Constitución y derecho publico - Ensayo artículo 29

Constitución y derecho publico

Ensayo del artículo 29 de la constitución política de Colombia y el derecho al debido proceso.

Juan Esteban Alfaro Martinez

El establecimiento de los derechos humano ha sido un proceso largo y continuo el cual ha sido un punto de interés de la humanidad desde los tiempos de la antigua Roma, ubicándose en el entorno nacional de Colombia se ha llegado a un punto en el cual se presenta un establecimiento de derechos y garantías de cumplimiento de los mismos para sus ciudadanos consignada en la constitución política de Colombia, entendiendo el deber ser de todos los derechos establecidos en dicho documento la población Colombiana debería vivir en condiciones de igualdad, bienestar y justicia, en ese orden de ideas al momento de juzgar a una persona supuestamente culpable, en orden de proteger las garantías de defender los derechos fundamentales del hombre es que se ha implementado el derecho al debido proceso, el cual “se refiere a todos aquellos procedimientos en los que se obtenga una solución sustancialmente justa” (Agudelo, 2022). En el presente ensayo se pretende hacer un análisis general del artículo 29, el cual platea que el debido proceso debe aplicarse a todas las actuaciones judiciales y administrativas, refiriéndose así a que todo ciudadano dentro de la república de Colombia cuenta con el derecho a que se haga una revisión e investigación en orden de defender su inocencia o de validar su culpa, debido a que “Es mejor absolver a un culpable que culpar a un inocente”.

Así mismo éste articulo plantea lo siguiente: “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto al que se le imputa, ante un juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” (Constitución política de Colombia, 1991), lo cual se asocia al principio de legalidad del debido proceso, refiriéndose a que ninguna persona puede ser juzgada sino de acuerdo a las leyes ya establecidas o preexistentes al acto que se le imputa, es decir que las personas serán juzgadas únicamente bajo las leyes en vigencia previas a la comisión del crimen, del mismo modo se refieren al principio de juez natural el cual establece que los presuntos culpables únicamente serán juzgados bajo el criterio de jueces que estén en competencia de realizar su labor. Como puede observarse, el artículo 29 presenta referencias a todos los temas asociados a la presunción de la inocencia de la persona, buscando que “se asegure la igualdad y un debate que permita la defensa de todos sus participantes” (Agudelo, 2022), todos aquellos procedimientos son desarrollados en conformidad a las formas de ordenamiento establecidas.

En adición y retomando el tema hablado previamente, el artículo 29 plantea que toda persona se presume inocente siempre y cuando no se le haya declarado judicialmente culpable y cuenta con el derecho a la defensa y asistencia por parte de un abogado capacitado que haya sido elegido por el o que cumpla el oficio de defensor durante la investigación y juzgamiento, aquí vuelve a hacerse referencia a los principios de presunción de inocencia, buscando que sea el estado el encargado romper la presunción de culpa de verificar la inocencia del acusado, del mismo modo se hace énfasis en la obligación del cumplimiento del proceso sin que se presenten dilataciones injustificadas o innecesarias buscando la presencia de pruebas transparentes y objetivas, buscando así soluciones justas y rápidas para la solución de los casos que puedan presentarse, y del mismo modo citando el principio de favorabilidad, todo aquel acusado debe ser sentenciado de la forma menos desfavorable posible y en adición no ser juzgado dos veces por el mismo hecho de acuerdo a la ley 1142 de 2007 en su artículo 47 del (Congreso de la república, 2007).

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