Regulacion Privada

Estado frente a regulación voluntaria

En la actualidad, la "regulación" o la "desregulación" es un tema común de conversación. Los empresarios hablan de ella constantemente porque tiene un enorme impacto sobre sus actividades; de ella también se ocupan los grupos de presión; los programas de noticias de televisión la incluyen en sus espacios, y los individuos hablan sobre la influencia que ejerce en sus vidas privadas. Prácticamente todos los debates sobre temas de actualidad que se celebran en los medios de comunicación terminan haciendo sugerencias para establecer nuevas regulaciones. En general, por "regulación" se entiende los intentos que hacen los gobiernos, empujados por un sinfín de razones distintas, por imponer reglas a los demás, ya sea por vía legislativa o administrativa.

Las reglas son una parte fundamental de la vida. Pero hacerlas no es necesariamente una función del gobierno: pueden (y de hecho suelen) establecerse de forma voluntaria. En las democracias avanzadas de Europa Occidental y América del Norte, los acuerdos institucionales que rigen la conducta de individuos y organizaciones han evolucionado desde hace siglos a la luz de la experiencia.2 No sería posible vivir vidas relativamente ordenadas, tal y como hacemos, si las reglas que rigen nuestra vida y nuestras normas de comportamiento no hubieran surgido y se hubiesen ido convirtiendo en normas sociales a través de los años (algunas integradas, a posteriori, dentro de un marco de ley y orden).

Contrariamente a lo que dicen las teorías convencionales, la alternativa a la regulación estatal no es la ausencia de regulación, sino un amplio abanico de acuerdos voluntarios. En la práctica, se dan ambos tipos de regulación tanto en el Reino Unido como en otras sociedades democráticas, aunque, debido a la necesidad urgente de ofrecer soluciones instantáneas ante cualquier supuesta "crisis", la regulación estatal se impone sobre las soluciones voluntarias porque se da por supuesto que el estado siempre tiene en sus manos una solución que va a aportar más beneficios que costes, una idea que se encargan de defender muchos políticos de miras cortas.3 La experiencia nos enseña que esta presunción no está fundamentada. Una gran parte de la regulación estatal tiene consecuencias inesperadas: cuando una regulación no consigue los objetivos establecidos, de inmediato surge otra que supuestamente tendrá éxito. Así es como el estado regulador actúa, acumulando estratos de regulación cuyo efecto, entre otros, es la reducción de la transparencia democrática.

Este breve estudio analiza cómo surge la regulación estatal; evalúa los costes de la regulación, su incidencia en la actividad económica y los problemas que acarrea; también se recogen algunos ejemplos de regulación voluntaria; y concluye con algunas recomendaciones en un intento de ampliar el ámbito de estos medios voluntarios. Su intención es fomentar el debate sobre el alcance y el ámbito de actuación tanto del estado como de la regulación voluntaria.

2. Algunos problemas de principios

La regulación estatal adopta una gran variedad de formas, que van desde el extremo de la planificación central de la actividad económica, pasando por sistemas de planificación no coercitivos (la llamada "planificación indicativa"), hasta medidas encaminadas a mejorar el comportamiento del mercado, próximas al ideal de "competencia perfecta" que preconizaban los economistas neoclásicos. Los principios de la planificación económica, en cualquiera de sus múltiples variedades, han sido objeto de las críticas más duras. Además estas prácticas están muy desacreditadas debido a la experiencia de las economías planificadas de la Unión Soviética y de otros países.

A pesar de que la idea de "mejorar" el comportamiento del mercado haya merecido tantas críticas como las vertidas contra la planificación económica, este concepto sigue vigente en nuestros días. Se sigue recurriendo a ella para justificar la intervención del estado, por ejemplo a la hora de fomentar la salud y la seguridad, salvaguardar el medio ambiente, subvencionar la educación, mejorar la seguridad en el trabajo, establecer salarios mínimos, evitar la "explotación" del trabajador, y proteger a los inversores de sus propias decisiones.

En realidad, el establecimiento y el crecimiento de la regulación tienen poco que ver con estas ideas. Como resulta evidente, son antes que nada el resultado del comportamiento propio de buscadores de rentas que caracteriza a los grupos de presión y a los reguladores (ver Apartados 4 a 7, a continuación), sabedores de las ventajas que comporta la introducción y la expansión de la regulación estatal. Pero las justificaciones intelectuales que subyacen en la defensa de la regulación tienen bastante repercusión, ya que dan un barniz de respetabilidad a un proceso que casi siempre dista mucho de ser digno de respeto.

Los argumentos intelectuales, tal y como los expresan los economistas convencionales, suelen justificar la regulación estatal afirmando que se puede mejorar el comportamiento de un determinado mercado porque éste "falla", es decir no cumple los objetivos que dicta el "interés general". De esta forma, se afirma que el estado está obligado a intervenir para mejorar lo que debería ser sólo responsabilidad del mercado. Ahora bien, este concepto de "fallo del mercado" como fundamento teórico de una decisión política plantea un problema de fondo, al aceptar como medida de evaluación lo que estos economistas convencionales postulan como modelo a largo plazo de competencia perfecta.5 Como se trata de un estado idealizado que jamás existe en la práctica, el hecho de medir los mercados del mundo real según ese modelo condena una y otra vez al fracaso a todos los mercados, presentes y futuros. Por eso, el recurso al modelo del fallo del mercado conduce inevitablemente a fomentar una intervención cada vez más amplia del estado en todos los campos de la economía, no sólo porque sea cierto que existen problemas en el mercado, sino porque su comportamiento nunca estará a la altura de ese ideal inalcanzable. En realidad, muchos de estos "fallos" forman parte de los procesos normales del mercado, y no son desviaciones de una situación que habría de ser supuestamente emulada en la práctica.

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