CAMBIO DE SAGARPA A SEDATU

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

GACETA PARLAMENTARIA. 15 de noviembre de 2012.

Extracto de la Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del Diputado José Sergio Manzur Quiroga y suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM.

Las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 77, numerales 1 y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a la consideración del Pleno iniciativa con proyecto de decreto con arreglo a la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Introducción

Al iniciar todo período de gobierno, es óptimo que el primer asunto a definir sea el de la estructura de la Administración Pública Federal con la que dicho gobierno pretenda impulsar sus políticas públicas y compromisos. Es por ello que quienes presentamos esta iniciativa tenemos el propósito de efectuar cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal antes del 1o de diciembre de 2012, a fin de que a partir de esa fecha el gobierno pueda contar con las dependencias que le permitan desde un principio cumplir debidamente con sus objetivos prioritarios.

A lo largo de las últimas décadas, desde la última reforma administrativa de 1976, resulta hoy evidente la necesidad de transformar de manera integral la funcionalidad de la Administración Pública Federal, tanto para categorizar adecuadamente a los organismos vigentes en los ámbitos centralizado, desconcentrado y paraestatal, como para redefinir múltiples procesos y mecanismos de decisión del gobierno. Con independencia del trabajo a realizar en el futuro para llevar a cabo dichas adecuaciones, la presente iniciativa constituye un primer paso relevante que permitirá al nuevo gobierno llevar adelante su gestión sustentada en la configuración de un gobierno debidamente coordinado, eficaz y orientado a resultados.

II. Propósitos

Una reforma que beneficia a todos. Eficacia ante compromisos prioritarios

Más allá de ser un conjunto de cambios a estructuras y órganos de la Administración Pública Federal, la presente iniciativa tendrá impacto directo en beneficio de todas las mexicanas y los mexicanos, mediante la búsqueda de cinco objetivos prioritarios:

a) Garantizar la permanente y sólida coordinación del gabinete, así como el seguimiento puntual de sus políticas, para que éstas se orienten siempre a consolidar una administración eficaz y enfocada a resultados;

b) Generar un nuevo esquema de organización institucional para garantizar la seguridad interior del país y la debida protección de sus habitantes;

c) Dar un impulso integral al sentido de las políticas sociales, mediante el planteamiento de una estrategia que, además de continuar combatiendo la pobreza, se ocupe de generar mejores mecanismos de integración entre mexicanas, mexicanos y sus grupos diversos, a fin de consolidar una sociedad plenamente incluyente y sin discriminación;

d) Propiciar condiciones de armonía y orden en el desarrollo territorial del país, para su aprovechamiento óptimo y generación de bienestar y vida digna en todos sus ámbitos: agrario, urbano, ejidos y comunidades, centros de población en general, ciudades, áreas metropolitanas y desarrollo regional y de vivienda; y

e) Diseñar un nuevo sistema de control gubernamental que, a la vez de vigilar la correcta gestión y manejo de recursos, estimule prioritariamente el carácter preventivo, así como la calidad y agilidad del desempeño público eficaz, transparente y con honradez.

Con base en lo anterior, esta iniciativa propone los cambios siguientes en la estructura de la Administración Pública Federal:

a) Reformas a las atribuciones de la Secretaría de Gobernación para que lleve a cabo funciones de coordinación del gabinete, por acuerdo del presidente de la República;

b) Desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que las tareas en esta materia, de Policía Federal, así como las del sistema penitenciario federal y de prevención del delito se transfieran para su coordinación a la Secretaría de Gobernación;

c) Reformas a la Secretaría de Desarrollo Social para trabajar en el combate a la pobreza y a favor de los derechos de diversos grupos, para consolidar así una sociedad plenamente incluyente y sin discriminación;

d) Creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tomando en cuenta diversas atribuciones tanto de la actual Secretaría de la Reforma Agraria, así como de la Secretaría de Desarrollo Social en materia de desarrollo urbano, regional y de vivienda;

e) Creación de un nuevo régimen de control gubernamental, a través de la consolidación de unidades de auditoría preventiva en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con distribución de facultades de la actual Secretaría de la Función Pública en distintas estructuras y órganos, principalmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y

f) Consolidación de la Oficina de la Presidencia de la República como una instancia cercana al Ejecutivo Federal para apoyo y seguimiento permanente de sus tareas y de las políticas públicas.

III. Propuestas de reforma

B. Secretaría de Desarrollo Social

Desde hace dos décadas, el desarrollo social fue vinculado a políticas permanentes de combate a la pobreza, aunado a aquellas orientadas a atender el adecuado crecimiento de los asentamientos humanos, el desarrollo regional y la vivienda.

La política de combate a la pobreza desde la Secretaría de Desarrollo Social ha sido prioritaria para la atención de los grupos más vulnerables económicamente. La asistencia brindada a estos grupos a través de diversos programas, primero con Solidaridad, y después con Progresa y Oportunidades, se ha convertido en una herramienta institucional indispensable en el esfuerzo de abatir este sensible problema social a nivel nacional. Asimismo, la evaluación tanto de dichos programas como de la situación de la pobreza en el país, ha permitido en los

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