¿Cómo va el país en términos de protección al derecho a la integridad personal?

¿Cómo va el país en términos de protección al derecho a la integridad personal?

Julián David Cuervo Peralta - 202111270

Miguel Angel Pardo - 202112452

Felipe Andres Paternina - 202112473

Esneider Esmith Amado Ortega - 201911323

La constitución del 91 proclama el derecho fundamental a la integridad física que reúne tanto la composición física y de salud mental de la persona. En este contexto, la tortura o cualquiera trato cruel e inhumano constituyen una clara violación a este derecho fundamental. Para el 2014 Según la Coalición Colombiana Contra la tortura (Coalición Colombiana contra la tortura (CCCT), 2014) menciona que la tortura en Colombia se comete como medio de persecución política, como instrumento de represión de la protesta social o como herramienta para sembrar terror en las comunidades. Además, junto con otras practicas como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia sexual y reclutamiento de menores en el conflicto armado interno; los actos de tortura se han convertido en una práctica sistemática y generalizada. De acuerdo con la CCCT entre 2001 y 2009 se reportaron 1834 personas victimas de tortura y entre 2010 y 2014 1913 personas fallecidas presentaban signos de maltrato. Se puede pensar que los casos de tortura que vulneran el derecho a la integridad física disminuyeron con la desmovilización de los principales grupos paramilitares y guerrilleros gracias a distintos acuerdos de paz; sin embargo, en el marco de la protesta social las victimas de agresiones físicas, desapariciones forzadas y tortura han aumentado de manera considerable.

Si analizamos el historial colombiano con respecto a la protección del derecho a la integridad física en el marco del conflicto interno, donde la tortura es usada como un mecanismo para sembrar terror, es necesario recalcar un avance debido a las desmovilizaciones de grupos paramilitares como las AUC, grupos armados ilegales como el ELN o el EPL y la reciente desmovilización de las FARC. Estos grupos frecuentaban mucho la práctica de la tortura, luego de los diversos tratados de paz con el estado (El tiempo, 2016). Otro factor que indirectamente ayuda a la protección de este derecho es la disminución en la actividad delictiva de las bandas de narcotráfico y por ende la disminución en los continuos enfrentamientos entre el estado colombiano y demás carteles como el de Cali. En este marco las poblaciones más vulneradas han sido habitantes rurales, así como habitantes de pueblos o ciudades marginadas ya que en estos lugares se han llevado los enfrentamientos del conflicto interno de Colombia. Teniendo en cuenta esto aun es necesario seguir buscando un cese a la violencia interna del país, Cumpliendo los acuerdos de paz reparando a las victimas del conflicto y ofreciendo garantías de paz a todos los sectores involucrados.

En el ámbito de persecución política las comunidades más afectadas han sido los líderes y lideresas sociales, así como los defensores de derechos. Para estas comunidades se puede ver un avance en la protección a su integridad física debido a que el 25 de marzo del 2020 el Juzgado 45 Civil del Circuito de Bogotá condenó al estado colombiano por sus fallas sistemáticas en no identificar las causas de las amenazas hacia líderes sociales, tampoco definir políticas públicas para la eliminación de estas agresiones y por obtener resultados poco satisfactorios en las investigaciones penales que permitan verdad, justicia y reparación. Todo esto con el fin de que se brinden las condiciones necesarias para proteger los derechos fundamentales de líderes y lideresas sociales(Comisión Colombiana de Juristas., 2020). Sin embargo, Hace falta mucho trabajo en protección a la integridad física de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Todavía es necesario implementar un modelo efectivo de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, así como un trabajo más arduo por parte de la fiscalía en la investigación de amenazas hacia líderes sociales.

En el ámbito de persecución política las comunidades más afectadas han sido los líderes y lideresas sociales, así como los defensores de derechos. Para estas comunidades se puede ver un avance en la protección a su integridad física debido a que el 25 de marzo del 2020 el Juzgado 45 Civil del Circuito de Bogotá condenó al estado colombiano por sus fallas sistemáticas en no identificar las causas de las amenazas hacia líderes sociales, tampoco definir políticas públicas para la eliminación de estas agresiones y por obtener resultados poco satisfactorios en las investigaciones penales que permitan verdad, justicia y reparación. Todo esto con el fin de que se brinden las condiciones necesarias para proteger los derechos fundamentales de líderes y lideresas sociales (Comisión Colombiana de Juristas., 2020). Sin embargo, Hace falta mucho trabajo en protección a la integridad física de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Todavía es necesario implementar un modelo efectivo de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, así como un trabajo más arduo por parte de la fiscalía en la investigación de amenazas hacia líderes sociales.

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