SEN No. 363 SPA Del 24 Marzo 2011 PROPORCIONALIDAD

Magistrada–Ponente: YOLANDA JAIMES GUERRERO

Exp. Nº 2009-0240

En fecha 31 de marzo de 2009, el ciudadano JESÚS MANUEL RODRÍGUEZ AZÓCAR, con cédula de identidad N° 4.043.202, inscrito en el INPREABOGADO bajo el número 73.802, actuando en su propio nombre, interpuso ante esta Sala recurso contencioso administrativo de nulidad contra la Resolución N° 01-00-000185 del 1° de diciembre de 2008, dictada por el CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, mediante la cual se le impuso al recurrente la sanción de “inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de QUINCE (15) AÑOS”.

El 1° de abril de 2009, se dio cuenta en Sala y se acordó oficiar a la Contraloría General de la República, a fin de solicitarle el correspondiente expediente administrativo.

En fecha 30 de abril de 2009, se ordenó agregar los “…recaudos y pieza N° 9 correspondiente al expediente administrativo de esta causa” remitido adjunto a Oficio N° 08-01-660 del 28 de abril de ese año y “por cuanto el resto de las piezas se encuentran agregadas al expediente N° 2008-0764, que cursa por ante el Juzgado de Sustanciación”, se ordenó formar pieza separada con los antecedentes recibidos.

El 12 de mayo de 2009, se pasó el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los efectos de la admisión del recurso interpuesto.

El 2 de junio de 2009, el Juzgado de Sustanciación admitió el recurso de nulidad y ordenó se practicasen las notificaciones de los ciudadanos Fiscal General de la República, Procuradora General de la República y Contralor General de la República. Asimismo, se ordenó librar el cartel al que se refiere el aparte once del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, aplicable ratione temporis.

Verificadas como fueron las notificaciones ordenadas, mediante diligencia de fecha 23 de septiembre de 2009, la parte actora retiró el cartel librado por el Juzgado de Sustanciación y el 29 de ese mes y año, consignó su publicación.

Posteriormente, el 19 de enero de 2010, se acordó pasar el expediente a la Sala, por encontrarse concluida la sustanciación de la causa.

El 26 de enero de 2010, se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha, se designó ponente a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO, fijándose el tercer (3º) día de despacho siguiente para comenzar la relación.

En fecha 2 de febrero de 2010, se dejó constancia del inicio de la relación de la causa y se fijó el acto de informes para el décimo (10°) día de despacho siguiente.

Luego de varios diferimientos, fue fijado el acto de informes para el 19 de mayo de 2010, oportunidad en la cual se dejó constancia de la comparecencia de las abogadas Rose Fátima Viloria Ortega y Linda Carolina Aguirre Andrade, inscritas en el INPREABOGADO bajo los Nos. 26.893 y 56.641, respectivamente, actuando en representación de la Contraloría General de la República, quienes consignaron su escrito de conclusiones.

Mediante Oficio N° FPTSJ-2010-30 del 19 de mayo de 2010, la abogada Eira María Torres Castro, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 39.288, en su carácter de Fiscala Provisoria de la Fiscalía Primera del Ministerio Público, designada para actuar ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena y ante las Salas Constitucional, Político-Administrativa y Electoral, presentó la opinión de ese Organismo, expresando que el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto debía declararse parcialmente con lugar.

En fecha 7 de julio de 2010, vencido como se encuentra el lapso para la presentación de informes, la causa entró en estado de sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

El 7 de octubre de 2010, la parte actora solicitó que se aceptara su escrito de conclusiones, pues, a su decir, el acto de informes “…fue adelantad[o] y no pudo enterar[se] de tal circunstancia…”.

Por auto de fecha 8 de febrero de 2011, se dejó constancia que en vista de la designación realizada por la Asamblea Nacional el 07 de diciembre de 2010, a la Doctora Trina Omaira Zurita, quien se juramentó e incorporó como Magistrada Principal de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 09 de diciembre del mismo año, la Sala quedó integrada de la siguiente manera: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Emiro García Rosas y Magistrada Trina Omaira Zurita.

Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, este Máximo Tribunal pasa a decidir, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

I

DEL ACTO IMPUGNADO

Mediante Resolución N° 01-00-000185 de fecha 1° de diciembre de 2008, dictada por el CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, se le impuso al ciudadano JESÚS MANUEL RODRÍGUEZ AZÓCAR, la sanción de “inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de QUINCE (15) AÑOS”, en los siguientes términos:

“REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resolución

N° 01-00-000185

Caracas, 01 DIC. 2008

CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI

Contralor General de la República

(…)

CONSIDERANDO

Que el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, vigente a partir del 1º de enero de 2002, establece que:

‘…Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable (…) e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años…’

CONSIDERANDO

Que mediante decisión de fecha 07 de abril de 2008,

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