Conflicto Medio Ambiental En Chile

Universidad Bolivariana – Escuela de Derecho

Derecho Ambiental

Profesor Domingo Sánchez

CONFLICTO MEDIOAMBIENTAL

Alumno:

Ricardo Alfaro Suarez

20/10/2013

CONFLICTOS AMBIENTALES EN CHILE Un desafío de democracia, participación y protección ambiental.

Introducción

Una situación que ha ido formando parte del quehacer cotidiano de los diferentes sectores de la sociedad chilena (empresarios, autoridades, organizaciones civiles y comunidades) en nuestro país es lo que llamamos los Conflictos Ambientales.

La preocupación por el inminente agotamiento de los recursos naturales del planeta, los episodios de contaminación que afectan áreas protegidas, bosques antiguos, pueblos indígenas, salud de familias enteras, han ido conformando en la conciencia de la sociedad de nuestro país un mecanismo de alerta que actúa frente a la posibilidad de la existencia de situaciones que afecten directamente su entorno.

El riesgo de la explotación irracional de los recursos naturales y la despreocupación por el medio ambiente han sido característicos del modelo económico neoliberal impuesto desde principios de los 80, vigente aún y profundizado por los dos últimos gobiernos. Este modelo que sacrifica todo lo necesario con el objeto de generar crecimiento económico mediante la flexibilización de aspectos como empleo y protección ambiental.

Con la llegada de la democracia, las expectativas ciudadanas de respeto a los derechos básicos crecieron. Así también las esperanzas de protección de los derechos humanos, de los consumidores y del medio ambiente. Esta esperanza en el tema ambiental aún esta presente aunque claramente debilitada. La protección ambiental no es prioridad del estado democrático y no parece ser que esta situación cambie en un futuro próximo.

Producto entre otras cosas de lo anterior, cuando se inician proyectos llamados de desarrollo, las desconfiadas comunidades se movilizan para obtener el máximo de información sobre los efectos eventualmente nocivos de la puesta en práctica de dichos proyectos.

De ese modo, preocupadas por su entorno descubren que el desarrollo previsto en sus inmediaciones no es mas que crecimiento económico a costa de su seguridad ambiental, su salud, la de su familia y la de toda la comunidad, bajo el área de influencia de un proyecto.

Las acciones que se inician con el objeto de informarse mejor sobre los impactos, sumadas a iniciativas de coordinación y organización que culminan con las ya conocidas denuncias públicas perfilan lo que denominamos un "Conflicto Ambiental".

Las posibles salidas que encuentran los conflictos ambientales siguen siendo impredecibles, a pesar de que el país lleva mas de diez años de experiencia en este tema. Sin embargo hay situaciones que se repiten cuando los conflictos surgen al tratar de forzar la coexistencia de actividades incompatibles: las tradicionales y generalmente sustentables, de carácter local y que beneficia a las comunidades, y aquellas de uso intensivo del ambiente, los recursos naturales y que favorecen a grandes empresas, generalmente multinacionales.

En primer año de ingeniería en la Universidad de Chile, les preguntaron en una prueba a los estudiantes si para proteger a las ballenas era más aconsejable declararlas patrimonio natural o entregárselas a un privado. La respuesta de la pauta era la segunda opción, bajo el supuesto de que si hay un interés económico detrás, hay estímulo para el cuidado. Es la misma premisa, adoptada a nivel planetario como correcta desde Río 92, que significó la adopción de políticas que permitieron la privatización de la naturaleza y que ha llevado al país a un estado de conflictividad socioambiental sin precedentes, mientras cientos de localidades luchan para ser decretadas territorio protegido o zona patrimonial de modo de garantizar de algún modo su deseo de seguir viviendo, y en tanto autoridades y academias se mantienen esclavas de un modelo económico que crecientemente las comunidades ya no soportan más.

De hecho, ante Rio+20, 16 organizaciones que no tienen representación de base, (de las casi 110 mil organizaciones sin fines de lucro que existen en el país) realizaron junto al gobierno el documento “Posición país” que da cuenta del punto de vista nacional sobre cuestiones como la economía verde, la gobernanza ambiental, y la mercantilización de la naturaleza. El documento chileno suscribe cabalmente los postulados de la ONU hacia Rio+20, desconociendo de manera aberrante la disconformidad de cientos de miles de chilenos y chilenas con el modelo extractivista que han hecho sostenedor de nuestra economía.

