Politicas Sociales En Salud

Índice

Introducción --------------------------------------------- 3

Antecedentes de las políticas públicas en materia de salud en México. ----------------------------------- 4

Relación de los Planes Nacional y Estatal de Salud ------ 6

Principales Beneficios de la Ley de Salud del

Estado de Yucatán ------------------------------------------- 9

Conclusiones ------------------------------------------------ 10

Referencias Bibliográficas -------------------------------- 12

Introducción

El presente ensayo tiene como objetivo tender un vínculo teórico y social entre dos niveles de análisis de la salud pública en el Estado de Yucatán: por un lado, los sentimientos de pertenencia social y por el otro, los elementos de una política social que nos permitan conocer el impacto de las políticas sociales en salud a través de las instituciones que integran el sector salud en el Estado de Yucatán. Las políticas de salud existentes tanto en México como en el Estado de Yucatán, incluyen valoraciones acerca de la confianza y el sentido de pertenencia social, así como la situación objetiva en educación y salud. En el presente trabajo, se pretende analizar la relación existente entre los Planes Nacional y Estatal de Salud y de los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, que nos permita tener un panorama más amplio en materia social y nos ayude a valorar la integración una política pública de salud más cercana a la gente.

El trabajo se compone en tres partes: se inicia abordando los antecedentes de las políticas públicas en materia de salud en México. En la segunda parte se describen las características de relación entre los diferentes Planes Nacionales y Estatales de Salud y de Desarrollo. En la tercera parte, se mencionan los principales beneficios contemplados en la Ley de Salud del Estado de Yucatán. Se finaliza el ensayo señalando algunas de las debilidades del concepto social de la salud en Yucatán que para mí son consideradas como áreas de oportunidad para poder avanzar en los sistemas de salud en nuestro estado.

1. Antecedentes de las políticas públicas en materia de salud en México.

Las políticas públicas en materia de salud en México tienen su antecedente en el Porfiriato (1876-1911), cuando el gobierno federal centralizó las funciones de este rubro a través del Consejo Superior de Salud, dependiente del Ministerio del Interior, e implementó una serie de políticas y programas dirigidos a las zonas urbanas del país.[1] Más tarde, en 1891, el Congreso federal inició la legislación de salud e higiene con la aprobación del Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos. Pero fue hasta 1934, durante el cardenismo, cuando se sentaron las bases institucionales del actual sistema de salud. En estos años se crearon diversas instituciones, tales como la Secretaría de la Asistencia Pública y los servicios médicos rurales cooperativos, y se elaboraron los primeros proyectos para la Ley de Seguridad Social. Asimismo, se aprobó un presupuesto creciente para los proyectos de salubridad pública.[2]

La creación de instituciones del sistema de salud, iniciada por Lázaro Cárdenas, continuó durante las administraciones posteriores. Entre 1943 y 1946, durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, se fundaron el Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Cardiología y el Hospital de las Enfermedades de la Nutrición, instituciones que recibieron apoyo legal y financiero, e incluso cierta autonomía frente al Estado. Asimismo, se impulsó a los centros de investigación en materia de salud.[5] Sin embargo, las instituciones más importantes del sexenio de Ávila Camacho fueron la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Éstas serían la base de dos modelos paralelos de atención a la salud: el de la Secretaría, orientado a la población en general, y el del IMSS, destinado a los trabajadores que tienen una relación laboral formal. De esta forma, el Estado cumplió su compromiso de proveer servicios básicos de salud a la mayoría de la población, pero, al mismo tiempo, se conformó un sistema cuya dinámica se centró en brindar atención a determinados grupos organizados a cambio de apoyo político.[6] Las medidas de austeridad del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz contribuyeron a que su gobierno no otorgara un lugar central a la política de salud para la población mexicana. Como explica Santiago Zorrilla, Díaz Ordaz simplemente siguió el curso ya trazado en sexenios anteriores y, de hecho, redujo la inversión pública federal destinada a este sector.[10] Sin embargo, Ruiz Cortines tuvo cierto interés por los niños víctimas del abandono y la desnutrición, por lo que implementó las jornadas en Pro de la Niñez y el Congreso Nacional de Protección a la Infancia.[11]

En la década de los ochenta se reformó el sistema de salud, en parte como respuesta a la crisis económica, y se propuso, por primera vez, integrar las diversas instituciones en un Sistema Nacional de Salud. Sus bases políticas e ideológicas fueron elevadas a rango constitucional en 1983, mediante la modificación del artículo 4° que estableció el derecho a la protección de la salud.[13] Un año después se implementó la Ley General de Salud (LGS), la cual contiene los fundamentos del Sistema Nacional de Salud, define las bases y modalidades de acceso a los servicios correspondientes y fija los lineamientos de acción para los programas públicos. A pesar de estas reformas, el Sistema Nacional durante el gobierno de Miguel de la Madrid, caracterizado por una importante participación estatal en la provisión directa de servicios a través de una gran variedad de instituciones semiautónomas, trabajó de manera desarticulada, lo que le restó eficacia.

El presidente Carlos Salinas de Gortari impulsó un proceso de coordinación funcional entre las instituciones del sistema, las cuales tenían que evitar la duplicidad de funciones e incrementar la participación de los sistemas locales y de la propia comunidad.[14] Salinas retomó el Programa Nacional de Salud del Presidente De la Madrid y definió los siguientes objetivos: sumar esfuerzos interinstitucionales para desarrollar programas conjuntos e incrementar

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