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DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL


Enviado por   •  3 de Junio de 2014  •  2.415 Palabras (10 Páginas)  •  293 Visitas

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ENSAYO

DERECHOS HUMANOS

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL

JORGE OLMEDO MONTEALEGRE

Docente

LEYDI YURANI LAGOS COLLAZOS

LUIS HERNANDO DURAN COLLAZOS

CIELO MAYERLY PERDOMO

LUISA FERNANDA CABRERA AVENDAÑO

ANA LORENA MORENO SOSA

Estudiantes

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

SEDE GARZON - HUILA

2014-1

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL

Se entiende por derecho a la integridad, aquel derecho humano fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida a existir con dignidad y sano desarrollo de esta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, bien sea en su aspecto físico como mental.

El ser humano por el hecho de ser tal, tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. La Integridad física implica la preservación de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas. La integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La integridad moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones; en el Art. 12 de la Constitución Política de Colombia consagra el “derecho a la integridad personal al prohibir la desaparición forzada que es un crimen de lesa humanidad. Adicionalmente se prohíbe la tortura que puede ser física o moral. Quien practica la tortura pretende disminuir las capacidades de otra persona para actuar de acuerdo con su propia voluntad”. También prohíbe este artículo los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Con esto se busca defender la integridad del ser humano y ni aún en prisión se puede brindar este tipo de trato a las personas detenidas.

En Colombia, la Corte Constitucional ha manifestado que el alcance del derecho a la integridad personal adquiere una mayor relevancia cuando se observa, para su ejercicio, la estrecha e inherente relación con otros derechos de rango superior, o si más bien se trata de un proceso de racionalización fundamentado en la historia y en la sensibilización conjuntamente, en cuanto los Estados elaboran discursos, emprenden campañas de difusión sobre los derechos humanos, pero la realidad en el concierto internacional de naciones demuestra su sistemática violación y negación por parte de un número considerable de Estados, quizá lo importante sea construir un escenario sobre el debate acerca de las causas fundamentales y estructurales de la insatisfacción de las necesidades individuales y sociales para apreciar directamente el desconocimiento de los derechos humanos como la consecuencia y el efecto inmediato de un orden social y económico determinado. Desde la perspectiva antes descrita, el ejercicio de racionalización y de sensibilización supone adoptar un método que, en diálogo con las ciencias sociales, mediado por la comunicación y el intercambio de experiencias, permita tener como punto de partida la identificación de los problemas irresueltos en materia de las expresiones más graves de violación del derecho a la integridad personal.

Diariamente, los medios de comunicación saturan a la ciudadanía con información acerca de los muertos, los heridos, los desplazados que genera la confrontación armada, sin que merezcan casi ninguna atención las graves violaciones de los derechos humanos, que por acción u omisión del Estado se presentan por fuera del conflicto armado. Esta situación no sólo no permite que el ciudadano tenga una visión integral o de conjunto del problema y tampoco se apropie responsablemente de las soluciones. Puede llegar a afirmarse que día a día sedes dibujan los ya débiles y maltrechos contornos del Estado de Derecho, por no mencionar lo de social y democrático. Es por ello que la protesta social, mecanismo legítimo en cualquier sociedad que se considere democrática, se sitúa absurda e irresponsablemente en el contexto de la guerra, como si las exigencias de los ciudadanos en materia de satisfacción de sus necesidades vitales pudiera tratarse de algo ajeno y lo que es peor aún, contrario a los principios y valores de un Estado social y democrático de derecho. De allí que no resulte nada exótico en este país la penalización de la protesta social, la desaparición y muerte de defensores de derechos humanos, de líderes sindicales, sociales, gremiales, políticos, indígenas, campesinos, entre otros. Esa es la lógica perversa que pregona el tratamiento de “enemigo” -como en la guerra- a quien pretende alcanzar por la vía democrática, la efectividad de sus derechos.

Nadie garantiza que una vez se haya puesto fin al conflicto armado interno, de manera automática cesen las muertes violentas, las torturas y desapariciones. Por tal motivo, el mejoramiento en la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, en particular la integridad personal, sólo es posible con una verdadera profundización de la democracia en Colombia.

El termino integridad personal es importante entenderlo, como se está manejando derechos en Colombia el daño causado por personas a la integridad de las otras y en qué forma se está responsabilizando por ese daño, si en algún momento se le ha hecho una reparación a las víctimas de este flagelo.

Para que una conducta sea considerada como reprochable internacionalmente debe infringir ciertos intereses fundamentales que afectan a la comunidad internacional, por lo tanto cuando un estado como el nuestro que día a día vulnera la integridad física, moral y psicológica de las personas, torturando maltratando y agrediendo, es considerado internacionalmente como un país violatorio en todo el sentido de la palabra, por eso existe una gran preocupación por parte de las instituciones internacionales en la búsqueda de soluciones a través de los convenios para mitigar un poco el dolor sufrido por las víctimas.

El Estado Colombiano debe otorgar protección a las victimas cuando se presente una vulneración al derecho de la integridad, además se les debe otorgar unos mecanismos para poder obtener una indemnización justa y recíprocamente una sanción drástica para aquellos individuos que cometieron la conducta reprochable en este caso que atentaron contra la integridad

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