Y es evidente, la hegemonía cultural que ha impuesto el neoliberalismo en el país, rinde frutos, o al menos, los rendía. Esta hegemonía, en nuestra mirada, comenzó con la siembra del miedo y la desconfianza en la dictadura, prosiguió con la ruptura de la asociatividad en los gobiernos de transición hacia una profundización del modelo, intencionalmente llamada democracia, para dar como resultado individuos que compensaban su frustración en el consumo; no por nada somos el país con mayor tasa de endeudamiento per cápita de la región. Esto aparejado a una cesión al mercado de los medios de comunicación, del sistema educacional, de la salud, de los bienes comunes, trajo niveles de concentración de la propiedad y del ingreso, pero también de la reproducción de conocimiento, que determina que hoy se asuma como normal, como que “siempre ha sido así”, los niveles de esclavitud conceptual, humana y de la naturaleza que rigen, o regían, los destinos de nuestro país.

Sin embargo, las pesadillas duran hasta que se despierta, y el fenómeno que se vive hoy en día en Chile, tiene mucho que ver con el despertar colectivo que poco a poco se va generando. Las comunidades se niegan a seguir transformando a sus hijos e hijas, sus territorios, sus cosechas, sus lugares sagrados, su presente y su futuro en ofrenda sacrificial al Dios dinero.

De Arica a Punta Arenas despierta la noción de ser sujetos de derecho y no sólo objetos de mercado. Frente a la embajada de Brasil, las comunidades de la región de Atacama gritaban “educación, salud y medio ambiente, son nuestros derechos no se venden, se defienden”; y es el mismo grito de los estudiantes que desfilan por todas las calles del país exigiendo fin al lucro; o de las comunidades mapuches, brutalmente criminalizadas, que exigen ser respetadas como nación con una cosmovisión otra; o de las regiones como Aysén, Magallanes o Calama que se levantan para no ser más castigados por un centralismo que invierte en la Región Metropolitana un 85% del presupuesto del Estado.

En este escenario, mientras el gobierno comunica en los medios de comunicación que en el país se invertirán 91 mil millones de dólares en nuevos proyectos mineros de aquí al 2020, es decir casi cinco veces lo invertido en los últimos 20 años en el sector, con una ola de devastación, sequía y contaminación que este país minero nunca había conocido; las comunidades dicen basta a los nuevos proyectos mineros, pero también a los proyectos energéticos para el consumo minero, y a las carreteras, puentes y obras civiles que van en beneficio de la minería y no de los vecinos. Y esto es particularmente interesante, porque jamás se visibiliza a las comunidades que las obras tienen un destino minero, pero hay cada vez más personas capaces de leer entre líneas los discursos de la autoridad y sacar conclusiones trascendiendo el cortoplacismo.

De norte a sur

Un mirada rápida a los conflictos socioambientales actuales, muestra a las comunidades de Arica y Parinacota en contra del proyecto minero Catavane al interior de la Reserva Nacional Las Vicuñas, en contra del proyecto minero de manganeso Los Pumas que pretende usar aguas del río Lluta, y en contra de la desafectación del Parque nacional Lauca para beneficio de la minería canadiense. En Iquique, en tanto, se levantan los jóvenes oponiéndose a las termoeléctricas Patache y Pacífico; o logrando fallos favorables en la defensa de la Pampa del Tamarugal contra la Sociedad Contractual Minera Compañía de Salitre y Yodo Soledad (Cosayach); o presionando al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta para que no permitiera el traslado de sus aguas a la región de Iquique, presión que anuló las pretensiones de la minera Doña Inés de Collahuasi para extraer aguas del Loa.

La región de Antofagasta, epicentro del boom (qué más que nunca recuerda a la onomatopeya de explosión de las caricaturas infantiles) minero, encuentra en Antofagasta a la ciudad con más mortandad por cáncer en Chile; el seremi de salud. Doctor Carlos Madrigal, luego de haber develado los datos que permitían comprender la gravedad de la situación, fue destituido. En San Pedro de Atacama, frente a los intentos de extraer energía geotérmica de los geysers del Tatio, la gente se movilizó hasta lograr que el proyecto retrocediera. Del mismo modo en Calama, ante la constatación de que las ganancias mineras eran exorbitantes y en el pueblo sólo quedaba pobreza y contaminación, surgió el movimiento que exige mayores beneficios a las comunas denominadas mineras.

La región de Atacama, que al igual que con Antofagasta las autoridades buscan consolidar su condición de zona de sacrificio, está más despierta y viva que nunca; recientemente los vecinos de Freirina lograron el cierre de un megaplantel agroalimentario de cerdos; la lucha contra Pascua Lama lleva más de 10 años y el proyecto aún no entra en operación; el proyecto el Morro,

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