LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR FORESTAL

LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR FORESTAL

INTRODUCCIÓN

El Perú se ubica en el segundo lugar en extensión de bosques naturales a nivel de Sudamérica y en el noveno lugar a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de su inmenso potencial, este recurso no ha sido hasta la actualidad racionalmente utilizado ni contribuido económicamente al desarrollo del país. Los recursos forestales maderables sólo son aprovechados por una red de corrupción que trafican de manera ilegal con este recurso.

Con el presente ensayo se pretende poner en evidencia los casos en los que la corrupción a llegado a su máxima expresión y se propone algunos mecanismos para mejorar la gobernanza forestal y evitar el aprovechamiento ilícito de este recurso.

Los casos que se exponen fueron recopilados de informaciones periodísticas y documentos de investigación. El primer caso está referido a una red organizada que involucra a funcionarios públicos; en el segundo se expone la controvertida remoción de un funcionario que está empeñado en fortalecer la gobernanza forestal, esto con apoyo de autoridades de gobiernos regionales que estarían en contra de implantación de mejoras en el sector.

1. CASO: “CASTORES DE LA SELVA CENTRAL”

Este caso fue muy sonado durante el año 2017. Según el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, Dorti Nélida Porras Anchiraico de Bottger, conocida como “doncella”, líder de un clan familiar se valía de documentación falsa proporcionada por cómplices del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) para poder comercializar madera de origen ilegal.

La técnica que usaba esta organización criminal se conoce como “Carrusel”, en el cual el personal de la ATFFS – Selva Central pasaba como legal los Planes Operativos Anuales para la concesión de permiso de extracción. El método para ‘blanquear’ la madera ilegal era, en primer lugar, engañar a los propietarios de las zonas de extracción con unas supuestas compras de productos maderables que existían en su terreno. Para eso, les entregaban a los propietarios unas cartas poder, las cuales luego eran usadas por el clan familiar para los trámites administrativos frente a las autoridades forestales.

Durante las investigaciones policiales se encontraron involucrados consultores y funcionarios de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Selva Central (ATFFS–Selva Central).  Las medidas del SERFOR fue destituir al funcionario involucrado y emitir un comunicado en el cual se señalaba que “El SERFOR respalda el operativo realizado por el Ministerio del Interior y el Ministerio Público y lamenta profundamente estos hechos y rechaza cualquier actividad ilícita que atente contra el patrimonio forestal y de fauna silvestre. (…) El SERFOR brindará todas las facilidades e información requeridas por las autoridades competentes que llevan este caso”

1. CASO: DESPIDO DE DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERFOR ALBERTO GONZALES-ZUÑIGA

El Economista Luis Alberto Gonzales-Zuñiga Guzmán fue elegido como Director Ejecutivo mediante concurso público en enero de 2019, para ocupar el cargo por cinco años; sin embargo, en junio del 2020 fue destituido de su cargo invocando como causal la “pérdida de confianza” a los titulares, jefes, presidentes e integrantes de los consejos directivos o directorios de los organismos públicos.

La destitución Gonzales-Zuñiga fue muy cuestionada y muchos medios de comunicación evidenciaron que, en realidad, se estaba protegiendo intereses de la mafia involucrada en el criminal negocio de la tala ilegal. Algunos medios que señalaban el funcionario estaba empeñado en hacer realidad un conjunto de herramientas y mecanismos para la trazabilidad de la madera y así controlar y evitar  su comercio ilegal.

Pero lo que finalmente habría provocado su remoción sería su oposición a una propuesta de reglamento de cambio de uso del suelo hecha por la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura que aperturaba la posibilidad de convertir bosques en suelos agrícolas. Sin embargo, un informe de Servindi evidenciaba que los directores forestales de Loreto y Ucayali, quienes suscribieron un pronunciamiento avalando la destitución del funcionario, estarían involucrados en favorecer actividades de tala ilegal.

Este caso representa el poder que tienen las mafias organizadas de tala ilegal y que están entronizada de corrupción en el sector público

El informe presentado en el 2019 por el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL, por sus siglas en inglés) revela que un grupo de funcionarios del sector forestal permitieron sistemáticamente blanquear madera ilegal de la Amazonía peruana.  Así mismo la investigación titulada «Autorizado para robar: Redes de crimen organizado blanquean madera ilegal de la Amazonía Peruana» describe el modo de operación de estas redes en el Perú.

El blanqueo de la madera

La investigación del CIEL del año 2017 identificó que el blanqueo de la madera de origen ilegal se inicia en la elaboración, suscripción e implementación de Planes de Manejo Forestal (PMF), a cargo de los regentes forestales, “responsables de garantizar la sostenibilidad del recurso forestal”. Los expedientes administrativos del OSINFOR, revelarían que los regentes forestales elaboraron y suscribieron Planes de Manejo Forestal (PMF) con información falsa, específicamente con árboles inexistentes mayor al 40 por ciento. A esto se suma que funcionarios de Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre “motivaron la evacuación y la aprobación de los contratos y los PMF con inventarios en donde no existía más de 40% de los árboles”.

Para que la exportación de madera ilegal sea posible, los funcionarios públicos de Loreto y Ucayali avalan con documentación que contiene información falsa el paso de la madera hasta llegar al puerto del Callao. Gonzales-Zúñiga había estaba empeñado en implementar el Módulo de Control del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre (MC-SNIFFS), herramienta que ayudar a acreditar el origen legal de la madera peruana en el mercado nacional e internacional, además que anunciaba materializar el Anexo 18 sobre el manejo del sector forestal del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos. Estas medidas perjudicarían el comercio ilegal y la red de la corrupción “movieron sus piezas” para que esto no sucediera.

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