ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

DESIGUALDADES PERSISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE UN PAIS PLURICULTURAL

73795693Documentos de Investigación12 de Septiembre de 2021

4.909 Palabras (20 Páginas)120 Visitas

Página 1 de 20

DESIGUALDADES PERSISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE UN PAIS PLURICULTURAL. Reflexiones a partir del trabajo de la CVR.

 

[pic 1] 

Carlos Iván Degregori

 

 

El trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) reveló brechas cuya existencia conocíamos, pero cuyas dimensiones y brutalidad muy pocos sospechaban.  

 

1. Desigualdades persistentes.

 

Las brechas más importantes que operaron en los años del conflicto armado interno son aquellas entre ricos y pobres, que tiene que ver con la inequidad y la injusta distribución del ingreso; entre Lima y provincias, que refleja el creciente centralismo; entre costa, sierra y selva, que, como la anterior, expresa las profundas diferencias regionales; entre criollos, mestizos, cholos e  indios, sinónimo de exclusión y discriminación étnico-cultural y racial. Asimismo, el trabajo de la CVR ratificó la importancia de otras dos brechas, cuya importancia había crecido en las décadas previas al conflicto armado interno: la brecha generacional y la brecha de género. La participación de las mujeres en el PCP-Sendero Luminoso, por ejemplo, fue un elemento inesperado. Por otro lado, en muchos casos el conflicto tomo la forma de un enfrentamiento generacional, de jóvenes contra adultos. Tal fue el caso, por ejemplo, de las comunidades de la hoy provincia de Huancasancos: Lucanamarca, Sacsamarca y Sancos, estudiado por la CVR, que realizó allí su exhumación más importante[1].

 

De esas brechas, que al mismo tiempo son nudos conflictivos, pondré aquí énfasis principal en la discriminación y exclusión por motivos étnicoculturales y raciales, que se entrelaza por cierto con las otras, de modo que la diferenciación se hace principalmente con fines analíticos.  

 

Una de las cifras más impactantes que ha producido la CVR es aquella que señala que el 75% de victimas mortales del conflicto tenían el quechua como idioma materno. Si la violencia hubiera tenido en todo el país la misma intensidad que tuvo en Ayacucho, hubieran muerto un millón doscientos mil peruanos, 300 mil de ellos en Lima. El mismo ejercicio entre los asháninkas nos daría un total de dos millones y medio de peruanos muertos o desaparecidos. En algunos lugares de nuestro país, el conflicto armado interno fue un verdadero Apocalipsis.  

 

Estas cifras y proyecciones son de las pocas que ha logrado quebrar, o por lo menos agrietar, la coraza de indiferencia que permite que el país subsista ya casi 200 años sin resolver la exclusión y discriminación de los pueblos indígenas. Es, sin duda, una de las que Tilly llama “desigualdades persistentes”[2].  

 

Desigualdades que parecían haberse por lo menos atenuado a lo largo del S.XX, especialmente en las tres décadas previas al conflicto; discriminaciones que parecían expresarse en todo caso de otras maneras, menos letales. Sin embargo, muchos testimonios de la base de datos de la CVR parecen recogidos en los tiempos de las grandes novelas indigenistas. El capitulo llamado “Rostros y perfiles de la violencia”[3], donde aparecen las principales conclusiones del análisis estadístico de los testimonios de la CVR comienza con un epígrafe que dice: “Mi pueblo era pues un pueblo, no sé...un pueblo ajeno dentro del Perú”. Casi un título de Ciro Alegría. Otro testimonio expresa una esperanza: “ojalá que de acá a 20 años podamos ser considerados peruanos”.  Dicho más de 20 años después de aprobada la Constitución de 1979, que daba por primera vez en nuestra historia contemporánea el voto a los pueblos indígenas.  

 

2. El caso Putis y el desprecio por los pueblos indígenas. 

 

Antes de esbozar algunas reflexiones sobre estas desigualdades persistentes, quisiera detenerme en el caso de Putis, que es muy poco conocido y tiene que ver directamente con el tema del desprecio por la persona humana, especialmente si se trata de indígenas; y tiene que ver también con el Estado visto desde abajo.

 

Putis es una comunidad de altura del distrito de Ayahuanco (Huanta)[4], donde el PCP-SL desarrolló desde muy temprano una estrategia que combinaba amenazas, asesinatos y sabotajes, con una labor política de organización de bases de apoyo y “comités populares”, destruyendo para ello el sistema de autoridades locales.  

 

Cuando en enero de 1983 las FF.AA. se hicieron cargo de la lucha contrainsurgente en Ayacucho, en las alturas de Huanta el PCP-SL no se replegó sino que intensificó sus acciones de amedrentamiento para asegurar el control de la población. Así, en junio de 1983 el teniente gobernador de Putis fue asesinado por una columna senderista. En los meses siguientes, los senderistas asesinaron a pobladores del anexo de Cayramayo, guiados al parecer por pobladores de otros anexos de la propia comunidad de Putis. Como respuesta a este hecho, llegó una patrulla militar que empadronó a los habitantes de la zona.[5] En septiembre, miembros del PCP-SL regresaron a Cayramayo, convocaron a una “asamblea popular” y asesinaron al agente municipal, al secretario, al teniente gobernador, al ex presidente de la comunidad Herminio Vargas y a un comunero.[6] 

 

A partir de entonces, Sendero Luminoso obligó a los comuneros de Putis y anexos a abandonar sus viviendas y retirarse a las alturas[7] para evitar el contacto con las fuerzas del orden, que llegaban ocasionalmente. Les advirtieron, además, que los militares los matarían si los descubrían. Por vivir “en los cerros”, los de Putis fueron vistos por los militares como colaboradores o integrantes del PCP-SL.  

