El Programa De Vaso De Leche: Problemas En Su Situación Actual Y Propuestas De Reestructuración.

El programa de Vaso de Leche: Problemas en su Situación Actual y Propuestas de Reestructuración.

El 4 de enero de 1985, en el gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry, se suscribió la ley 24059 que convirtió al Vaso de Leche en un programa de asistencia alimentaria materno-infantil en todos los municipios provinciales del país, propuesta que nació sobre la base de una situación social-económica crítica que prometía paliar el hambre y la desnutrición de todos los niños menores de 13 años y, que con el paso de los años, se ha venido consolidando como una organización social de base1, de cobertura nacional con fines de subsistencia.

Sin embargo, este mismo paso del tiempo ha hecho que el Programa de Vaso de Leche (o PVL, como será llamado en adelante), no haya logrado configurar de buena manera su normatividad, lo cual se traduce como una distorsión en sus principales metas y objetivos.

Es en este sentido que el presente ensayo tratará de discutir dos aspectos respecto del PVL los cuales se mostrarán en el siguiente orden; primero, la situación actual de PVL desde una perspectiva organizacional, política y nutricional, que nos permitirá identificar las principales fallas del Programa; y segundo, lanzar propuestas de reestructuración o modificación a las situaciones o fallas del primer aspecto.

1. Situación Actual del Programa del Vaso de Leche

El país tiene distintos programas sociales2 que están ligados con la cobertura alimenticia para sectores sociales en nivel de pobreza y extrema pobreza. Es entonces que el Estado peruano asigna el equivalente a noventa y cinco millones de dólares anuales al PVL; siendo el principal objetivo del programa el de “Mejorar el nivel nutricional de los sectores más pobres y fomentar la participación de la comunidad organizada3”. Así mismo, adicional al aporte del gobierno peruano, el Banco Mundial ha estimado un aporte por parte de las mismas socias del programa, aporte que llega a los 139 millones de dólares4; con lo cual, se puede notar que el Estado sólo aporta un 34% de todos los recursos y que la sociedad organizada aporta el 67% restante. Otro dato estadístico importante que vale la pena mencionar es que, según la Encuesta Nacional de Hogares (Segundo Trimestre de 2000, del Instituto Nacional de Estadística e Informática), el número de beneficiarios al año 2000 era de 2, 283,919 personas; de las cuales, el 64.2% son pobres y pobres extremos mientras que el 35.8% restante eran considerados no pobres; siendo por tanto este 35.8% el nivel de filtración o de free riders.

El PVL es parte de una de las políticas sociales del Estado, el cual está dirigido a dos grupos -o niveles de beneficiarios- objetivos focalizados. El primer grupo, consiste en niños de cero a seis años, mujeres gestantes y mujeres en periodo de lactancia; el segundo grupo, niños entre siete y trece años, adultos mayores y personas enfermas con tuberculosis. Este grupo de beneficiarios tan alto y a veces tan general, hasta hace poco no tenía un marco de referencia de atención. Recién en el 2001, por ley 27470, se logra establecer que el marco de referencia serán los índices de pobreza y extrema pobreza de los distritos de todo el país, para lo cual el MEF formuló los indicadores para la distribución del dinero para atender a los beneficiarios. Sin embargo, los grupos objetivos y el uso del índice de asignación del MEF no se sostienen como metodología de asignación, esto debido a que la cadena de distribución de los recursos y del alimento de los beneficiarios tienen una serie de fugas que hacen que el dinero asignado no llegue en su totalidad a los potenciales beneficiarios ocasionando entonces que el beneficio se distribuya no en los individuos con las características mencionadas, sino en los miembros de la familia de los beneficiarios.

En cuanto al nivel nutricional de los beneficiarios, las raciones para ellos consisten en un alimento líquido sobre la base de lácteos, harina de quinua, habas y soya5; lamentablemente, estas raciones presentan el menor contenido energético y proteico (a comparación de otros programas), y no satisfacen los valores nutricionales de hierro y proteínas; sin embargo, el costo por ración (en términos de calorías equivalentes), de este programa, es uno de los más elevados: S/. 1.247 nuevos soles por cada 1000 kilocalorías. El problema es esto, se debe a las pérdidas que se van dando a lo largo del Programa, desde que el estado destina el dinero, pasando por funcionarios, alcaldes, y personas responsables, hasta llegar a la mesa de los beneficiarios.

La investigación de Patricia Córdova en su documento de trabajo: “Apuntes para una Interpretación del Movimiento de Mujeres en los Comedores Populares y los Comités del Vaso de Leche en Lima”; y, la investigación de Lorena Alcázar en su libro “Las Pérdidas en el Camino”; describen los principales niveles de fuga de los recursos asignados al Vaso de Leche. Los principales y por ende más importantes niveles de fuga que valen la pena mencionar son cinco, estos son: desde el gobierno central a la Municipalidad; dentro de la Municipalidad; de la Municipalidad a los Comités de Vaso de Leche; de los Comités de Vaso de Leche a los beneficiarios; y dentro del hogar. Según las investigaciones, las fugas o pérdidas se dan en los niveles b, c, d y e. Brevemente se describirán las razones más resaltantes.

Dentro de la municipalidad. En este nivel, las fugas principalmente se deben a dos factores. El primer factor se debe a los costos administrativos extras que demanda la administración del Programa en cada Municipalidad, a pesar de que estos costos extras no deberían ser usados para fines externos al PVL, ya que la ley no lo prevé. La cantidad que se destina a los costos administrativos se desagrega en pago de personal, transporte de alimento6, y otros gastos administrativos. El caso más importante de fuga se debe a los costos de los productos que se compran. Las investigaciones muestran que a pesar de comprar grandes cantidades de insumos estos tienen precios inflados comparados con los precios de los mercados minoristas. Es interesante destacar, que el exceso llega en algunos casos al 50% de los precios de la harina de avena y quinua7.

Las autoras sostienen y coinciden que al recopilar información muchas de las Municipalidades a las que acudieron, se negaron a brindar información respecto de las compras que efectuaron, sobretodo en Municipalidades de distritos con pobreza y pobreza extrema, y en zonas rurales. Así mismo, se encontraron fugas mayores al 20%. Convirtiendo esta fuga en términos monetarios, de cada sol, los beneficiarios reciben sólo ochenta céntimos8 como máximo por parte del Estado.

De la Municipalidad a los Comités de Vaso de Leche.

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