Presupuesto.

Presupuesto

Las personas en situación de vulnerabilidad (I) representan el 37.9% de los 112.3 millones que en 2010 habitaban el país, mismos que en el año 2000 ascendían a 31.4 millones de personas, es decir, 32.3% de los 97.5 millones de habitantes de ese año. La atención a los grupos más vulnerables de la sociedad se realiza a través de la asistencia social, con acciones dirigidas a brindar protección a quienes no están cubiertos por sistemas de seguridad social ni cuentan con los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas (alimentación, salud, educación y vivienda).

En el umbral del siglo XXI se crea la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en la Cámara de Diputados (2000); la Comisión Ciudadana de Estudios Contra la Discriminación (II) (2001); y el Congreso de la Unión aprueba la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003), que dio origen al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) como el Órgano de Estado responsable de prevenir y eliminar esta conducta. Hasta 2009 es cuando la Cámara de Diputados etiqueta en los anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) los recursos a los programas para la atención a los grupos vulnerables, los cuales se distribuyeron en varias secretarías (III). En 2009 se destinaron 17,731.7 millones de pesos en 23 programas; en 2010 se otorgaron 18,457 millones de pesos para 24 programas y para 2011 se aprobaron 19,235.2 millones de pesos en 28 programas para atender a este sector de la población.

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Para 2011, los recursos aprobados para atender a los grupos vulnerables en el anexo del PEF representan el 1.1% con respecto a los recursos destinados a la función de Desarrollo Social. Durante los tres primeros meses del año en curso los recursos ejercidos para atender a grupos vulnerables ascendieron a 5,214.3 millones de pesos, monto que representa un avance de 27.1% con respecto a los recursos aprobados en el Anexo por 19,235.2 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2011.

Si bien México ha avanzado en la identificación y atención de los grupos vulnerables, las acciones emprendidas no han sido suficientes para crear condiciones necesarias para superar los obstáculos que impiden a estos sectores de la población alcanzar un desarrollo con independencia y plenitud. A pesar de que la SHCP incorporó en el Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 2011 las erogaciones correspondientes al Anexo para la atención a grupos vulnerables, la información es limitada, dispersa y confusa, lo que impide llevar a cabo un análisis preciso y detallado sobre los recursos destinados a estos programas. Asimismo, esta falta de información no permite llevar a cabo un seguimiento oportuno para verificar la correcta aplicación de los recursos públicos en la atención a estos grupos en situación de vulnerabilidad y así conocer el impacto social que este gasto tiene sobre este segmento de la población (IV).

Donativos (V)

En 2008 la ASF identificó 13 grandes Áreas de Opacidad y Riesgo, entre las cuales se encuentran los Donativos y Fideicomisos. Para atender esta problemática se requiere de acciones concretas para ajustar políticas públicas (seguimiento y sanciones por parte de la Secretaría de la Función Pública), avanzar en reformas legislativas (Ley de Sociedades Mercantiles y Secreto Fiscal) revisar normas y procedimientos (Reglas de Operación).

p.44En lo referente a los recursos aplicados a Donativos, se carece de criterios para acotar la discrecionalidad en su otorgamiento, evaluar el impacto social de los beneficios, verificar su aplicación y cuantificar su contribución a los objetivos institucionales. La norma presupuestaria para los donativos es laxa en los procesos de otorgamiento, control y seguimiento, lo que resta transparencia a la asignación y manejo de los recursos públicos. El entramado institucional presenta vacíos jurídicos en los ordenamientos actuales; discrecionalidad en las partidas y capítulos a través de los cuales se otorgan los donativos (por programas con reglas de operación, adjudicación directa y licitaciones); dispersión, ausencia de homologación en reglas de operación para donativos y fideicomisos; la falta de obligatoriedad en la Cuenta Pública para rendir cuentas en estos rubros; y la no aplicación de sanciones penales por manejo de recursos en materia social. Se requiere reorientar el gasto para garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas del gasto público y de esta forma asegurar que los recursos destinados a garantizar el bienestar de la población se distribuyan de forma eficiente y equitativa.

Fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos

Estos instrumentos financieros aún contienen un alto grado de opacidad en la Administración Pública Federal, ya que en la Cuenta Pública sólo se reportan aquellos que son considerados como entidades paraestatales. De igual forma, la legislación y normativa correspondiente es ambigua cuando se trata de aquellas figuras jurídicas constituidas por los Poderes Legislativo y Judicial y por los organismos públicos constitucionalmente autónomos, en virtud del secreto fiduciario y de la autonomía que les confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A pesar de que se ha avanzado en la reducción, registro y control del número de fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos, aún persiste en ellos un alto grado de opacidad, y se continúan manejando montos importantes de disponibilidades de recursos públicos, mismas que en 2007 ascendían a 327,074 millones de pesos. De igual forma, se ha observado que no se cuenta con un adecuado seguimiento global de los recursos federales aportados a estos instrumentos, ni de su reintegro al erario, cuando estas figuras son extinguidas o canceladas, así como su falta de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización superior, toda vez que su ejercicio no se reporta correctamente en la Cuenta Pública.

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Donativos de recursos públicos. En los presupuestos de diversas dependencias y entidades de la dministración pública existen partidas de gasto público destinadas a transferir recursos, con carácter de donativos, a distintas figuras jurídicas, como son las instituciones de asistencia privada; fondos y fideicomisos; organizaciones no gubernamentales; asociaciones civiles; sindicatos; instituciones académicas; y entidades federativas y municipios, entre otras. Al no estar regulados los procesos de aprobación, otorgamiento, aplicación y comprobación

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