LA BANCA EN MEXICO

LA BANCA PRIVADA Y PÚBLICA

La primera etapa de la banca privada surgió en 1897, año donde se publico la primera Ley de Instituciones de crédito, hasta el año de 1982, fecha donde se expide el decreto de nacionalización de la banca. En esta etapa la banca estuvo conformada por sociedades de crédito; cada una de ellas se encontraba dedicada a una actividad determinada, tal como banca de seguros y fianza, préstamos hipotecarios, inversión, deposito de ahorro etc. Así mismo derivado de de las operaciones efectuadas por las instituciones de crédito, surgieron autoridades especiales, cuya finalidad fue la de evitar confusiones en las distintas operaciones y transacciones bancarias. En esta misma etapa la legislación tiende a organizar el control de la actividad bancaria, presentando la idea de extensión del crédito mediante la creación de de bancos que otorgan créditos refaccionarios y se contemplan aquellos que realizan operaciones respecto de fideicomisos. De la legislación resalta el reconocimiento a los grupos financieros considerándolos como intermediarios entre la banca especializada y la banca múltiple, la extensión a nivel internacional de la banca mexicana mediante el establecimiento de sucursales y agencias en el extranjero, y la consolidación, incorporación y diversificación de las operaciones, así como de servicios de banca múltiple. A partir de 1912 se creó la Comisión de Cambios y Moneda, surgiendo una serie de préstamos forzosos que hicieron los gobiernos posrevolucionarios, lo que obligo a los bancos emitir billetes sin ninguna garantía.

La reforma bancaria de México inicio en 1913 y culmino en 1925; para ellos se creó la Comisión Reguladora e Inspectora de Instituciones de Crédito, de 1915, y se declaró la caducidad de las concesiones de la mayor parte de las instituciones bancarias en 1915.

Las principales leyes del sistema bancario mexicano durante esta etapa fueron:

A) Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios (16 de Enero de 1925).

B) Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios (29 de noviembre de 1926).

C) Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios (29 de Junio de 1932).

D) Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares (31 de Mayo de 1941).

Hasta antes de la nacionalización, la banca era un fuerte canalizador de operaciones crediticias y de viabilidad de proyectos para la industria nacional. El Estado a través de la banca, tenía la labor de conjuntar la realización de obras y servicios; captar impuestos, generar y obtener créditos, manejar inversiones e instrumentos de deuda, capitalizar inversiones y pagar sus obligaciones.

A mediados de los años setenta, cuando México se había convertido en un importante exportador de petróleo, un 60% de los ingresos por exportaciones de México procedían del petróleo. En 1991 al iniciar la recesión mundial bajo la demanda de este hidrocarburo, el gobierno mexicano cometió el error al no bajar inmediatamente el precio de este ante la débil demanda, teniendo que endeudarse en el extranjero para compensar la caída de sus ingresos petrolíferos. La reserva exteriores del Banco de México bajaron al tiempo que los mexicanos cambiaron pesos por dólares. El efecto que recibió México como consecuencia de la caída de los precios del petróleo propicio que se agudizara la crisis económica del país; los bancos grandes y pequeños se vieron en necesidad de abandonar su actividad para salvaguardar el interés nacional. La política de tipo de cambio fijo y el exceso de gasto público y privado tuvieron como consecuencia una fuerte apreciación del tipo de cambio real. Las consideraciones oficiales del Ejecutivo Federal para proceder a la nacionalización de la banca privada previstas en la publicación del decreto fueron entre otras el hecho de que el servicio público de banca y crédito se habían venido concesionando a través de contratos administrativos a personas morales constituidas en forma de sociedades anónimas, con el objeto de que colaborarán en la atención del servicio que el gobierno no podía proporcionar integralmente, y por la razón de que la concesión, por su propia naturaleza, es temporal, puedes solo podía subsistir mientras el Estado, por razones económicas, administrativas o sociales, no pueda hacer cargo directamente de la prestación del servicio pública; el ejecutivo estimo en aquella época que la administración pública contaba con los elementos y experiencia suficientes para hacerse cargo de la prestación integral del servicio público de la banca y del crédito, considerando los fondos provenientes del pueblo mexicano, inversionista y ahorrador, a quienes era preciso facilitar el acceso al crédito; de igual manera se consideró que la falta de diversificación del crédito no consistía tanto en otorgar una parte importante de crédito a una o varias personas determinadas, sino lo que había faltado era hacer llegar crédito oportuno y barato a la mayor parte de la población , lo cual se estimo era posible atender con la colaboración de los trabajadores bancarios y con la confianza del público ahorrador e inversionista. Se consideró que el desarrollo sostenido y firme que requería el país en esa época se basaba en gran medida en la planeación nacional, democrática y participativa, requería que el financiamiento del desarrollo, tanto en el gasto e inversión pública como crédito, fueran servidos y administrados por el Estado, por estos de interés social y orden público, para ser manejados en una estrategia de asignación y orientación de los recursos productivos del país a favor de las grandes mayorías. Asimismo, esta medida no ocasiono perjuicio alguno a los acreedores de las instituciones crediticias

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