Conflicto Violento En Colombia

El conflicto colombiano es sobrecogedor por su complejidad y el impacto devastador que ha tenido sobre la población civil. Entre 1990 y 2000, hubo 26.985 asesinatos de civiles relacionados con el conflicto armado mientras que solo 12.887 muertos en acciones bélicas. El número general de homicidios es mucho más alto: 9.087 homicidios anuales en 1983 aumentando a 28.284 en 1993, aunque esta tendencia ha descendido levemente en los últimos años. En 1995 hubo 92 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta del mundo.

Esta situación se refleja en una expansión creciente de los municipios afectados por acciones bélicas: entre 1990 y 2002, se pasa de 227 municipios afectados a 498, mientras que las acciones contra la población civil aumentan de 172 a 436. Este aumento produce entre un millón y medio y dos millones de personas desplazadas entre 1985 y 2003, compuestos en su mayoría por madres cabeza de hogar, niños y ancianos. Además, esta expansión implica un cambio de percepción de la población sobre el conflicto armado, que era considerado inicialmente como algo lejano de la vida cotidiana y ahora como algo que incide cada vez más en sus vidas.

En el conflicto colombiano los actos violentos no giran en torno a una sola polarización, claramente definida, en torno a un eje específico de conflictos (económico, étnico, etc.) sino que sus contradicciones se producen en torno a varias dinámicas y a procesos históricos diferentes, que se reflejan en identidades más cambiantes y producen cambios frecuentes en el control de los territorios.

Debido a esta complejidad la sociedad colombiana no ha logrado un consenso sobre la naturaleza y los orígenes del conflicto armado. Este es uno de los obstáculos para la posibilidad de encontrar una solución negociada, ya que los desacuerdos terminan por volverse parte de las divergencias en las explicaciones sobre la violencia, que oscilan entre aquellas que privilegian los aspectos objetivos, de tipo estructural, como la exclusión política y la desigualdad socioeconómica, y las que se centran en las motivaciones y opciones voluntarias de actores particulares. Este desacuerdo refleja la heterogeneidad misma de la sociedad colombiana.

Para responder a estos problemas, este artículo intenta explicar las causas del conflicto relacionando la evolución reciente del conflicto armado y de la lógica de sus actores a la luz de una mirada de larga y mediana duración.

Antecedentes históricos del conflicto actual

Dos fenómenos históricos son fundamentales para entender el conflicto: primero, el fenómeno de la colonización campesina de zonas periféricas, que ha constituido, a lo largo de la historia colombiana, la salida a las tensiones de una estructura de la propiedad rural muy concentrada. A diferencia de otros países de América Latina, Colombia no logró llevar a cabo una reforma agraria que redistribuyera la propiedad de la tierra sino que produjo una expulsión continua de campesinos pobres hacia zonas de frontera selvática, donde era mínima la presencia de las instituciones reguladoras del Estado central y poca la relación con el conjunto de la sociedad y la economía nacionales. En segundo lugar, a este proceso corresponde, en términos políticos, un proceso gradual de construcción del Estado, cuya incorporación paulatina de territorios y poblaciones se tradujo en una presencia diferenciada del Estado en las regiones según las circunstancias de tiempo y lugar.

Ambos procesos tienen su origen en la historia del poblamiento del país desde los tiempos coloniales hasta nuestros días. Desde principios del siglo XVI, los territorios más aislados e inaccesibles se fueron poblando por grupos marginales (como los blancos pobres, mestizos, negros y mulatos). En esas zonas de colonización periférica, la organización de la convivencia social queda abandonada al libre juego de las personas y grupos sociales y el Estado carece del pleno monopolio de la justicia y coerción legítima. Además, incluso en los territorios más integrados al dominio del Estado, la presencia de las instituciones estatales era diferenciada o dual porque su control se ejercía a través de las elites locales y, por lo tanto, dependía de estas estructuras locales de poder. La combinación de este poblamiento con esta dependencia de los poderes locales hizo muy conflictivos los procesos de integración de los territorios recién poblados al conjunto de la Nación.

