QUE LA POLITICA SEA UNA CARRERA

La geopolítica latinoamericana cuenta en la actualidad con cambios sustanciales en lo sociopolítico, que han generado acontecimientos de gran impacto en nuestras sociedades, llevando al poder político de varios Estados de la región, presidentes y presidentas con corrientes progresistas y anti-hegemónicas, que necesariamente han tenido la obligación de transformar y adaptar el ordenamiento jurídico de sus respectivos países a los nuevos tiempos, abriendo caminos de participación ciudadana, que rompe con las políticas de dominación impuestas por los países globalizadores de aquella famosa democracia solamente representativa.

Dichos cambios político-jurídico-sociales, inmediatamente generaron la necesidad de desarrollar un marco legislativo ajustado al nuevo orden constitucional, en completa coherencia con los instrumentos internacionales de derechos humanos, los cuales pasaron por sus respectivos procedimientos administrativos de aprobación, contando con la consulta a los pueblos mediante referendos; mencionando a título de ejemplo los casos de Bolivia, Ecuador, Venezuela, y como olvidar el proceso que se estaba gestando en la hermana República de Honduras.

Ahora bien, el tema central del presente artículo es la participación de los profesionales del derecho o juristas en las transformaciones político-sociales en Latinoamérica, quienes tienen la tarea ardua de contribuir con sus conocimientos jurídicos a desarrollar e impulsar las políticas sociales, ajustadas a los principios constitucionales y legales, tomando como primicia los derechos humanos y la preeminencia de las personas ante lo material (bienes de uso y consumo), es decir, el deber del abogado perse sería ejercer la profesión con principios socio-humanos prevaleciendo del capital o las ganancias que pueda generar la controversia jurídica.

Todo ello viene dado, a esa errónea cultura jurídica por parte de algunas universidades que han ido formando a gran parte de juristas, (no generalizando, claro está) con la mentalidad de hacer y crear fortunas económicas, asumiendo casos o conflictos que requieren la intervención de un juez o tribunal para la solución de dicha controversia o cualquier gestión que requiera la participación de un profesional del derecho, olvidando, que el interés jurídico tutelado se torna sobre un ser humano.

Es bueno resaltar que, no se trata de criminalizar o criticar el ejercicio de los profesionales del derecho o juristas en la actualidad, para nada, es una profesión que cada quien puede ejercerla como mejor lo considere; lo que se pretende es sembrar un poco de conciencia ciudadana, estableciendo necesariamente criterios de reflexión de cómo abordamos los juristas los planteamientos que se suman a nuestras consideraciones y la manera de aplicar

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