La Corrupción en Colombia y el rol del contador público dentro de ella

La Corrupción en Colombia y el rol del contador público dentro de ella.

Daniel Duque Pardo

Universidad del Valle

Curso Introducción al derecho

y constitución política

En éste ensayo abordaremos el tema de la corrupción, más particularmente desde el oficio del contador público en Colombia, también intentaremos entender por qué surge el estigma que se tiene de la profesión, cuál es su papel dentro de esta práctica perjudicial y cómo debe ser la postura tomada por el contador actual frente a la corrupción. Tomaremos además un ejemplo puntual de corrupción reciente dentro de nuestro país, para así ejemplificar cómo y qué normas se infringen al guiarse por unos intereses, bajo qué circunstancias se lleva a cabo, y además, dimensionar la magnitud del impacto que puede generar un manejo inadecuado de los recursos en nuestra sociedad.

Para poder tratar este tema es menester definir tanto lo que consideramos corrupción o fraude, así como en qué consiste la profesión del contador público y por qué recae en él una alta responsabilidad social.

Según The Institute of Internal Auditors el fraude es: “Todo acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o abuso de confianza. Son actos que no dependen de amenazas, de violencia ni de fuerza física. Los fraudes son cometidos por personas y organizaciones para obtener dinero, bienes o servicios para evitar el pago o la pérdida de servicios, para obtener una ventaja personal o comercial.”

Otra definición de corrupción en un sentido más analítico se puede decir que es el incumplimiento de manera intencionada del principio de imparcialidad con la finalidad de extraer de este tipo de conducta un beneficio personal o para personas relacionadas.

De estas definiciones cabe resaltar que son acciones de índole voluntaria y consciente, además que para poder ser realizadas, la persona u organización debe de contar con la responsabilidad de certificar o validar información, para así poder corromperla. Es allí donde estaría el abuso de confianza pública, y por ende donde encontramos el rol del contador público en estas prácticas.

De acuerdo con las NIF (Normas de Información Financiera), las cuales comprenden un conjunto de conceptos generales y normas particulares sobre la profesión y que regulan la elaboración y presentación de la información contenida en los estados financieros; la definición de contador público es la siguiente:

“Se entiende por Contador Público la persona natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la presente, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros, realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general.”

Dicha facultad para dar fe pública es la que otorga a la profesión una alta responsabilidad social, entendiendo que la importancia de su labor es velar por la veracidad de los documentos financieros que expide para así realizar una toma de decisiones adecuada. Todo esto llevado a nuestro contexto de mala administración de recursos, viveza y egoísmo entre los altos círculos económico-políticos es la razón por la cual el contador público goza de tan mala reputación, ya que para ejecutar un fraude, como mínimo hubo la participación de un contador que accedió a ser cómplice.

Su aporte en un fraude se puede realizar mediante distintas técnicas como lo puede ser la manipulación, falsificación o alteración de registros contables o documentación de soportes con los que se preparan los estados financieros. Representación engañosa, u omisión intencional en los estados financieros de hechos, transacciones u otra información importante. Mala aplicación intencional de principios de contabilidad relativos a montos, clasificación, manera de presentación o revelación.

Este estigma se debe erradicar de manera interna, desde los mismos profesionales en la contaduría pública, dando ejemplo de buena praxis con transparencia en sus registros, tomando una posición firme en contra de las prácticas corruptas y demostrando esta ética dentro y fuera de su campo laboral, de lo contrario se estaría perdiendo la razón que dio origen en sí a la profesión.

¿Pero, cómo no tener esta sensación de ultraje constante, de “compinchería” y de impotencia frente a la distribución de recursos públicos, e incluso privados, si los estudios lo demuestran?

Una encuesta realizada por Transparencia Colombia sobre Prácticas contra el soborno en empresas evidenció que el 91% de los empresarios percibe que se ofrecen sobornos en el entorno de los negocios.

De acuerdo con el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (2015-2016), Colombia se ubicó en el puesto 126 entre 140 países en el Indicador de Ética y Corrupción, advirtiendo que el puesto 140 es el peor.

Y para culminar, según Felipe Córdoba, auditor general de la República, hay 17.000 procesos de responsabilidad fiscal  por una suma aproximada de 19 billones de pesos, y la recuperación de los recursos públicos por acción del control fiscal apenas llega al 0,07%.

En el siguiente caso expondremos cómo a través de artimañas contables y jurídicas se perjudicó trágicamente la producción agrícola del país, además del derecho previamente concebido que le otorga a la clase campesina una cantidad de hectáreas de terrenos baldíos para una distribución democrática y diversa del terreno.

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