¿Es el Estado nuestra externalidad negativa más grande?

Desde la finalización de la era de la Revolución Industrial (1840), son muchas las generaciones que han presenciado el fuerte crecimiento que ha tenido el mundo de la industria en cuanto a procesos productivos, tecnología, nuevos materiales, nuevos productos, etc. Estos avances trajeron consigo un aumento en los empleos, salarios, una mejor calidad de vida y un sinfín de cosas más, por lo que en el apogeo de dichos avances se podía decir que todo iba color de rosas, como dice el popular dicho, y que todo apuntaba hacia avances que mejorarían sin duda alguna la calidad de vida de las personas.

Las empresas con ya bastante ambición comenzaron a producir cada vez más con el fin de obtener mayores ganancias y con el fin de ser líderes dentro del mercado, hasta que poco a poco la naturaleza, los animales e incluso nosotros mismos, los humanos, empezamos a sufrir las consecuencias. Desde que se acentuaron las problemáticas que provocaban las empresas a nuestro planeta y a nuestra salud, se ha observado un gran aumento de normas, leyes, permisos, subvenciones y multas que restringen a las empresas con el fin de disminuir las externalidades negativas que estas producen gratuitamente en nuestro entorno.

Si nos ubicamos en Chile, sabemos que existe la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente que “establece un marco general de regulación del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental. Asimismo, regula los instrumentos de gestión ambiental como la Evaluación Ambiental Estratégica, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el Acceso a la Información Ambiental, la Responsabilidad por Daño Ambiental, la Fiscalización y el Fondo de Protección Ambiental y la institucionalidad ambiental de Chile” (Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 1994). A pesar de la existencia de esta ley nos preguntamos ¿Ha funcionado realmente la aplicación de esta ley? o, mejor dicho, ¿Es esta ley, o todas en general, igual de estricta para todas las empresas?

Probablemente todos tenemos una opinión distinta respecto a esto, pero sí es oportuno reconocer que son varias las empresas (a nivel país y a nivel mundial) que han tomado en serio esta problemática y han optado por mejorar sus procesos con la finalidad de disminuir el impacto negativo en la Tierra. Si bien, es en base a estas preguntas el tema central de la reflexión de este ensayo, puesto que actualmente vemos cómo en varias partes de nuestro país se están sufriendo graves consecuencias por la falta de fiscalización a la contaminación que dejan las empresas y, además, de ver cómo las empresas más grandes casi siempre se les permite actuar sin problema, o en el caso de un castigo, se les aplican multas extremadamente bajas, o en el peor escenario, terminan con una eximición de su castigo ante prácticas anti ambientales.

Un claro ejemplo de ello es lo que ocurre en la Bahía de Quintero, donde en el 2018 ocurrieron las primeras intoxicaciones producto de altas concentraciones de contaminantes respirables (como arsénico, material particulado, dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles, etc.), emitidas principalmente por Codelco, AES Gener, ENAP, y otras actividades portuarias e industriales ligadas a estas. Se estima que ese año, entre los meses de agosto y octubre, hubieron “más de 1.600 atenciones en los servicios urgencias por síntomas como náuseas, cefaleas, mareos, pérdida de sensibilidad en las extremidades e inconciencia” (Ramírez, 2020).  Sumado a ello, cabe mencionar que este hecho solo fue la gota que rebalsó el vaso, puesto que ya “en la década de los ´60 los agricultores y dueños de predios de las comunas de Quintero y Puchuncaví acusaban pérdidas en sus cultivos, asociándolos a una de las instalaciones de refinería de esos años” (Ch., 2018).

Con los hechos ocurridos en el año 2018 la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso constó con medidas extraordinarias, colocando así 4 medidas para la zona:

1. “Prohibición de funcionamiento de todas aquellas empresas que no cumplan con los estándares de funcionamiento que establezca la Seremi de Salud, cuando las condiciones de ventilación así lo hagan aconsejable.
2. Obligación de las industrias de la zona de disminuir las emisiones de Dióxido de Azufre en un 20%, porcentaje que podrá aumentar si las condiciones así lo ameritan.
3. Restricción total de la emisión de compuestos orgánicos volátiles en períodos de mala ventilación, esto es, cuando sean calificadas de adversas por el Ministerio de Medio Ambiente.
4. Para la adecuada fiscalización de estas exigencias, las empresas deberán entregar sus planes operacionales una vez sea publicado este decreto” (T13, 2018).

A pesar de las medidas aplicadas ante la situación descrita, la efectividad de esta ha sido bastante vaga, puesto que a dos años de las intoxicaciones no se percibe ninguna solución real y efectiva. De hecho, actualmente se percibe que “la negligente situación de la Bahía de Quintero sigue siendo una realidad de la zona, no existiendo una auténtica voluntad de la autoridad por solucionar los problemas del lugar, como tampoco hay garantías de que episodios de intoxicaciones masivas no vuelvan a repetirse en la zona. Las falencias en materia de dictación y fiscalización normativa ambiental en nada ayudan a componer las confianzas rotas de la comunidad con las instituciones sanitaria y ambiental, las que claramente han abandonado su deber de velar por el derecho a la vida, la salud, la integridad física y psíquica y el derecho a vivir en un medio ambiente seguro y libre de contaminación” (Ramírez, 2020).

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