El Estado Frente a la Minería Informal e Ilegal en el Perú.

El Estado Frente a la Minería Informal e Ilegal en el Perú

A pesar de los esfuerzos llevados a cabo por el Estado los resultados de la formalización de esta actividad informal e ilegal han sido insuficientes. El crecimiento caótico y desordenado de la minería ilegal en el Perú, desborda cualquier control del Estado que se muestra incapaz de enfrentar este problema. El desarrollo de esta actividad ha generado graves afectaciones a los ecosistemas frágiles y a la salud de la población, es un problema de carácter multidimensional que en todos sus aspectos constituye una grave amenaza a la paz, la seguridad, la gobernabilidad, la economía y la estabilidad del Estado democrático de derecho que ostenta nuestro país, situación que se ve agravada por estar conexa a distintas actividades ilícitas como evasión de impuestos, interferencia directa sobre otras actividades económicas, así como una marcada descomposición social tales como, explotación infantil, alcoholismo, prostitución, desescolarización, inadecuada ocupación laboral, inseguridad ciudadana, etc. Asimismo, se asocian a la minería informal e ilegal situaciones delictivas, como trata de personas, lavado de activos, comercio clandestino, tala ilegal, corrupción, entre otros.

El Estado hasta ahora ha respondido con medidas represivas pero ineficaces, el Ejecutivo interpuso una serie de decretos legislativos de urgencia bajo la lógica de la interdicción, que no son más que medidas represivas de intervención policial, decomiso y destrucción de maquinarias, equipos, insumos, dragas. Se solicitó facultades al Congreso para legislar respecto a esta problemática a través de Proyectos de Ley, frente a la expansión de esta actividad ilegal, con la finalidad de erradicar la minería ilegal y la criminalidad asociada a ella a través de medidas de interdicción y persecución penal, el gran añadido ha sido la declaración de la minería ilegal como un delito penado con dos a seis años de cárcel. Con esta medida el Estado muestra, una vez más, su ausencia de políticas de cambio de carácter integral.

El Ministerio de Energía y Minas no tiene capacidad de fiscalización, tiene una política pública que es promover la gran inversión, sin dar atención a lo que pasa con la pequeña minería artesanal. Sólo reacciona cuando el tema se le va de las manos y hay presión social. Al no haber presencia del estado peruano y por consiguiente es visible la ausencia institucional, se viene reproduciendo una dinámica fluida de conexión entre la formalidad y la informalidad donde empresas formales suministran insumos a la minería ilegal con explosivos, mercurio, gasolina; empresas legales venden maquinaria a los mineros ilegales empresas tales como: Caterpillar, Draga, Volvo; compañías formales comprando el mineral ilegal como el oro; concesionarios formales alquilando sus concesiones a los ilegales, sin que el Estado ponga coto a este círculo vicioso de relación entre lo legal, lo ilegal y la corrupción manteniéndose el problema latente.

Esta situación resulta preocupante, Informe de Inteligencia Financiera reveló que la evasión fiscal de este ilícito negocio supera a la del narcotráfico en más de US$500 millones. La minería ilegal ha facturado US$3,400 millones entre enero del 2007 y junio del 2014, reveló un informe de Inteligencia Financiera en el marco del I Seminario Internacional sobre Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en el Sector Minero. Asimismo se informó que las exportaciones de la minería ilegal superan las cifras de las exportaciones en narcotráfico y que por este ilícito negocio se han destruido más de 50 mil hectáreas de bosques amazónicos en Madre de Dios.

“En el año 2011 la evasión fiscal de la minería ilegal superó los US$300 millones con utilidades de US$1000 millones. Antes del año 2010, la exportación del narcotráfico tenía las cifras más altas, sin embargo a partir del 2011 la exportación de minería ilegal lo supera en más de US$500 millones”, detalló Carlos Caro, socio fundador de Caro & Asociados.

La tipología de estos delitos tiene su mayor origen en el uso de recursos ilícitos, utilización de empresas fachada, uso de documentos falsos, depósitos fraccionados de dinero ilícito y reclutamiento de personas para realizar operaciones financieras.

El Ministerio del Ambiente, nos señala que el daño que hace esta situación resulta preocupante, tomando en consideración la existencia de minería informal e ilegal en veintiún regiones de nuestro país,

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