Principios Del Juez

EL DERECHO A LA DEFENSAAnte el derecho que asiste al Estado de abrir el proceso penal e imponer la sanción que corresponda a quienes infrinjan las normas de convivencia social obligatorias, esto es frente al ejercicio de la acción pública acusatoria, el ordenamiento jurídico reconoce la existencia de otro derecho que tiende al equilibrio procesal; el derecho del acusado a tener una defensa adecuada a la acción que atenta contra sus bienes, entre ellos el más preciado: su libertad.

La defensa constituye un factor que legitima tanto la acusación como la sentencia que sanciona penalmente. Así se convierte en una garantía para una correcta administración de la justicia, puesto que es de interés de la sociedad que todo proceso sea decidido correctamente.

El derecho a la defensa es garantizado por la Constitución. Su respecto es uno de los "pilares indispensables" (26) para la correcta administración de la Justicia. Además del texto constitucional es necesario tener en cuenta los artículos 14 y 9 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966 y de los artículos 8 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 22 noviembre de 1969, que son normas de derecho interno dominicano, los cuales presiden la interpretación del artículo citado de la norma fundamental (27) y a la vez delimitan el ámbito de sus preceptos.

El derecho a la defensa se fundamenta en el principio de contradicción que es de la esencia de todo proceso. El proceso penal de los países democráticos exigen que no puede existir imputación o acusación sin que se garantice simultáneamente el derecho a la defensa. La confrontación entre la acusación y su antítesis que es la defensa es el único medio posible para alcanzar la verdad material en el caso juzgado, que es el fin principal del proceso penal y que a la vez debe encontrar su expresión en la sentencia.

Existe generalizado reconocimiento que toda persona, antes de ser sancionada penalmente, tiene derechos a un procedo previo en el que se encuentran garantizados los siguientes principios:

La intervención de un órgano jurisdiccional (28) previamente instituido por la ley para juzgar una categoría de ilícitos o personas, designado de acuerdo a derecho y que actúa en forma independiente (29) e imparcial.

Tal garantía implica que, el órgano judicial ha de preexistir al acto punible, ha de tener un carácter permanente, dependiente del Poder Judicial, y creado mediante ley, con competencia exclusiva, indelegable y universal para juzgar el hecho en cuestión.

Supone también, una implícita prohibición de crear organismos ad-hoc o post-facto; tribunales o comisiones especiales para juzgar los actos punibles, sin atender a la naturaleza del acto un al tipo de persona que lo cometa. El juez natural ha de tener un carácter previo y permanente.

Este principio funciona como un instrumento necesario de la imparcialidad y como una garantía frente a la posibilidad de la actuación de los poderes del Estado en perjuicio de los ciudadanos. (30) (Ver anexo 1).

La garantía del juicio consiste en que el Juez natural no puede imponer una pena sin que se haya realizado un proceso que culmine con una declaración

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