Penitenciario

INTRODUCCION:

El presente trabajo contiene un desarrollo sobre la realidad de los centros penitenciarios de nuestro país, remitiéndonos a estudiarla realidad de los Centros penales, cabe destacar que estaremos enfocados al aspecto de la reinserción social, la cual es la base de nuestro nuevo sistema penal, ya que se busca no castigar al delincuente, sino ayudarle a dejar los hábitos que lo llevaron a delinquir y brindarle ayuda para que se transforme en un ser humando que sea de utilidad para la sociedad.

Según sectores de la doctrina, las obligaciones de los estados, constituyen derechos para sus ciudadanos, desde este punto de vista, cuando la Constitución manda a que se creen Centros Penitenciarios adecuados, para promover la readaptación del delincuente, está prácticamente otorgándoles un derecho a las personas privadas de libertad a que puedan ser sujetos de ayuda y de atenciones para una efectiva reincorporación a la sociedad. Reincorporación que debe de traer una formación integral que permita al delincuente, alcanzar una vida honrada y digna al momento de dejarlo en libertad.

Tenemos una legislación enfocada a cumplir con el buen tratamiento al recluso, pero la cruel realidad de nuestro Sistema Penitenciario, contrasta totalmente con la teoría, los niveles de hacinamiento son desesperantes, es necesario buscar el cumplimiento efectivo de las disposiciones en materia penitenciaria para nuestro país, ya que escasamente se cumple, la política criminal del Estado, se ha separado de su finalidad ulterior y está cometiendo enormes violaciones a los derechos de las personas privadas de su libertad.

En el trabajo se apreciara que nuestra legislación en materia penitenciaria es muy moderna y apegada a criterios internacionales, pero no se cumple en lo absoluto, ya que no se puede obviar el problema.

DERECHO PENITENCIARIO INTERNACIONAL

COLOMBIA:

La crisis del sistema penitenciario colombiano ha sido un tema ampliamente documentado y es una situación conocida por el Gobierno y la ciudadanía. No en vano ya no sorprenden las noticias que dan cuenta de las condiciones de vida infrahumana a las que son sometidas las personas en los establecimientos de reclusión, o las que reportan, una y otra vez, los problemas de salubridad y hacinamiento que se presentan en las cárceles.

Como lo ha documentado el Grupo de Derecho de Interés Público, la insostenibilidad del sistema penitenciario responde a problemas en el diseño de la política criminal, al déficit financiero y a la inoperatividad de las actividades de resocialización. Estos problemas se intensifican, a su vez, con la persistencia de la violación masiva de derechos humanos a la población reclusa como consecuencia del hacinamiento carcelero.

Como las cifras, en las dos últimas décadas Colombia ha experimentado un aumento drástico y sostenido de las tasa de encarcelamiento. Durante el periodo comprendido entre diciembre del 2003 (tiempo en el que se promulgo el Código Penitenciario y Carcelario) y abril del 2012, población de internos paso de 29.114 a 107.320 personas, pero la capacidad de los establecimientos de reclusión solo se incrementó en 50.701 cupos. Hoy el índice de hacinamiento alcanza su máximo histórico, al llegar a 41.8 por ciento.

EL hacinamiento, que ya luce insostenible, ha empeorado con la entrada en vigencia de la Ley 1453 del 2011. Esta Ley, comúnmente identificada como “Ley de seguridad Ciudadana”, incremento las penas de algunos delitos y modifico sustancialmente la tendencia de crecimiento de la población reclusa a partir de junio del 2011. Así, entre junio del 2011, mes en el cual entro en vigencia la Ley 1453, y abril del 2012, la población penitenciaria aumento en 13.933 personas. En total, se pasó de 93.387 internos en junio del 2011 a 107.320 internos en abril del 2012.

Como es obvio, este déficit agravaría

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