Ensayo Sobre Proceso de Paz Colombia

Adriana Cabal Gutierrez
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La Seguridad Democrática en Colombia ¿Paz o Conflicto?

El denominado conflicto armado en Colombia, país situado al noroccidente de Sur América, se ha convertido en conocimiento internacional pues éste al extenderse en el tiempo por casi más de cinco décadas se ha convertido en uno de los conflictos internacionales con mayor renombre. Como muchos saben, Colombia ha sido azotado durante gran parte de su historia por la violencia, representada de diferentes formas como la violencia entre partidos, el narcotráfico, el paramilitarismo o el terrorismo guerrillero. A principios del nuevo milenio, donde fracasó el dialogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de aquí en adelante FARC, en cabeza del ex Presidente Andrés Pastrana Arango, los colombianos tornaron su principal preocupación al tema de la seguridad. Según un informe del Latino barómetro, entre los años 2001 a 2003 el 38,7% de los colombianos destacaban como problema más importante a la violencia política, el terrorismo y la guerrilla, seguido por el desempleo, con el 28%.^[1] Lo que hace que la búsqueda de la seguridad sea la prioridad para los colombianos hecho que conlleva a los candidatos a la presidencia en diferentes periodos a enfocar sus campañas hacia la búsqueda de la paz a través del combate militar o a través del diálogo y la lucha contra las drogas y el narcotráfico, lo que conocemos hoy como Los Diálogos de Paz.

La preocupación de la seguridad en el territorio colombiano a mediados del año 2002 llevo al ex Presidente Álvaro Uribe Vélez a crear la política bandera de su gobierno y la que se convertiría en la política más importante del país: Política de Defensa y Seguridad Democrática, proyecto que llevó al ex presidente Álvaro Uribe Vélez a conseguir la victoria en las elecciones del año 2002 y la reelección en el año 2006. Las consecuencias de la implementación de esta política son las que hoy me atrevería a decir que siguen abatiendo a Colombia en medio del conflicto, es por eso que nos detendremos a analizar sus consecuencias a nivel nacional, para entender como el supuesto de una población 100% segura ha llevado a los colombianos a vivir en medio de una guerra escondida a través de políticas publicas que buscan la Seguridad Democrática.

El documento, “Política de Defensa y Seguridad Democrática”, publicado en el 2003 por la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa que daba a conocer al publico la política que se convertiría en el proyecto político más importante de Colombia, estableció como objetivo general el “reforzar y garantizar el Estado de derecho en todo el territorio mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática.^[2]” El firme establecimiento del Estado de Derecho en todo el territorio nacional es una pieza clave para lograr el propósito de esta política, la cual consiste en “la protección de todos y cada uno de los habitantes de Colombia, como dispone la Constitución Política de Colombia. Si el Estado de Derecho rige plenamente, los derechos y libertades del ciudadano estarán protegidos; y en la medida en que el ciudadano se sienta protegido, se fortalecerá la participación ciudadana y la seguridad.”

El Estado de Derecho dio inicio entonces a la implementación de lo que estimaba ser una política milagrosa para conseguir la paz. Las cifras demostraron poco a poco que la política parecía servir, pero lo que no demostraba era que surgían otro tipo de violencias como Bandas Criminales Emergentes aliadas a las guerrillas, denominadas BACRIM, entre otros problemas que llevarían a una mayor violencia. Para el año 2002, el gobierno norteamericano mantuvo en la lista de 34 organizaciones acusadas de promover el terrorismo a las guerrillas del Ejercito de Liberación Nacional conocido como ELN, FARC y el grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)^[3]. Es claro que la política de Seguridad Democrática buscaría desintegrar principalmente estos tres grupos al margen de la ley, cosa que hasta hoy no ha podido lograrse. El entonces Estado colombiano en su lucha eterna por desintegrar las fuerzas armadas fortaleció a las Fuerzas Militares colombianas en cinco aspectos esenciales: asignar mayores recursos para aumentar y dar un mejor entrenamiento al pie de fuerza, destinar los recursos necesarios para desarrollar la calidad, el talento humano y el mantenimiento de los equipos, mejorar los sistemas de análisis, recolección y difusión de la inteligencia para que se pueda operar oportunamente, continuar con los programa que capacitan a los miembros de la Fuerza Pública en Derecho Internacional Humanitario y en Derechos Humanos y, por último, optimizar el material estratégico de las Fuerzas Armadas para garantizar la defensa de la soberanía y mantener la capacidad de disuasión^[4].  

