una serie de oportunidades para el fortalecimiento de las relaciones sociales en el municipio, permitiendo así, a los ciudadanos ejercer una influencia directa en las decisiones públicas, para la recuperación de los espacios legales y representativos del municipio.

III. Introducción

Se trata de un estudio cuanti-cualitativo, transversal y propositivo. La principal fuente de información han sido líderes de organizaciones civiles y Funcionarios de gobierno de diferentes comunidades seleccionadas, que suman un total de10 personas, es decir un promedio de 9.61 informantes por comunidad que fueron entrevistados en base a una guía semi-estructurada. Por otro lado, se ha recogido información de fuentes documentales y registros accesibles.

La información recogida de las distintas fuentes ha sido procesada conforme las temáticas seleccionadas, una vez que fue verificada la validez de la misma. Posteriormente realizamos el análisis de los resultados, tratando de sintetizar los hallazgos más relevantes, de explicar los factores que condicionan la dinámica local, de valorar los avances y limitantes identificadas y de recopilar las recomendaciones planteadas a fin de fortalecer la participación ciudadana y el rol de las organizaciones civiles en la gestión pública y el desarrollo local.

Consideramos que la problemática analizada en esta ponencia no es exclusiva de la Cruz de Rio Grande, sus experiencias positivas y negativas pueden contribuir al conocimiento y a la práctica de las organizaciones civiles de la mayoría de los municipios del país.

IV. Marco teórico

El concepto más extendido de “ciudadanía” proviene de las Ciencias Jurídicas, enfocándola como una relación legal entre las personas y el Estado que establece derechos y deberes entre ambos. Por tanto, la definición generalmente aceptada de “participación ciudadana” se refiere a todas aquellas prácticas de interacción entre los actores de la sociedad civil y el Estado. Es decir, que el concepto alude a las acciones de intervención de ciudadanas y ciudadanos, de forma individual y colectiva, ante las instituciones del Estado, sea como elector, fiscalizador, contribuyente, asociado o proponente de políticas públicas. Desde la perspectiva de la gestión pública, la participación ciudadana cabe en todas las fases del ciclo de políticas y programas, desde el diagnostico de la problemática, pasando por la elaboración de la política, la planificación e implementación de programas y proyectos, hasta el monitoreo y la evaluación de resultados e impacto, tal como lo establece la Ley de Participación Ciudadana en Nicaragua.

Un concepto sociológico de ciudadanía lo planteo T. Marshall quien distingue tres dimensiones: la “ciudadanía civil” que significa el goce de derechos civiles, la “ciudadanía política” implica el derecho de participar en elecciones, y la “ciudadanía social” abarca los derechos de educación, salud, habitación, empleo, seguridad social.

Marshall, 1997.En este sentido, Bottomore distingue una “ciudadanía sustantiva” que implica tener las capacidades para ejercer los derechos de la “ciudadanía formal” o jurídica, y señala que la definición y vigencia de los derechos ciudadanos es un campo de lucha sociopolítica entre grupos sociales con intereses contrapuestos. (Bottomore, 1992).

Esta distinción ha sido retomada desde un enfoque feminista, señalando que la igualdad formal de derechos que han alcanzado las mujeres en muchos países, difícilmente se ejerce en la práctica por la desigualdad existente entre géneros, o mejor dicho por la subordinación del género femenino en distintos ámbitos sociales (familia, iglesia, empresa, partido, etc.) y la exclusión de oportunidades (educación, salud, etc.) que permitan desarrollar sus capacidades y sus derechos ciudadanos.

En el contexto latinoamericano, Ana García señala que “Respecto a la ciudadanía formal, las diferencias entre mujeres y hombres se han reducido a su mínima expresión en los últimos cincuenta años. En cuanto a la ciudadanía sustantiva, la situación escaramente diferente” (García 2001 pp. 206).