Entre el final del dominio español y la consolidación de la Colombia de hoy, se profundizaron muchos de los problemas de la estructura agraria y de la organización política que provenían de la colonia española. Las disputas entre los partidos liberal y conservador llenaron la vida política durante el siglo XIX y la primera mitad del XX. Esas disputas giraban en torno al alcance y ritmo de los procesos de modernización económico y social y al papel de la Iglesia católica. Frecuentemente, estos enfrentamientos partidarios servían de canales de expresión de conflictos de carácter más social, como problemas de tierras, rivalidades entre regiones y poblaciones, conflictos raciales y enfrentamientos entre familias y grupos de ellas.

Esos conflictos prolongaban la estructura dual del poder colonial: al lado de instituciones políticas de carácter formalmente democrático y moderno operaban los partidos tradicionales como dos federaciones contrapuestas pero complementarias de redes locales y regionales de poder, de carácter clientelista. Esas dos federaciones servían de puente entre las autoridades estatales del centro y las realidades locales y regionales. Por esto, la presencia de instituciones estatales en la sociedad y el territorio colombiano ha sido altamente diferenciada en el espacio, el tiempo y en su relación con las diferentes regiones: en las regiones más integradas, la presencia del Estado es más directa y en otras, esa presencia aparece mediada por los poderes locales de corte clientelista. En zonas de colonización periférica la presencia del estado se haría posible solo cuando se concentrara la propiedad de la tierra y se produjera una cierta jerarquización social, como base para la creación de poderes locales y regionales que se articulaban a las redes nacionales de los dos partidos tradicionales y las instituciones del estado.

Por esto, los fenómenos violentos serán muy diferenciados según la diferente consolidación de las instituciones estatales en las diversas coyunturas locales. Una será la violencia que confronta el dominio directo del Estado en las regiones más integradas, muy distinta de aquellas donde este dominio debe ser negociado con las estructuras locales de poder. Y otra es la violencia en las zonas donde no se han consolidado todavía los mecanismos tradicionales de regulación social, o donde estos mecanismos están haciendo crisis: allí no hay un actor claramente hegemónico sino una lucha por el control territorial donde el predominio de unos actores u otros va cambiando según la coyuntura.

La Violencia y el Frente Nacional

En los años treinta, el partido liberal emprende reformas sociales, económicas y políticas de tipo modernizante que produjeron un ambiente de polarización que preparó el camino a la Violencia de los años cincuenta. Episodios regionales de violencia entre liberales y conservadores se generalizan por todo el país con el asesinato, en 1948, del líder liberal Gaitán, líder popular y aspirante a la presidencia. La reacción popular del 9 de abril en Bogotá, el famoso “Bogotazo”, y en otras regiones del país, produjo el contraataque conservador. En respuesta grupos liberales y comunistas rurales crearon guerrillas de autodefensa campesina a las que los sectores conservadores combatieron con grupos de contraguerrilla y bandas de asesinos. Se estima que hubo aproximadamente 200.000 muertos entre 1946 y 1953.

En 1953 llegó al poder el general Gustavo Rojas Pinilla, el único periodo de régimen militar que experimentó Colombia durante el siglo XX. El gobierno de Rojas Pinilla intentó en vano la pacificación del país por medio de la amnistía de los guerrilleros liberales, pero su anticomunismo lo llevó a enfrentarse con las guerrillas produciendo una nueva generalización de violencia. Los intentos de Rojas de consolidarse en el poder y marginar a los partidos tradicionales, llevaron a éstos a unirse para derrocarlo en 1957.

El carácter local de la violencia demostró la fragmentación oculta debajo de las redes de poder de los dos partidos tradicionales que compensaban la debilidad del estado, lo mismo que el predominio de estructuras locales de poder. Además, enfrentamientos entre guerrillas liberales y comunistas contribuyen a una mayor fragmentación del campesinado, que termina atomizado. Sin embargo, la violencia fortaleció los partidos tradicionales como identidades colectivas porque la pertenencia a ellos era la única explicación que daba sentido a la violencia.

La necesidad de poner fin al conflicto y a la dictadura militar llevó a la creación del acuerdo entre los dos partidos conocido como el Frente Nacional. Durante 16 años, liberales y conservadores se turnaron la presidencia y se repartieron los cargos del poder estatal. Aunque este régimen contribuyó a la estabilidad política del país, el monopolio compartido del poder impidió la expresión política de nuevos poderes locales y la respuesta adecuada a los problemas sociales que surgían en la segunda mitad del siglo XX.

La crisis política de la coyuntura de mediano plazo

Esta dificultad del sistema político se hizo evidente a partir de los años sesenta y

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