Poder Judicial Y Mercado

Poder Judicial y mercado: ¿Quién debe pagar por la justicia?

Jorge Correa, Carlos Peña y Juan Enrique Vargas

La relevancia del problema

• Este debate resulta imprescindible debido al creciente interés que suscitan los sistemas de resolución de conflictos.

• Es por esta razón que se elaboraron diversas propuestas que buscaban aumentar la eficacia de los sistemas judiciales, aumentando su calidad y cobertura.

• Sin embargo las reformas y mejoras en gestión que se plantearon para mejorar la productividad de estos sistemas, no lograron acortar significativamente la brecha que existe entre la oferta y demanda de justicia.

El problema del enfoque utilizado para examinar la justicia como un problema público

• Tradicionalmente la justicia ha sido concebida como un bien público, esto quiere decir, como un bien que una vez producido beneficia a un gran conjunto de consumidores, hayan o no pagado estos por él.

• La incorporación de un consumidor adicional carecería de costo.

• Si la justicia fuera un bien público, las personas carecerían de incentivos para pagar por él, esperando que otros sean los que paguen, alcanzando un beneficio sin soportar el costo de obtenerlo (free riders).

• Si la justicia fuera un bien público, su producción asociada a un sistema de mercado sería socialmente dañina: Habría menos justicia de la socialmente necesitada.

• El modelo actual de justicia es el de un servicio público, a cargo de funcionarios remunerados por el Estado, financiado por las rentas generales y sin barreras de acceso.

¿Es correcta esa visión que ha inspirado hasta ahora el diseño institucional de la justicia?

• Los autores señalan esta visión como técnicamente incorrecta.

• La justicia civil y la comercial no constituyen bienes públicos, ya que la incorporación de consumidores adicionales representa costos, hay rivalidad para acceder al aparato justicia y excluir a un costo óptimo a un nuevo consumidor.

• Estos tipos de justicia constituyen bienes privados, cuyos beneficios son internalizados por los litigantes.

• Cuando parte de las externalidades positivas no son percibidas por los litigantes, sino por la comunidad, el punto optimo en la provisión de justicia se da cuando el Estado compensa a los particulares por la generación de este exceso (asume el costo del beneficio que excede a los particulares).

• Al proveerse estos tipos de justicia como bienes públicos, se produce un resultado socialmente dañino: Los sujetos tenderán a litigar

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