Estatuto Anticorrupción

ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN ¿SERÁN PAÑITOS DE AGUA TIBIA?

El estatuto Anticorrupción aplicará la estrategia integral de lucha contra la corrupción, que en palabras del gobierno incluirá la aplicación efectiva de las normas, la acción preventiva y coordinación institucional, y la colaboración ciudadana. El contexto en el que se expide el Estatuto es de preocupación generalizada por los actos de corrupción en diversos sectores del país, que se reflejan en los recientes escándalos en la contratación pública, en los sectores de salud y educación, y en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), por mencionar los más gravosos.

De manera general, el Estatuto tiene tres ejes fundamentales: 1. las reformas normativas, 2. la readaptación institucional para la lucha contra la corrupción y 3. la incorporación de medidas pedagógicas. Existen varios puntos a resaltar del nuevo Estatuto Anticorrupción, pero también deben hacerse algunos llamados sobre algunos inconvenientes que puede presentar su aplicación. El primer punto a resaltar es el liderazgo que ha demostrado el gobierno tanto a la hora de enfrentar los hechos descubiertos, como en la adopción de posibles soluciones al problema; debe reconocerse el esfuerzo del ejecutivo por propiciar un diálogo intersectorial que vincule a las entidades de control, la sociedad civil organizada, la academia y las entidades del orden nacional, haciéndolas participes de la estructuración del articulado, y motivándolas para desempeñar un rol activo y comprometido en la aplicación de la norma; es de elogiar también la intención de tomar medidas desde diferentes frentes, incorporando reformas en materia penal, disciplinaria, fiscal y contratación pública entre otras. Esto demuestra la intención de concebir el problema de la corrupción como un fenómeno complejo y transversal que requiere de medidas integrales.

Ahora, sin desconocer la buena intención de este mecanismo normativo, se debe tener presente que puede tener inconvenientes en términos de aplicación. Medidas como la imposibilidad de que ex servidores públicos se vinculen al sector privado durante los dos años siguientes al desempeño del cargo, han despertado posiciones encontradas; pues si bien hay consenso en la necesidad de adoptar medidas que eliminen la filtración de intereses particulares en las decisiones del sector público, éstas deben reconocer las condiciones reales del país, que en este tema se resumen en un Estado que no brinda los incentivos suficientes para que los funcionarios al interior del sector público lleguen a cargos directivos, siendo necesario que éstos vengan del sector privado, que es donde han adquirido la especialidad suficiente.

No se puede omitir tampoco lo que la historia reciente del país ha demostrado: la capacidad de adaptación de la corrupción a los esquemas normativos que se han diseñado casi de manera exclusiva

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