La participación ciudadana

La participación se ha definido como uno de los elementos esenciales de y para la democracia, así como un mecanismo que permitiría fortalecer la ciudadanía y dar mayor legitimidad y eficiencia a las políticas públicas. Sin embargo, aún persiste el debate en relación a qué se entiende por participación, qué significa participar y, al mismo tiempo, a qué hace referencia el concepto de ciudadanía, íntimamente relacionado con el de participación -incluida aquí, además, la e-participación o e-democracia-.

La participación es necesaria y debe ser concebida como un bien público, por lo tanto es necesario analizar cómo el sector público enfrenta la participación, cómo ésta se articula con su trabajo y cuál es la posibilidad real de la ciudadanía de incidir en las políticas públicas, consideradas tanto como proceso y resultado.

Si concebimos la participación como un ejercicio concreto de ciudadanía y al mismo tiempo como una acción política, entendida como una motivación para ser parte del proceso de toma de decisiones en ámbitos diversos y sin restricción, podemos ver que cambia totalmente la relación entre el ciudadano y el Estado, entre el usuario y el servicio, entre el beneficiario y el funcionario, se rompen relaciones tradicionalmente asimétricas y el poder se diluye entre los involucrados, poder que los grupos dominantes de todo tipo se empeñan en mantener. Por lo tanto, la participación en tanto acción política es un ejercicio por y de poder incidir en los asuntos públicos, por lo que también debe ser enfrentada como un proceso de negociación entre, al menos, dos partes.

Vinculado a lo anterior surge la necesidad de distinguir la participación funcional de una participación auténtica, así como la estructura de la participación. Esta necesidad encuentra su origen en que los temas públicos o asociados al bien común no pueden ser del dominio exclusivo del Estado; que una democracia requiere no sólo de mecanismos de representación política, sino que también de participación ciudadana directa, efectiva y auténtica; tendiendo a una co-producción de las políticas públicas entre el Estado y la sociedad civil.

Entendemos por participación auténtica aquella que tiene efectos directos e indirectos, previstos y no buscados, en la toma de decisiones respecto a determinadas acciones o prioridades de política o en las derivaciones dela misma. Asimismo, esta participación se encuentra estrechamente asociada a las estructuras de participación entendidas como un conjunto articulado y diferenciado de posiciones y relaciones conocido y legitimado por los diversos actores involucrados.

En este marco, comprendemos la incidencia como el grado y posibilidad de un grupo de influir en la definición, ejecución y evaluación de determinada política pública, teniendo en consideración la trama de posiciones jerarquizadas

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