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Venezuela aparece en el puesto 114 (entre 169 países) respecto a la libertad de prensa, según la ONG de origen francés Reporteros Sin Fronteras (la cual, por otra parte, recibe financiamiento del Center for a free Cuba y del International Republican Institute.

La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión en el marco de la Revolución Bolivariana ha estimulado un amplio debate en Venezuela acerca de la libertad de expresión y de ejercer el periodismo. Fue establecida en 2003 por el órgano regulador gubernamental CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones), e involucra la censura radiofónica y televisiva de una amplia gama de contenidos, como los de naturaleza violenta y sexual. No obstante, la ley incluye otros artículos que han sido objeto de una aguda controversia política. La oposición afirma que el gobierno está tratando de ampliar su rol respecto del control de las transmisiones a través de la ley, y lo acusa de estar restringiendo la libertad de expresión por debajo de los estándares internacionales tolerados, generando efectos negativos (como el malestar de la prensa y algunos casos en que se ha llegado hasta la autocensura). De acuerdo a la ley, las estaciones de radio y televisión podrían ser penalizadas por mostrar noticias de conflictos internos antes de las 20:00 horas, “haciendo necesario para ellos presentar una versión ‘saneada’ de las noticias durante el día”.3 Aún más, la “legislación contra insultos”, como Human Rights Watch denomina a los artículos 115, 121 y 125 de la ley, podría resultar según esa organización en una abierta censura política a la libertad de expresión.

El caso de RCTV

En mayo de 2007, las controversias acerca de la libertad de prensa se exacerbaron aún más con la no renovación de la concesión por señal abierta de Radio Caracas Televisión (RCTV). Un posterior artículo de Reporteros sin Fronteras declaró que “RSF condena la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de no aceptar la apelación de RCTV ante la pérdida de su licencia como inadmisible”. El presidente Chávez ya había dicho el 28 de diciembre de 2006 que él se opondría a la renovación de la licencia de transmisión de ese canal, acusándolo de haber apoyado el momentáneo golpe de estado que lo derrocó brevemente el 11 de abril de 2002. La apelación, lanzada el 9 de febrero de 2007, fue rechazada el 18 de mayo, poniéndole así un freno a cualquier debate posterior al respecto. De acuerdo al gobierno de Chávez, la licencia expiró el 27 de mayo de 2007, y no lo hará en 2022 como alegaba RCTV. No obstante, sin esperar a esa fecha o a una decisión al respecto por parte de la Corte Suprema de Justicia, el presidente ya el 11 de mayo había firmado un decreto en el que asignaba la frecuencia del canal 2 a un nuevo canal gubernamental llamado TVES (Televisora social).4 La acción gubernamental ha generado protestas políticas y algunas manifestaciones estudiantiles desde entonces. RCTV volvería a la pantallas a través de la televisión por cable, en julio de 2007, bajo el nombre de RCTV Internacional. A principios de 2010, por una violación a la ley RESORTE, el gobierno ordenó la suspensión de la señal de RCTV en los cable operadas del país. pero en junio del 2010, retornó la señal de RCTV en los sistemas de satélites y el mismo año empezó a emitir en internet;

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