Psicologia

Taller pedagógico Modelo de formación ciudadana.

Objetivo. Reflexionar sobre el modelo de formación ciudadana

Pasos.

1. Pedir a los estudiantes que se distribuyan en grupos, según el número de participantes.

2. Entregar a cada grupo un caso (ver ejemplos).

3. Pedir a cada grupo que lea y resuelva las preguntas alrededor del caso.

4. Una vez los grupos han leído y resuelto las preguntas, hacer una plenaria en la que los estudiantes reflexionen acerca de los pasos analizados en cada caso.

5. A partir de dicha reflexión el profesor explica y analiza con los estudiantes cada etapa del modelo, sus objetivos, sus alcances y su contenido.

A continuación se pueden observar algunos casos ejemplo para que el profesor organice los suyos, acorde a la realidad de la organización, las características de los estudiantes o de los beneficiarios para que el ejercicio sea más significativo para todos.

Caso No. 1.

1. Conozcan la realidad.

El conocimiento de la realidad, en tanto cercana, debería volverse una necesidad de vida para cada uno de nosotros.

a. Lean la siguiente noticia:

Archivo | El general Óscar Naranjo reiteró que las autoridades no han bajado la guardia en materia de seguridad.

En materia de seguridad, general Naranjo dijo que la realidad y la percepción están distantes

Redacción elcolombiano.com | Publicado el 5 de julio de 2011

El director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, reconoció que una tarea pendiente de las autoridades es acercar la realidad con la percepción que tienen los ciudadanos en materia de seguridad.

El oficial dijo que cuando la realidad y la percepción son distantes es porque "algo estamos haciendo mal los líderes que no logramos impactar bien a la sociedad".

En diálogo con Caracol radio y televisión, el general Naranjo no desconoció la preocupación de las autoridades por el incremento de los asesinatos colectivos en el país. "Se da en áreas rurales, algo estamos haciendo mal en la policía para ejercer control territorial".

Así mismo reconoció que a finales del 2010 hubo un incremento del secuestro, pero afirmó que en 2011 la cifra no ha tenido aumento.

b. Comenten la lectura a razón de lo que conocen de la realidad en Bogotá

2. Cuestiónense la realidad.

Parte de asumir una ciudadanía critica está ligada a reconocer en primer lugar, que frente a un mismo hecho existen tantas apreciaciones como individuos opinen sobre él y en segundo lugar, que es importante reconocer que la diferencia existe como algo positivo y constructivo para las relaciones humanas y no humanas

a. Lean los siguientes artículos

1. Dos décadas de seguridad ciudadana: muchos menos homicidios, faltan gobiernos locales

ECONOMIA Y SOCIEDAD

Domingo, 03 de Julio de 2011

Hugo Acero Velásquez

Al pasar revista a la seguridad en Colombia durante los últimos veinte años, es un hecho que la violencia se ha reducido a la mitad, pero aún no se ha logrado migrar con éxito de seguridad del Estado a seguridad ciudadana, que requiere un más alto grado de coordinación entre autoridades civiles y Fuerzas Armadas a nivel local.

1991, 1886

La Constitución de 1991 sentó las bases para transformar el manejo del orden público que, en perspectiva, debió haber hecho el tránsito de seguridad del Estado a seguridad ciudadana dentro del marco del Estado Social de Derecho. En lo legal y en lo institucional, este proceso tuvo su mayor avance durante los 90, pero veinte años después dista mucho de haberse completado.

Debo aclarar que el concepto “seguridad ciudadana” como tal no aparece en la Constitución del 91. De hecho esta mantiene la concepción tradicional de orden público, aunque menos restrictiva de las libertades que la adoptada al amparo del Estado de Sitio que preveía la Constitución de 1886 -un instrumento central de gobierno durante casi toda la segunda mitad del siglo XX que a menudo permitió al Ejecutivo pasar por encima del Congreso y restringir derechos y libertades, mediante leyes supuestamente “tem­porales”.

Gaviria: mejora la coordinación local

Con la nueva Constitución, la responsabilidad civilista en cabeza del presidente por “preservar y restablecer el orden público donde fuere turbado” se extendió a las autoridades civiles locales, los gobernadores[1] y los alcaldes [2], en un proceso de delegación y no de descentralización, en tanto que “…los actos y órdenes del Presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los de los gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes” [3].

