Principio de la Decadencia de la Voluntad.

Principio de la Decadencia de la voluntad

(848) A partir del comienzo del presente siglo se observa un movimiento en contra del principio de la autonomía de la voluntad como único fundamento del contrato, no solo por las limitaciones que la ley impone a la libertad de las partes, sino inclusive en sus fundamentos filosóficos.

El principio de la autonomía de la voluntad se fundamenta en la idea de que el hombre es libre y que en ejercicio de esa misma libertad puede limitarla, creando obligaciones a favor de terceros mediante la manifestación libre de su propio querer. Sin embargo, se ha observado atinadamente que el hombre vive en sociedad, lo que crea necesariamente relaciones de interdependencia entre sus distintos miembros. Además, no existe la “Libertad” como un concepto general y autónomo, sino distintas libertades individuales: libertad de ejercer una profesión, libertad de trabajar, libertad de ejercer una industria, comercio, libertad de transitar, y entre ellas la libertad de contratar. Como contrapeso a esas libertades individuales existen derechos subjetivos de las demás personas. Entre todas esas distintas libertades existe una jerarquía, que viene determinada por la interdependencia entre los diversos miembros de la sociedad, de manera que al ejercer una de esas libertades no se lesionen los derechos y libertades de los demás miembros de la sociedad. Es precisamente el derecho objetivo el que va a determinar esa jerarquía y esos límites. En consecuencia, la autonomía de la voluntad es el fundamento de la fuerza obligatoria del contrato en la medida en que la ley lo permita.

Desde otro punto de vista no puede desconocerse la desigualdad social y económica entre las distintas personas, naturales y morales, que desarrollan sus actividades en la sociedad.

El derecho objetivo tiene que establecer un equilibrio jurídico entre esas fuerzas, apareciendo así la noción del débil jurídico, a quien el derecho objetivo debe proteger frente a los más poderosos. Surgen así nuevas ramas del derecho que tienden a la protección de ciertos sectores, como Derecho del Trabajo, el Derecho Agrario, el Derecho Inquilinario. La excesiva protección y regulación de ciertos “débiles jurídicos” producen en la practica la aparición de sectores que para poder sobrevivir desconocen la aplicación de las normas, inclusive de aquellas que deberían protegerlos. Nace así lo que se denomina entre nosotras el sector informal de la economía.

La desigualdad entre las partes contratantes es a veces evidente, y no necesariamente perjudicial para una eficiente y equitativa distribución de los bienes. Hoy en día la mayoría de los contratos no se celebran entre personas naturales, sino entre personas morales, o entre estas y personas naturales. Desde el punto de vista económico es deseable que la organización más eficiente, (mejor organizada, con mejores fuentes de suministro, con personal más capacitado) pueda actuar con libertad y acceder a todos los mercados. Esto justifica plenamente la existencia de una serie de empresas poderosas que para operar requieren contratos uniformes, mediante los cuales pueden imponer sus estipulaciones a la otra parte contratante. En el contrato de adhesión una de las partes impone el contenido del contrato; la autonomía de la voluntad de la otra parte está limitada a aceptar o no el contrato que se le presenta. Para evitar el abuso, aparece el derecho de los consumidores (Ley de Protección al Consumidor); y la doctrina y la jurisprudencia estudian y amplían el concepto de las cláusulas abusivas y su eventual declaratoria de nulidad.

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