DESIGUALDADES PERSISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE UN PAIS PLURICULTURAL

DESIGUALDADES PERSISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE UN PAIS PLURICULTURAL. Reflexiones a partir del trabajo de la CVR.

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Carlos Iván Degregori

El trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) reveló brechas cuya existencia conocíamos, pero cuyas dimensiones y brutalidad muy pocos sospechaban.  

1. Desigualdades persistentes.

Las brechas más importantes que operaron en los años del conflicto armado interno son aquellas entre ricos y pobres, que tiene que ver con la inequidad y la injusta distribución del ingreso; entre Lima y provincias, que refleja el creciente centralismo; entre costa, sierra y selva, que, como la anterior, expresa las profundas diferencias regionales; entre criollos, mestizos, cholos e  indios, sinónimo de exclusión y discriminación étnico-cultural y racial. Asimismo, el trabajo de la CVR ratificó la importancia de otras dos brechas, cuya importancia había crecido en las décadas previas al conflicto armado interno: la brecha generacional y la brecha de género. La participación de las mujeres en el PCP-Sendero Luminoso, por ejemplo, fue un elemento inesperado. Por otro lado, en muchos casos el conflicto tomo la forma de un enfrentamiento generacional, de jóvenes contra adultos. Tal fue el caso, por ejemplo, de las comunidades de la hoy provincia de Huancasancos: Lucanamarca, Sacsamarca y Sancos, estudiado por la CVR, que realizó allí su exhumación más importante^[1].

De esas brechas, que al mismo tiempo son nudos conflictivos, pondré aquí énfasis principal en la discriminación y exclusión por motivos étnicoculturales y raciales, que se entrelaza por cierto con las otras, de modo que la diferenciación se hace principalmente con fines analíticos.  

Una de las cifras más impactantes que ha producido la CVR es aquella que señala que el 75% de victimas mortales del conflicto tenían el quechua como idioma materno. Si la violencia hubiera tenido en todo el país la misma intensidad que tuvo en Ayacucho, hubieran muerto un millón doscientos mil peruanos, 300 mil de ellos en Lima. El mismo ejercicio entre los asháninkas nos daría un total de dos millones y medio de peruanos muertos o desaparecidos. En algunos lugares de nuestro país, el conflicto armado interno fue un verdadero Apocalipsis.  

Estas cifras y proyecciones son de las pocas que ha logrado quebrar, o por lo menos agrietar, la coraza de indiferencia que permite que el país subsista ya casi 200 años sin resolver la exclusión y discriminación de los pueblos indígenas. Es, sin duda, una de las que Tilly llama “desigualdades persistentes”^[2].  

Desigualdades que parecían haberse por lo menos atenuado a lo largo del S.XX, especialmente en las tres décadas previas al conflicto; discriminaciones que parecían expresarse en todo caso de otras maneras, menos letales. Sin embargo, muchos testimonios de la base de datos de la CVR parecen recogidos en los tiempos de las grandes novelas indigenistas. El capitulo llamado “Rostros y perfiles de la violencia”^[3], donde aparecen las principales conclusiones del análisis estadístico de los testimonios de la CVR comienza con un epígrafe que dice: “Mi pueblo era pues un pueblo, no sé...un pueblo ajeno dentro del Perú”. Casi un título de Ciro Alegría. Otro testimonio expresa una esperanza: “ojalá que de acá a 20 años podamos ser considerados peruanos”.  Dicho más de 20 años después de aprobada la Constitución de 1979, que daba por primera vez en nuestra historia contemporánea el voto a los pueblos indígenas.  

2. El caso Putis y el desprecio por los pueblos indígenas. 

Antes de esbozar algunas reflexiones sobre estas desigualdades persistentes, quisiera detenerme en el caso de Putis, que es muy poco conocido y tiene que ver directamente con el tema del desprecio por la persona humana, especialmente si se trata de indígenas; y tiene que ver también con el Estado visto desde abajo.

Putis es una comunidad de altura del distrito de Ayahuanco (Huanta)^[4], donde el PCP-SL desarrolló desde muy temprano una estrategia que combinaba amenazas, asesinatos y sabotajes, con una labor política de organización de bases de apoyo y “comités populares”, destruyendo para ello el sistema de autoridades locales.  

Cuando en enero de 1983 las FF.AA. se hicieron cargo de la lucha contrainsurgente en Ayacucho, en las alturas de Huanta el PCP-SL no se replegó sino que intensificó sus acciones de amedrentamiento para asegurar el control de la población. Así, en junio de 1983 el teniente gobernador de Putis fue asesinado por una columna senderista. En los meses siguientes, los senderistas asesinaron a pobladores del anexo de Cayramayo, guiados al parecer por pobladores de otros anexos de la propia comunidad de Putis. Como respuesta a este hecho, llegó una patrulla militar que empadronó a los habitantes de la zona.^[5] En septiembre, miembros del PCP-SL regresaron a Cayramayo, convocaron a una “asamblea popular” y asesinaron al agente municipal, al secretario, al teniente gobernador, al ex presidente de la comunidad Herminio Vargas y a un comunero.^[6] 

A partir de entonces, Sendero Luminoso obligó a los comuneros de Putis y anexos a abandonar sus viviendas y retirarse a las alturas^[7] para evitar el contacto con las fuerzas del orden, que llegaban ocasionalmente. Les advirtieron, además, que los militares los matarían si los descubrían. Por vivir “en los cerros”, los de Putis fueron vistos por los militares como colaboradores o integrantes del PCP-SL.  

Ante el incremento del accionar subversivo, en noviembre de 1984 se instalaron bases militares en Putis y en Ayahuanco, la capital distrital. Al llegar, los militares convocaron a la población, que se había replegado hacia las partes más altas, pidiéndoles que se concentraran en Putis, donde estarían protegidos de la subversión. Cansados de vivir en los cerros, acosados por los subversivos y por las fuerzas del orden, los comuneros aceptaron y se dirigieron a Putis llevando todas sus pertenencias.

Los efectivos militares recibieron a los pobladores: »... amablemente e incluso les dieron la mano y los felicitaron por haber decidido vivir con ellos, enviándolos a la iglesia»^[8]. Allí les aseguraron que les darían protección y colaborarían con ellos en diversas obras comunales. Con ese pretexto, la madrugada siguiente los militares ordenaron a los varones que cavasen una gran poza; a algunos les dijeron que era para construir una piscigranja en la que criarían truchas, a otros les aseguraron que allí construirían casas. Sin embargo, cuando estuvo lista, los efectivos reunieron al centenar de hombres, mujeres y niños, y sin mayor explicación les dispararon a matar.  

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