INTERES GENERAL COMO FIN DEL CONTRATO ESTATAL

EL INTERES GENERAL COMO FIN DEL CONTRATO ESTATAL

El Estado Colombiano de manera gradual, ha dispuesto los mecanismos necesarios para lograr una eficaz labor, en el cumplimiento de los cometidos consagrados en nuestra Constitución Política; es por lo anterior, que resulta imperioso recordar que en la época en que estaba vigente la Constitución de 1886, Colombia era considerado como un Estado de Derecho, lo cual fue modificado con la expedición de la Constitución Política de 1991 en donde define a Colombia como un Estado Social de Derecho, en la que el centro de todo es el individuo.

Igualmente, la Constitución de 1991 establece como presupuesto principal la plena y correcta actividad de la función administrativa, pues es el Estado a través de sus instituciones quien asegura el cumplimiento de los fines que éste persigue, la continua y oportuna prestación de los servicios públicos, así como la efectividad de los derechos e intereses que demanda la colectividad, operando como veedor de la satisfacción de todas las necesidades fundamentales.

En desarrollo de lo anterior, el Estado a través de la celebración de contratos en conjunto con el sector privado, unen fuerzas para satisfacer una necesidad carente en una comunidad, a fin de que en ella se obtenga una mejora en su calidad de vida.

Ahora bien, el artículo primero de la Constitución, de manera explícita desarrolla el interés general como un pilar del Estado Social de Derecho, el cual debe prevalecer en cualquier actuación de la administración frente al interés particular.  Y es mediante la correcta celebración de los contratos estatales, donde se concreta el desarrollo de este principio, pues si bien cierto, el privado tiene como objetivo el lucro de la actividad, no es menos cierto que actúa como colaborador del Estado para el cumplimiento de los fines de este.

En relación con la escogencia de los contratistas y/o empresas que van a realizar la ejecución del contrato estatal, existen unas condiciones para que se configure el cumplimiento de los principios de la contratación pública, donde no medie ningún tipo de parcialidad por grado de afinidad y/o parentesco, al momento de otorgar y adjudicar el contrato, puesto que de llegarse a presentar se estaría vulnerando el principio.

Así mismo, es deber de la administración propender por la correcta selección del proponente que tenga la oferta más favorable al interés general y no es dable que en el ejercicio de la función pública se encuentren casos donde prime el criterio propio desatendiendo el debido proceso.

El Consejo de Estado, respecto de los servicios públicos, ha determinado que su prestación debe ser de carácter permanente y continuo, más cuando por la falta del servicio se vulneran derechos fundamentales, igualmente, se observa que el principio de planeación guarda estricta relación con el interés general ya que en varios pronunciamientos ha señalado que los contratos del Estado deben ser el resultado de negocios debidamente pensados y diseñados para la satisfacción del interés general de la comunidad, sumado a esto, la planeación destaca la actividad de las entidades estales, respecto de la correcta destinación de los recursos públicos en el desarrollo de la actividad contractual, lo que a su vez materializa el principio de economía.

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