Relación Entre Derecho Penal Y Derechos Humanos

Ante la coexistencia real, en la creación, interpretación y aplicación práctica del Derecho Penal venezolano, de una velada simbiosis entre -garantismo y eficientismo- por el cual si bien atendiendo al marco constitucional [artículo 23 de la CRBV] formalmente se pretende establecer un desarrollo armónico normativo, que atiende al respecto de los derechos humanos como un fin en sí mismo y como único mecanismo y requisito adecuado para alcanzar la meta de la justicia penal; frente a la exigencia social de reducir el delito, se viene apostando a la ampliación del ámbito de aplicación del derecho penal orientado al resurgimiento de la teoría del derecho penal del enemigo que encuentra en la agravación de la pena uno de sus mayores postulados y reduce al delincuente a la categoría de enemigo del Estado exento de derechos en resguardo del interés común, supuesto que no solo denota una doble moral JURÍDICA-SOCIAL, sino que deriva en la afirmación respecto a la existencia de una relación directamente proporcional entre el derecho penal y los derechos humanos en la teoría, pero inversamente proporcional en la práctica, por lo que analizando los escasos logros de la ampliación del espectro penal en la disminución del delito y reconociendo en la práctica la referida relación inversamente proporcional entre la aplicación del derecho penal y los derechos humanos, se evidencia en opinión personal la necesidad de un cambio de paradigma orientado ahora a reducir el ámbito de aplicación del sistema penal a través de la implementación de la mínima intervención necesaria que debe atender a requisitos esenciales de respeto de los derechos humanos en la ley penal como vía para sincronizar la teoría y la práctica.

En el análisis del tema asumen una trascendental importancia sincerar el discurso y reconocer que la aplicación del derecho penal involucra en esencia una restricción de los derechos humanos, por lo cual en la aplicación del derecho penal, considero que los derechos humanos se relacionan y representan una doble función, la primera vendría a ser una función negativa concerniente a los límites de la intervención penal -mínima restricción necesaria- y la segunda una función positiva, que trataría de la definición del objeto, posible (pero no necesario) de la tutela por medio del derecho penal, siendo que un concepto histórico-social de los derechos humanos ofrece, en ambas funciones, el instrumento teórico más adecuado para la estrategia de la máxima contención de la violencia punitiva, que actualmente constituye el objeto prioritario de una política alternativa del control social. En este orden de ideas, en una concepción altruista, los derechos humanos, asumen un contenido idéntico al de las necesidades reales históricamente determinadas; y se desprenden de aquí dos consecuencias: la primera es que una política de contención de la violencia punitiva es realista sólo si se la inscribe en el movimiento para la afirmación de los derechos humanos y de la justicia social, pues, en definitiva, no se puede aislar la violencia, concebida como violencia institucional, de la violencia estructural y de la injusticia de las relaciones de propiedad y de poder, sin perder el contexto material e ideal de la lucha por la transformación del sistema penal, reduciéndola a una batalla sin salida ni perspectivas de éxito. La segunda consecuencia es que las posibilidades de utilizar de modo alternativo los instrumentos tradicionales de la justicia penal para la defensa de los derechos humanos son sumamente limitadas lo que apunta a la necesidad de disminuir el ámbito de aplicación del sistema penal.

En consecuencia, refrendando en este momento a los fines académicos, una tesis eminentemente abolicionista del derecho penal, que asume la materialización de la relación inversamente proporcional, resumida en la máxima de que más derecho no es siempre mejor derecho, por lo

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