Los recursos necesarios para lograr el fortalecimiento de los cinco aspectos anteriores implicarían un esfuerzo fiscal sumamente importante, el cual se pudo lograr a través de “un nuevo impuesto, que de forma temporal han pagado los sectores más pudientes de la población.”^[5] Adicionalmente, el Gobierno de Uribe “obtuvo la aprobación en el Congreso de la República de un proyecto de referendo, de una reforma tributaria y de un proyecto de reforma al sistema pensional. Todas estas reformas liberarán recursos para el mejoramiento de la seguridad.^[6]” Estos recursos adicionales traducidos en inversión en la Fuerza Pública equivaldrían a un aumento entre 2002 y 2008, de un 37% del conjunto de la Fuerza Pública, pasando de 313 406 hombres a 431 571. Las Fuerzas Militares aumentaron en un 40%, en 2002 había 203.283 hombres mientras que en 2008 ese número subió a 285.700. En este lapso de tiempo se crearon  casi 250 nuevas unidades militares, dentro de los cuales se incluyen sesenta batallones contraguerrilla, entre otros^[7]. Con los nuevos recursos y el incremento del pie de fuerza, la Fuerza Pública iría poco a poco retomando el control territorial, que en algunas zonas estaba en manos de las guerrillas y grupos paramilitares. Al margen de esto la población civil colombiana se veía cada día más y más afectada por los altos tributos cobrados y el gasto del dinero publico destinado en su totalidad a conseguir la seguridad. Lucha que se convertía en sinónimo de limitación de derechos a la población civil.

El control territorial es un elemento básico para que la política de Seguridad Democrática prospere. Según Ángela Cristina González, asesora de la Dirección de Justicia y Seguridad en el Departamento Nacional de Planeación, “la guerra configura y construye los territorios”^[8]. El territorio tiene tres dimensiones: física, social y una dimensión de percepción. Estas son alteradas cuando se produce un conflicto armado. Los actores armados, en este caso las guerrillas y paramilitares, buscan tener control sobre el espacio físico, incluyendo a su población y sus recursos para garantizar el desarrollo de sus acciones. En la dimensión social “se busca definir patrones de conducta a los pobladores y se configuran relaciones de poder a nivel local^[9]”. Estos conflictos llevan a que se altere la cultura y se creen nuevas identidades y nuevas percepciones del territorio y la forma en que se vive en este o puede llegar al punto de crear desarraigo cuando se es obligado a abandonarlo^[10]. Es por este motivo que el ejército buscaría retomar el control territorial atacando las tres dimensiones para evitar el reclutamiento de menores en las guerrillas como única opción para su subsistencia o porque han sido amenazados.

Para alcanzar esta meta el gobierno de Álvaro Uribe se planteó un ciclo de recuperación y consolidación, el  cual se dividió en tres etapas. La primera de ellas: La recuperación del control estatal del territorio. Esta etapa buscó recuperar gradualmente la presencia estatal y de la autoridad donde fuera necesario, iniciando por las zonas consideradas como estratégicas, a través de operaciones adelantadas por la fuerza pública. La segunda etapa consistió en  el mantenimiento del control estatal del territorio. Esta etapa buscaba una vez restablecido el control de la Fuerza Pública sobre los diferentes territorios, proteger a la población civil, mantener las condiciones de seguridad e iniciar el proceso de judicialización a los miembros de grupos terroristas y a quienes cometieran delitos de  alto impacto social. Por último, la tercera etapa buscó la consolidación del control estatal del territorio. Cuando las condiciones básicas de seguridad estuvieran garantizadas, el Estado restablecería el normal funcionamiento de la administración de justicia, fortalecería la democracia local, atendería las necesidades más urgentes de la población, extendería los servicios del Estado e iniciaría proyectos sostenibles y productivos de mediano y largo plazo^[11].

El proceso de la recuperación territorial traería consigo resultados determinantes. En primer lugar, el crecimiento de deserciones en los grupos ilegales alcanzó cifras nunca antes vistas gracias a la ofensiva militar de las Fuerzas Armadas. Entre enero de 2002 y agosto de 2009, 13.435 miembros de las FARC se entregaron a las autoridades y 2879 combatientes del ELN hicieron lo mismo que sus similares de las FARC^[12]. El debilitamiento de las guerrillas no solo fue afectado en su pie de fuerza, sus finanzas también sufrieron golpes dramáticos que afectarían sus actividades delictivas. “El secuestro extorsivo, que después del narcotráfico ha representado el segundo renglón de ingresos de las FARC, cayó en un 90% al pasar de 719 en 2002 a 72 en 2008”^[13]. Esto contribuiría a la recuperación territorial donde la presencia de la guerrilla de las FARC se redujo en un 62% entre 2002 y 2008 pues se registraron ataques en 209 en 2002 municipios contra 78 ataques en 2008. Los retenes ilegales en las carreteras del país disminuyeron un 86% en este mismo periodo de tiempo pasando 278 a 37^[14].

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