Este impulso civilista, contrario al carácter militar, policivo y restrictivo del manejo del orden público propio de la constitución del 86, reafirmado al nombrar un ministro de Defensa civil, llevó al gobierno Gaviria a elaborar y a poner en ejecución la Estrategia Nacional Contra la Violencia, el primer documento de política de Estado en materia de seguridad, hasta ese momento, que contemplaba la participación activa de gobernadores y alcaldes en la búsqueda de soluciones a los graves problemas de violencia y delincuencia que atravesaba el país y que se manifestaban en la mayoría de los departamentos y municipios.

Para dar cumplimiento a lo ordenado por la Constitución y facilitar el trabajo de gobernadores y alcaldes en materia de orden público, el gobierno Gaviria, sobre la base de la Ley 684 de 1991, expidió el Decreto 2615 de 1991 que reorganizó los consejos departamentales de seguridad y el consejo de seguridad del Distrito Capital, creó los consejos regionales de seguridad y los consejos metropolitanos de seguridad y facultó a los gobernadores para autorizar u ordenar la formación de consejos municipales de seguridad.

Este decreto fortaleció el manejo civilista del orden público local en tanto en cumplimiento de su obligación constitucional y legal, los alcaldes y gobernadores pueden ahora “citar” a los comandantes de la fuerza pública y demás miembros de los consejos, cuya asistencia es “obligatoria e indelegable” –una situación que hasta la fecha e infortunadamente no se cumple a cabalidad en la gran mayoría de departamentos y municipios[4].

Además de estos avances que impulsó la nueva Constitución y con una buena dosis de voluntad política, el gobierno Gaviria reformó y fortaleció la Policía Nacional, institución que a comienzos de los noventa registraba el más bajo nivel de confianza ciudadana y adolecía de problemas de corrupción; la Ley 62 de 1993, conocida como “la ley de la Policía” reafirmó el carácter civilista del manejo del orden público en cabeza de los alcaldes como jefes de policía y reconoció a los municipios como escenarios privilegiados de la planeación y ejecución de los planes de seguridad ciudadana, bajo el liderazgo del mandatario local.

Estas acciones dieron resultados tangibles en materia de reducción de la violencia: se pasó de una tasa de 75 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1991 a 57 en 1998, como se ve en la siguiente gráfica:

Una parte importante de estos logros se debió a los esfuerzos de los alcaldes de Cali, Medellín y Bogotá, quienes sobre la base de la Constitución del 91 asumieron sus responsabilidades en materia de seguridad, elaboraron y ejecutaron planes integrales y obtuvieron importantes resultados en materia de reducción de la violencia homicida. En 1991, las tres ciudades concentraban el 47 por ciento de los homicidios que ocurrían en el país y en 1998 esta cifra se redujo a 32 por ciento.

Pastrana: Armarse para la paz

Entre 1999 y 2002 la violencia homicida volvió a crecer hasta una tasa de 64 homicidios por cada 100.000 habitantes. Durante estos años el gobierno de Andrés Pastrana dedicó sus mayores esfuerzos a negociar la paz con los grupos guerrilleros, en especial con las FARC.

En materia de seguridad debe reconocerse que Pastrana tuvo el logro político de desprestigiar a las FARC tanto dentro como fuera del país, acompañado de un importante fortalecimiento técnico y humano de las Fuerzas Armadas y el inicio de la acción militar contundente en contra de las guerrillas, desde febrero de 2002, cuando se rompió el proceso de paz con las FARC, condiciones éstas que permitieron el mejor desempeño del gobierno siguiente.

Uribe: Reducción de violencia y de amenaza guerrillera

Entre 2003 y 2009, el presidente Uribe asumió el papel de comandante y jefe de las Fuerzas Armadas que confiere la Constitución de 1991 al primer mandatario y lideró la política de Seguridad Democrática, cuyos resultados fueron muy notables, particularmente en reducir la violencia homicida: pasó de una tasa de 64 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2002 a 37 en el 2010, además de reducir sensiblemente la amenaza guerrillera.

Manejo civil, pero centralizado

Con todo y estos logros de reducción de la violencia durante los últimos 20 años, puede asegurarse que desde 1994 no se ha tenido en cuenta a los alcaldes y gobernadores como corresponsables de la seguridad, como lo establece la Constitución, a pesar del esfuerzo importante pero aislado que ha venido realizando la Policía Nacional desde el año 2004 con el Programa Departamentos y Municipios Seguros y que busca que todos

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