La limitante clave de la participación ciudadana de las mujeres reside en la diferenciación entre un ámbito público asignados los hombres donde se ejerce la política y la ciudadanía, y un ámbito privado o domestico atribuido a las mujeres. Por esta razón, los movimientos feministas han planteado la ruptura de esta distinción patriarcal vía la politización de lo privado y el acceso equitativo de las mujeres al ámbito público (Aguilar 1997).Coincidentemente, desde una perspectiva antropológica y con el auge de los movimientos indígenas se ha señalado que muchos grupos étnicos se encuentran excluidos de las oportunidades y condiciones sustantivas para ejercer la ciudadanía formal.

Así ha surgido un enfoque multicultural de la ciudadanía que enfatiza el respeto de la diversas identidades, normas y organizaciones propias de las diversas culturas existentes en un país y la necesidad de una “discriminación positiva” para que los grupos excluidos pueden acceder en igualdad de condiciones a los derechos ciudadanos (Bello Alfaro 2004).En cuanto al concepto de “participación”, se lo ha definido como la “acción y efecto de participar”, es decir se trata de “tomar parte” personalmente de una actividad o de un programa (temporal), o “ser parte o miembro” de una organización o de una comunidad (permanente). Existen distintos ámbitos de la vida social donde cabe a las personas “tomar o ser parte”.

En el caso de la participación ciudadana nos referimos a un ámbito socio-estatal especifico, denominado por algunos autores como “ámbito público “en tanto se abordan asuntos de interés común para los miembros de una sociedad, y por otros autores se llama “campo político” en la medida que interviene el estado paranormal ese asunto publico que normalmente es objeto de disputa entre grupos sociales. Podemos considerar el “ámbito público o político” como una dimensión especifica de la vida social donde los ciudadanos y las organizaciones compiten o concuerdan sobre las decisiones concernientes a los asuntos de interés común. Las fronteras del “ámbito público” han variado históricamente, así encontramos temas contemporáneos que hoy son objeto de discusión pública y de decisiones políticas, pero que décadas atrás no lo eran, por ej. La violencia intrafamiliar, las opciones sexuales, la contaminación ambiental, el salario mínimo, la subordinación de las mujeres, niños y etnias.

La ampliación del “ámbito público” ha sido fruto de la luchas de grupos excluidos por visibilizar sus demandas, en un contexto de cambios culturales y educativos facilitados por la ampliación de las comunicaciones globales. Por el contrario, los sectores dominantes han contrarrestado la ampliación del “ámbito público” en temas que afectan sus intereses de poder, tratando de relegándolos al “ámbito privado”, por ejemplo al ámbito del mercado dominado por grandes empresas o al espacio de la familia dominada por el patriarca. En definitiva, entendemos que la participación ciudadana se refiere al involucramiento de la población en asuntos considerados de interés común o del “ámbito público” –categoría histórica definida en cada contexto según la correlación de fuerzas.

Tanto el concepto teórico como el alcance real de la participación ciudadana, son una construcción histórica de los sujetos sociales en un contexto espacio-temporal determinado, dependiente de las condiciones existentes (sociales, económicas y políticas) y de las capacidades de los sujetos (humanas y materiales).

En cuanto a los factores condicionantes de la participación ciudadana, se trata de un proceso multidimensional que obedece a distintas situaciones:

 En la dimensión política, el estado de derecho, la vigencia de derechos individuales y colectivos tales como la libertad de expresión, movilización y organización, la elección y revocación de dirigentes y su control por las bases.

 En la dimensión económica, la satisfacción de las necesidades materiales básicas, la ruptura de los lazos de dependencia, la existencia de medios de comunicación y transporte que faciliten los flujos informativos y las reuniones colectivas.

 En la dimensión cultural, el acceso a información veraz y la educación básica, el respeto a la diversidad cultural, el sentimiento de integración social, los valores de justicia, equidad y solidaridad. En cuanto a los niveles o tipos de participación ciudadana, una clasificación muy utilizada se basa en las oportunidades que tienen los ciudadanos frente a las instituciones

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