Deuda Externa La Historia

DEUDA EXTERNA

INTRODUCCION

Desde comienzos de los años ochenta, la deuda externa ha sido para la Argentina uno de sus principales problemas económicos. La magnitud que ha tomado el endeudamiento representa una considerable restricción para el desarrollo de una política económica que supere las crecientes condiciones de desindustrialización, desempleo y pobreza por las que atraviesa la Argentina. Tras el derrumbe del régimen de convertibilidad, la deuda ha llegado a representar aproximadamente el equivalente al producto bruto de la Argentina, y si se la quisiera cancelar sería necesario insumir más de 5 años de exportaciones o el equivalente a 14 años de recaudación tributaria. No es sólo un obstáculo para el desarrollo sino también una carga imposible de afrontar en las condiciones actuales.

Sin embargo, esta consideración no debe obviar el papel que ha tenido el endeudamiento en el funcionamiento integral de la economía argentina y, particularmente, en la acumulación y en la reproducción del capital de los sectores más concentrados caracterizadas por la preeminencia de la valorización financiera. En otras palabras, y tal como se intenta mostrar a lo largo del estudio, el problema de la deuda externa no se limita a una cuestión meramente financiera sino que se relaciona estrechamente con las características que ha asumido el capitalismo argentino a partir de la última dictadura militar y de las pautas que han tendido a consolidarse durante la década pasada.

La deuda externa tuvo su origen histórico en el período que se abre a partir de la última dictadura militar. A mediados de los años setenta, la economía internacional presentaba elevados índices de liquidez, bajas tasas de interés y bancos ávidos de obtener nuevas plazas de colocación, cuando comenzaron a afluir al mercado doméstico (y a los de otros países de América latina) importantes corrientes de capitales. En el caso puntual de la Argentina, el ingreso de esos capitales asumió inicialmente la forma de préstamos al sector privado. El marco contextual era el de una economía que había reducido drásticamente sus niveles de protección y, tras varias décadas de economía cerrada, encaraba un proceso de apertura. A ello se agregó la reforma financiera, concretada en 1977, que liberalizó la actividad financiera (en rigor, se trató de una transferencia al sector privado de un control decisivo sobre el comportamiento del sector bancario, en particular, y el financiero, en general).

El negocio del endeudamiento externo consistía, esencialmente, en aprovechar el diferencial existente entre las tasas de interés locales e internacionales. De este modo, las divisas ingresaban al país, se cambiaban al apreciado tipo de cambio vigente y se colocaban en el mercado financiero local, operatoria que arrojaba cuantiosas ganancias (que, en su gran mayoría, posteriormente se remitían al exterior). A diferencia de otros países de la región, que destinaron parte del endeudamiento externo a profundizar sus procesos de industrialización, en la Argentina se inició una etapa en la que la forma predominante de acumulación fue, y aún es, la valorización financiera ligada a la desindustrialización, a la centralización del capital y a la concentración de la producción y del ingreso.

Hasta fines de los años setenta se trataba esencialmente de una operatoria sesgada al sector privado (el endeudamiento público estaba asociado a las recurrentes crisis de balanza de pagos características del modelo sustitutivo). Posteriormente, también el Estado comenzó a participar asiduamente del endeudamiento, ejerciendo el papel de garante del mencionado proceso. Asimismo, y ante la magnitud que asumía el fenómeno, los bancos extranjeros comenzaron a exigir al sector privado local la apertura de depósitos bancarios que hicieran las veces de garantía para el funcionamiento de uno de los circuitos que por entonces formaba parte de la denominada “bicicleta financiera”.

El alza de las tasas de interés internacionales y el fracaso de la política económica de Martínez de Hoz pusieron fin a la operatoria. En 1981 la moneda se devaluó en forma significativa y el sistema financiero estuvo al borde del colapso. La “solución” fue aportada por el entonces Presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, quien resolvió la implementación de un seguro de cambio para permitir a los deudores privados locales el repago de su deuda con el exterior. Si bien dicho seguro incluía una tasa de interés, la inflación y las posteriores devaluaciones la fueron licuando y se produjo, en los hechos, la estatización de la deuda externa privada Se trató de una extraordinaria transferencia de recursos públicos hacia sectores concentrados del capital. Cabe recordar que sólo 28 grupos económicos locales y 102 empresas transnacionales concentraban nada menos que el 64% de la deuda externa privada y que, además, los deudores habían sido obligados por sus acreedores a disponer de depósitos bancarios como garantía.

