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Acuerdo entre un país y sus fuerzas armadas- Colombia


Enviado por   •  21 de Noviembre de 2015  •  Documentos de Investigación  •  1.060 Palabras (5 Páginas)  •  164 Visitas

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ANALISIS DE LOS ACUERDOS ALCANZADOS ENTRE EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA-EJÉRCITO DEL PUEBLO, FARC-EP

SOBRE LOS PUNTOS 1 Y 2 DE LA AGENDA

Presentado por:

Nancy Losada Alvira.

En cumplimiento de lo establecido en el punto 3 del numeral VI del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, los delegados del Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP; tuvieron un Encuentro Exploratorio que tuvo como sede La Habana, Cuba, entre el 23 de febrero y  el 26 de agosto de 2012, quienes luego de varios meses de conversaciones han alcanzado una serie de acuerdos sobre los dos primeros puntos de la Agenda, los  cuáles  serán estudiados en el presente trabajo.

El 21 de junio y el 8 de diciembre de 2013 se dio a conocer  los  Informes Conjuntos sobre el primer y segundo punto de la Agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Para realizar el estudio de los acuerdos sobre estos dos primero puntos  de la Agenda,  es necesario tener en cuenta algunos factores abordados por Barrington Moore Jr. y Rudolf von Ihering.

ESTUDIO DEL ACUERDO SOBRE EL PUNTO 1 DE LA AGENDA: POLÍTICA DE DESARROLLO AGRARIO INTEGRAL

Función social

Con el primer punto del acuerdo se pretende garantizar el acceso integral a la tierra mediante la producción y distribución de bienes y servicios, lo cual es condición indispensable para garantizar bienestar a la población campesina, indígenas, negros, afro-descendientes, palenqueras y raizales y de la gente que habita en los espacios interétnicos e interculturales, además garantizar el  desarrollo eficiente de la producción y la provisión de bienes y servicios públicos como vías, salud, educación y agua potable.

Desigualdades sociales

El acuerdo busca disminuir la pobreza, cerrar la brecha que ha existido entre la ciudad y el campo y la desigualdad existente por la concentración de tierras improductivas que no cumplen con la función social establecida en el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia y por aquellas personas que tienen tierras que han sido adquiridas de forma ilegal.

Estatus social

Se puede inferir que en el acuerdo se hace referencia a los agroindustriales, terratenientes, ganaderos, campesinos, indígenas, negros, afrodescendientes, palenqueros y raizales.

Lucha por el derecho

Mientras que el Gobierno Nacional lucha por los derechos de los ricos agroindustriales, terrateniente y ganaderos; las FARC-EP lucha por el acceso a la tierra y formalización de la propiedad rural en beneficio de los campesinos sin tierra y de las comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono y el mismo conflicto.

Lucha contra el derecho

La lucha contra el derech que el acuerdo permite concluir, es la que se ha venido desarrollando desde hace muchos años en nuestro país en contra de los derechos, especialmente laborales, sociales, culturales y económicos de los campesinos y comunidades rurales más vulnerables y desfavorecidas.

Sentimiento jurídico contra la injusticia

Por un lado el Gobierno Nacional,  lucha contra la extorsión, el narcotráfico y los hurtos de los que han sido víctimas colombianos que cuentan con muchas propiedades rurales y las FARC-EP lucha contra la injusta distribución de tierras, la concentración de grandes extensiones de tierras improductivas y el difícil acceso a la justicia para los campesinos.

Construcción del derecho objetivo

Con el objetivo de garantizar la efectiva protección de los derechos de propiedad en el campo, se acordó la creación de una jurisdicción agraria que tenga cobertura y capacidad regional. Además, fortalecer mecanismos que garanticen el acceso ágil y oportuno a la justicia, en especial para los más pequeños e indefensos y  de esta manera sea también una garantía contra el despojo.

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