 

Ante el incremento del accionar subversivo, en noviembre de 1984 se instalaron bases militares en Putis y en Ayahuanco, la capital distrital. Al llegar, los militares convocaron a la población, que se había replegado hacia las partes más altas, pidiéndoles que se concentraran en Putis, donde estarían protegidos de la subversión. Cansados de vivir en los cerros, acosados por los subversivos y por las fuerzas del orden, los comuneros aceptaron y se dirigieron a Putis llevando todas sus pertenencias.

 

Los efectivos militares recibieron a los pobladores: »... amablemente e incluso les dieron la mano y los felicitaron por haber decidido vivir con ellos, enviándolos a la iglesia»[8]. Allí les aseguraron que les darían protección y colaborarían con ellos en diversas obras comunales. Con ese pretexto, la madrugada siguiente los militares ordenaron a los varones que cavasen una gran poza; a algunos les dijeron que era para construir una piscigranja en la que criarían truchas, a otros les aseguraron que allí construirían casas. Sin embargo, cuando estuvo lista, los efectivos reunieron al centenar de hombres, mujeres y niños, y sin mayor explicación les dispararon a matar.  

 

A partir de las versiones de familiares, sobrevivientes y testigos, la CVR elaboró una lista de 123 víctimas: 96 adultos y 27 niños y niñas[9]. Muchos, en especial las mujeres y los niños, nunca contaron con un documento de identidad, debido a la lejanía de Putis y a que se trataba de campesinos en su mayoría monolingües quechuas[10]. Muchos de ellos tenían, además, uno o los dos apellidos quechuas.  Los que más se repiten son:  

Condoray, 30 adultos y 14 niños;  

Quispe, 36 adultos y 6 niños;  

Curo, 11 adultos y 5 niños;  

Ccente, 13 adultos y 2 niños;  

Huayllasco, 8 adultos y 3 niños;  

Limancca, 5 adultos y 4 niños;  

Otros apellidos quechuas, 16 adultos y 2 niños11.  

 

La masacre de Putis significó el práctico exterminio de la familia Condoray Quispe. De las víctimas, 16 adultos y 3 niños tenían esos apellidos. Tras la matanza, quienes por diversos motivos se salvaron de morir, huyeron hacia los distritos de Sivia y Llochegua, en la selva de Huanta.12 Durante doce años Putis y otras comunidades vecinas estuvieron despobladas. Recién en 1997 se inició el retorno.

 

Los campesinos quechuas de Putis sufrieron un holocausto, aunque en la terminología oficial de la CVR aparezca el caso como “ejecución extrajudicial” y como “masacre”. Utilizando una definición similar a la adoptada por la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala en su informe de 1999, la CVR definió como masacres aquellos eventos: “que han significado la ejecución o asesinato simultáneo y múltiple de cinco o más personas en estado de indefensión”[11]. La CVR logró identificar 215 masacres cometidas por Sendero Luminoso y 122 cometidas por agentes del Estado. Por su naturaleza de matanza indiscriminada, en las masacres crece el porcentaje de víctimas mujeres, niños y ancianos.

 

En nuestro país se han producido entonces decenas de pequeños holocaustos, hace varios meses que fueron documentados y entregados al gobierno por la CVR y no pasa nada, o pasa muy poco. La atención del gobierno, los partidos políticos, la mayoría de medios de comunicación y parte de la opinión pública ha estado centrada en tres temas: si Sendero Luminoso era o no un partido político; si las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado habían sido sólo excesos o más bien sistemáticas y generalizadas; si las reparaciones iban a ser individuales o colectivas. Muy poco sobre justicia, o sobre reparaciones simbólicas, que podrían tener gran impacto sin problemas de financiamiento, casi nada sobre las profundas reformas institucionales que son indispensables para que esta historia no se repita. Un plan de Paz y Desarrollo que reasigna fondos ya existentes, la promesa de una Comisión Intersectorial que haga el seguimiento de las recomendaciones de la CVR. Muy poco si tomamos en cuenta lo que está sucediendo en países vecinos como Chile y Argentina, que atravesaron también por períodos de violaciones masivas a los derechos humanos. Muy poco si tomamos en cuenta que el conflicto armado interno en el Perú produjo más víctimas mortales que en los países del Cono Sur, y más que en todas las guerras externas e internas del Perú en casi 200 años de vida independiente. Casi 70 mil peruanos y peruanas, 40 mil más de la cifra que se había vuelto sentido común hasta el trabajo de la CVR. 40 mil peruanos de cuya muerte ni nos habíamos dado cuenta. Quizás, porque como dijo Gustavo Gutiérrez[12], la mayoría eran insignificantes en ciertos planos como su aporte al PBI, ubicados en zonas rurales que no deciden elecciones.  

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (31 Kb) pdf (236 Kb) docx (26 Kb)
Leer 19 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com