El fenómeno verificado fue entonces una extraordinaria transferencia de capitales hacia el exterior, lo cual expresa la contracara del crecimiento de la deuda. En efecto, por cada dólar de endeudamiento externo existía aproximadamente otro dólar perteneciente a residentes locales que se había fugado al exterior situación que ha continuado verificándose hasta la actualidad.

De este modo, la deuda externa, que a mediados de los años setenta no superaba los 8.000 millones de dólares, en 1983 se encontraba en valores próximos a los 45.000 millones de esa misma moneda.

Restaurada la democracia, el gobierno de Raúl Alfonsín, en la figura de su primer Ministro de Economía, Bernardo Grinspun, partió de una posición dura y distante con el Fondo Monetario

Internacional (en adelante, F.M.I.) y estableció negociaciones con otros países de la región tendientes a la conformación de un “club de deudores”, pero las mismas se fueron diluyendo en pocos meses. La profunda recesión por la que atravesaba el país inhibía cualquier posibilidad de hacer frente al pago de la deuda y sus intereses, de modo que la mera acumulación de atrasos la fue incrementando hasta llevarla a valores próximos a los 60.000 millones de dólares al finalizar su mandato en 1989. Un año antes se había resuelto suspender los pagos por todo concepto, lo que provocó que se acumularan atrasos por unos 6.000 millones de dólares

En ese período fracasaron las diversas “soluciones” planteadas para hacer frente al problema de la deuda. Entrados los años noventa, y a partir del gobierno de Carlos Menem, se produjeron importantes transformaciones estructurales. El canje de activos públicos por papeles de la deuda fue una de las primeras medidas adoptadas por tal gobierno. En 1993 se puso en marcha el denominado Plan Brady, el cual sería en opinión de los funcionarios entonces gobernantes la solución definitiva al problema de la deuda. Lejos de ello, el Plan Brady representó el inicio de una nueva etapa de endeudamiento, situación que comenzó a evidenciar señales de agotamiento en el año 2000, agudizándose hacia fines del año 2001, cuando la crisis se profundizó aún más, se declaró el default de la deuda pública con los acreedores privados y se optó por abandonar el régimen de convertibilidad a partir de una fenomenal devaluación de la moneda doméstica.

La actual crisis de la deuda (la tercera en dos décadas) se desató en el marco de fuertes pujas en el escenario local e internacional. Por una parte, estuvo signada por la tensión entre “devaluadores” y “dolarizadores”, en un escenario donde la puja en torno a la salida de la convertibilidad estuvo planteada desde 1999. Por otra parte, se produjeron algunos cambios a nivel internacional. En particular, la asunción de George W. Bush en el gobierno estadounidense y la paulatina conformación de un contexto de opinión adverso hacia el accionar del F.M.I. generaron importantes modificaciones en la apreciación del caso argentino y en las perspectivas sobre la reestructuración de la deuda.

Antes de concluir esta introducción, la complejidad del fenómeno de la deuda trajo consigo dificultades para delimitar con mayor claridad su concepto. En las estimaciones realizadas por las autoridades económicas durante los años ochenta predominaba el criterio de “moneda”, según el cual todas las obligaciones del Estado contraídas en moneda extranjera debían ser consideradas como endeudamiento externo. Sin embargo, y tal como sigue ocurriendo en la actualidad, existía una considerable masa de acreedores de dicha deuda, tanto particulares como instituciones financieras y empresas, que eran residentes del país.

Otro criterio ha sido el de la “colocación primaria” de las deudas, según el cual se debe considerar como deuda externa toda obligación que fuera inicialmente contraída con una persona física o jurídica no residente en la economía local. También este criterio ha presentado problemas, razón por la cual, particularmente en los años noventa, ha sido frecuente la compraventa de títulos de la deuda argentina en el mercado secundario, los que, debido a ello, han pasado de manos entre residentes y no residentes con ostensible asiduidad.

El criterio adoptado por las autoridades económicas nacionales durante los años noventa fue el de estimar el stock de deuda existente en cada período del tiempo correspondiente a no residentes. De este modo, la mayor dificultad se ha presentado con los títulos públicos, debido a las frecuentes operaciones en el mercado secundario. De hecho, hacia fines del año 2001 se estimaba extraoficialmente que cerca del 60% de los títulos se encontraba en manos de residentes locales.

Independientemente

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