Analisis del caso Marbury vs. Marshall
Enviado por U27Karen • 10 de Junio de 2020 • Resúmenes • 326 Palabras (2 Páginas) • 198 Visitas
- John Marshall fue nombrado presidente de la Corte Suprema en enero de 1801. (esto lleva a que el 24 de febrero de 1803, con una opinión subjetiva a mi parecer, se emite la sentencia de que Marbury tiene derecho a su nombramiento y que la negativa a entregárselo constituye una clara violación de ese derecho frente a la cual las leyes brindan un remedio.)
- A menos de una semana para que terminara el mandato de Adams, el Congreso legisló la creación de cuarenta y dos cargos de jueces de paz. (esto da pie a que inicie el proceso que llevara al caso)
- El presidente Adams nombró gente para llenar esos cargos, y sus nominaciones fueron confirmadas por el Congreso y selladas sus designaciones. (si hubiese nombrado a otras personas tal vez no se daba el caso)
- En algunos casos, Marshall (como secretario de Estado) no hizo a tiempo de mandar las designaciones a sus titulares, antes del cambio de mandato. (si Marshall completaba el envió de todas las designaciones el caso no ocurría)
- La administración de Thomas Jefferson decidió no reconocer las designaciones no enviadas por la administración previa. (si este no se oponía a enviarlas, no se producía el caso)
- William Marbury al no recibir su designación, decidió, junto con otros colegas, acudir directamente a la Corte Suprema para exigir que el secretario de Estado del presidente Jefferson, James Madison, enviara los nombramientos correspondientes. (si Marbury no acudía a la Corte Suprema tal vez, esas designaciones faltantes no llevaban a tal conflicto).
Según la Corte Suprema, Marbury si tiene derecho al nombramiento que demanda ya que cuando un nombramiento ha sido firmado por el presidente designado y sellado por el secretario de Estado; la designación debe considerarse hecha. Y a su vez, como la ley le da al funcionario el derecho de ejercer el cargo en forma independiente de poder Ejecutivo, el nombramiento es irrevocable por conferir al funcionario designado derechos legítimos que están protegidos por las leyes de Estados Unidos.
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