Derecho al trabajo como herramienta política

ENSAYO

Nombre: Viviana Alexandra Colcha Carrillo

Carrera y paralelo: Derecho B

Docente: Marcelo Rojas

Derecho al trabajo como herramienta política

Introducción

La mirada histórica que le proveemos al Derecho al trabajo como instrumento político se posiciona como un componente de estudio de superlativa trascendencia a la luz del proceso histórico de los últimos 10 años de administración a partir del régimen central y todos los actores de la sociedad ecuatoriana. Se ha estructurado el archivo realizando una introducción tomando en cuenta la base constitucional y legal, continuamos con el desarrollo, después se plantean los escenarios que nos evidencian la necesidad de asentarnos en la exploración de la normativa constitucional y gremial específica por medio de comentarios pertinentes en interacción a la legislación gremial pertinente.

Desarrollo

Sin lugar a dudas alguna, se estima que con la Constitución de la República del Ecuador (2008), se tendría un cambio en el territorio en todas las directivas, y que este se plasmaría en el Derecho a las libertades de todos los ecuatorianos, de tal modo que respondan a las novedosas realidades y exigencias de las fuerzas sociales. rememorando que valores y principios que emergen de la vivencia de los pueblos, por lo cual se estima que han de considerar que el Código del Trabajo de hoy refleja el cambio que debe surgir de la nueva composición de la Regla Suprema y el Estado de Derechos para cada una de las empresas sociales. no obstante, a pesar de la unión de todos los derechos y garantías del trabajador en la Regla Suprema ecuatoriana se crea la paradoja siguiente: son muchos y tan amplios los derechos ubicados a partir de la Constitución de la República que se tornan en una economía seriamente lesionada por la aplicación de un modelo económico que sistemáticamente ha creado una tasa anual de desempleo creciente. la economía Ecuatoriana a lo extenso de 10 años tuvo la inversión estatal como el más grande catalizador e inyector de liquidez al sistema que ha vuelto pequeña la función de la organización privada de crear plazas de trabajo capaces de consumar con cada una de las garantías y derechos establecidos a partir de la Regla suprema hasta la Ley Orgánica de Justicia gremial en el Ecuador (Vigente a partir de 2016).A lo largo de aquel proceso histórico observamos cómo varios expertos capaces migraron a partir de la compañía privada y la academia hacia el servicio público frente a las atractivas remuneraciones que ofrecía este sector. no obstante, a medida que esto sucedía se produjo una brecha cada vez más grande de las exigencias que el Estado hace a los empleadores privados ante las reformas legales que fueron reduciendo gradual empero sostenidamente las condiciones y calidad de las garantías, como por ejemplo el equilibrio para los servidores público. el objetivo del presente trabajo es evidenciar las diferencias notables entre la aplicación de los controles del cumplimiento de las reglas que avalan y rigen los derechos laborales entre el área Público y Privado, producir un debate e integrar otras ópticas sobre la legislación vigente en materia gremial. para ilustrar estas ventajas conformadas a favor del empleador público pudimos encontrar las reformas al sistema de la Ley Orgánica del Servicio Público, sumado al inicio general de Derecho que instituye que el Estado constantemente obra de Buena Fe, y tenemos la posibilidad de valorar cómo hay muchas entidades del Sector Público que son las primeras en no cumplir con posiciones expresas de la precitada LOSEP como conceder su nombramiento a un servidor que tenga una permanencia de 2 años bajo la modalidad de contratación. es un secreto a voces que a partir del área público se abusó sistemáticamente del recurso de contrataciones eventuales y poseemos casos de servidores que mantienen una relación de dependencia con la entidad pública a lo largo de 9 años, no obstante, los órganos de control omiten las visualizaciones sobre dichos aspectos pese ser expresamente contrarias a la ley, o sea, la impunidad se institucionaliza frente a el incumplimiento de las garantías laborales de los servidores públicos. en contraste con lo expresado en líneas anteriores estamos con una autoridad administrativa de trabajo definitivamente ágil y eficiente en el instante de ejercer controles a los empleadores privados los mismos que son multados y revisados en forma persistente, como debería ser, para comprobar el cumplimiento de las posiciones legales vigentes, empero que parecería ser incapaz de ejercer los mismos controles para con la zona público.

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