Condiciones Para El Acceso Universal A La Salud En América Latina: Derechos Sociales, Protección Social Y Restricciones Financieras Y Políticas
Enviado por cornejonadia • 16 de Marzo de 2014 • 1.316 Palabras (6 Páginas) • 562 Visitas
Las desigualdades son diferencias entre grupos de la población que son injustas, evitables e innecesarias. Cuando se habla de la igualdad de acceso a los servicios para quienes posean iguales necesidades, independientemente de sus ingresos y de su capacidad de pago, está íntimamente relacionada con la vigencia de los principios de solidaridad, universalidad y equidad. Lo que es la distribución del ingreso, los efectos distributivos de la política económica, la generación de empleo de calidad, todos ellos influyen de manera determinante en la calidad de las condiciones de vida y, por lo tanto en el disfrute de la salud, que excede largamente las políticas sectoriales.
Se habla de que para poder actuar sobre los determinantes y propiciar sinergias entre diversas políticas, es necesario incorporar estrategias intersectoriales en un entorno macroeconómico estable y propicio al crecimiento y a una mejor distribución de los frutos del desarrollo. También, las acciones intersectoriales pueden retroalimentar favorablemente la dinámica del sector planteando nuevos retos.
Para que exista la equidad es necesario trabajar simultáneamente en las áreas de gestión, financiamiento, aseguramiento y prestación de servicios.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, para fortalecer y expandir el aseguramiento de los riesgos de salud y alcanzar niveles más elevados de solidaridad es central la integración del financiamiento de los sistemas. Por otra parte, se requieren políticas de salud pública, entre las que se destacan la expansión de la atención primaria y una adecuada coordinación de servicios descentralizados que incluya la compensación de brechas entre regiones. Si bien los países de la región presentan diversas formas y grados de interrelación entre el financiamiento contributivo y no contributivo en salud, una mayor integración entre la seguridad social y el sistema público permite mayores sinergias.
Dentro de las tendencias del gasto en salud no escapa a las restricciones fiscales y contributivas. Ha aumentado de manera sostenida pero moderada. El gasto público total de los países de la región, se incrementa moderadamente en una década y media, pero su peso sufrió ciertas disminuciones. Visto a la luz de la volatilidad del crecimiento económico, el gasto en salud ha sido muy pro cíclico. Cuando acontecieron crisis económicas en los períodos 1994-1998 y 2001-2003, fue muy vulnerable. El gasto público en salud es levemente progresivo, los sectores de menores recursos se benefician más de la atención primaria y ambulatoria, indicando la mayor cobertura y el acceso muchas veces gratuito a este tipo de servicios. La atención hospitalaria es más regresiva. Las personas desprovistas de aseguramiento y sin mayor acceso a servicios de salud tampoco tienen capacidad de pago para cubrir al menos algunas de sus necesidades, como parece indicarlo el alto gasto reprimido de bolsillo en salud en la región.
Dentro de los Derechos sociales, sus garantías y su judicialidad, la ciudadanía política y civil, coinciden en grandes rasgos con los derechos a la representación y a la participación, definen modalidades de acción y de comportamiento, pero no atribuyen medios a cada uno para lograr sus propios fines, son indispensables para controlar el cumplimiento de las obligaciones que emanan de los derechos sociales. Pero la social, por otra, tiene supuestos, lógicas y formas organizativas distintas, es interdependiente de la economía. La exigibilidad de los derechos sociales, económicos y culturales es la de incrementar en el tiempo y requiere perfeccionar instituciones, ampliar la provisión de recursos y avanzar en la redistribución e inclusión sociales.
Los instrumentos jurídicos pueden contribuir a que la sociedad asuma como propios los valores de la solidaridad y reciprocidad, pero no debe sobredimensionarse la judicialidad de los derechos sociales.
La CEPAL ha realizado una importante reflexión acerca de las garantías relacionadas con los derechos sociales, y de las garantías políticas asociadas.
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