La Politica Soial De Venezuela

La Política Social de Venezuela: volver a lo básico

Luis Pedro España N.

De lo anterior a lo actual

Durante décadas la política social del Estado venezolano siguió un programa de inversión en capital humano y de intervenciones en lo económico (en el mercado laboral, control de salarios y subsidios indirectos al consumo) que a la postre convirtió al sector social en un área que absorbía recursos sin evaluar el impacto de sus acciones y que más bien atendía las demandas de los grupos articulados políticamente. A consecuencia de la crisis de la década de los 80, cuando los cambios en las condiciones económicas debilitan la continuidad de las políticas con fines distributivos, queda en evidencia el bajo impacto de las políticas sociales dirigidas al fortalecimiento del capital humano para mejorar la pobreza creciente en el país. La ausencia de objetivos y criterios distributivos, los límites al principio monopolista del Estado, las ineficiencias derivadas del principio de universalización, así como los problemas de orden institucional en el sector social se tradujeron en un deterioro de la calidad de los servicios sociales prestados y una merma en los niveles de cobertura.

En la década de los 90, junto con los programas de ajuste macroeconómicos comienzan a instrumentarse un conjunto de programas sociales como estrategia complementaria de atención a los problemas y déficits de la política tradicional en este sector, orientados a poblaciones específicas, a través de instituciones especiales, con una mayor participación de la sociedad civil, de las comunidades y de los gobiernos regionales y locales. Esta experiencia se inicia con el Plan de Enfrentamiento a la Pobreza (PEP) durante 1989 y 1993, y posteriormente con el denominado Plan de Solidaridad Social y el componente social de la Agenda Venezuela, durante los años 1994 y 1998.

A partir de 1999, con el comienzo del actual gobierno, el país es escenario de una serie de cambios en la esfera político-institucional. Se inicia el proceso constituyente que terminó con la aprobación de una nueva Carta Magna. En este nuevo marco jurídico se amplían en su alcance y se especifican algunos derechos sociales contemplados en la Constitución anterior y se reconocen otros a los fines de garantizar la inclusión de todos los sectores de la población.

Así por ejemplo se consagra: el derecho a la protección integral de la familia como prioridad absoluta (art. 78); el logro del tránsito productivo hacia la vida adulta de los jóvenes (art. 79); el derecho a la salud como obligación del Estado (art. 83 al 86); la protección de las personas en situación de discapacidad (art. 81); el derecho a la educación gratuita y obligatoria hasta el nivel medio y diversificado (art. 102 y 103); el derecho a la vivienda (art.82), al trabajo, a una remuneración adecuada y a la seguridad social (art. 80, 86 y 87); se da especial consideración a los pueblos indígenas otorgándoles por primera vez representación política y respeto jurídico a sus territorios y sus costumbres (art. 199-121). Así mismo se le asigna un papel relevante a la participación ciudadana tanto en lo político como en lo social.

Tratando de responder a los cambios fundacionales, se conforman nuevos poderes e instituciones públicas, se plantean un conjunto amplio de reformas legislativas y se realizan una serie de reestructuraciones en los organismos de la administración central, que llevan a la fusión de algunos ministerios y a la creación de otros.

Los lineamientos generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, se presentan como el instrumento orientador de las políticas públicas. En él se expresan los objetivos y las estrategias a los fines de lograr el “equilibrio social”, el cual se alcanzaría mediante la profundización del desarrollo humano a través de la ampliación de las opciones a la población y de la oferta de mayores oportunidades de: educación, salud, empleo, ingresos, organización social y seguridad ciudadana. Se establece el imperativo de superar las amplias desigualdades sociales, pero “no a partir de acciones benéficas y asistenciales”, sino en función de los objetivos sociales y económicos consagrados en la Constitución. En este sentido se señalan como principios del equilibrio social “la universalidad, la equidad, la participación y la corresponsabilidad con base a la garantía de todos los derechos”. Se entiende que en la lucha contra las desigualdades y la pobreza hay que alcanzar mayores niveles de eficiencia económica, por lo cual la política social se concibe como parte de un conjunto más amplio de políticas, conformado por la estrategia de desarrollo de los sectores productivos, la reconstrucción y fortalecimiento de las instituciones públicas, el desarrollo regional, el incremento de la proporción de las inversiones productivas sobre las financieras y la construcción de un sólido sector de la economía social.

Hasta aquí el discurso... vamos a los hechos

La política social de la actual administración ha estado signada por una gran preocupación dados los niveles de pobreza y las condiciones de vida de la población venezolana, las cuales se han deteriorado de manera espectacular durante las dos últimas décadas, generando un descontento social que sirvió de contexto para el florecimiento de proposiciones de cambio y transformación. Sin embargo, en lo que va de trienio del presente gobierno los problemas de empobrecimiento lejos de reducirse se han agudizado, al punto que se estima un aumento en el porcentaje de pobreza de 12,5 puntos porcentuales para finales del año 2002 con respecto a su valor en 1999.1

La preocupación por lo social de la actual administración no parece manifestarse en los hechos, en la evidencia empírica de sus errores, sino en un encaramiento de tipo voluntarista y militante que le exige tanto a los objetos como a los sujetos de la política social un compromiso político a La Política Social de Venezuela: volver a lo básico / Luis Pedro España N. 3 favor del régimen. Así la atención a los grupos o poblaciones especiales (o en pobreza) pretende privilegiar la atención de “problemas concretos y específicos”, acción ésta que se implementa bajo la rúbrica de “la emergencia social estructural”. Esta perspectiva ha dotado a la política social actual de tres características novedosas:

a) No es muy estructurada sino que agrupa una inmensa cantidad de iniciativas de rango y alcance diverso, tratando con ello de cobijar las numerosas demandas que puedan presentarse al Estado.

b) Está signada por la exigencia de innovar, incluso en las áreas más estables y permanentes de la política social (como por ejemplo, el sistema escolar o la prestación de los servicios de salud), de allí que todo se encuentre “en revisión o evaluación”. Esto reporta una gran inestabilidad para un sector ya bastante afectado por razones distintas a las de la revisión completa de la política, por lo que adquiere a tiempos la forma de un sector “experimental”.

c) Utiliza formas no ortodoxas o alternas de ejecución de políticas, como es el caso del uso permanente de la Fuerza Armada Nacional como institución encargada de “hacer llegar los productos de la política social a los sectores más necesitados”.

Por todo lo anterior, la política social (más allá de la tradicional), al menos hasta el presente, ha estado orientada a la atención de los síntomas de la pobreza, de modo que se trata de una política asistencialista y de poca discriminación o focalización de los beneficiarios de la misma, con un criterio de reparto de bienes o servicios de manera indiscriminada, y siempre insuficiente, desconociendo las diferencias regionales, entre lo urbano y lo rural, e incluso sin considerar la posible heterogeneidad existente en las barriadas de las principales ciudades del país.

De manera que, la política social de la actual administración no ha hecho sino profundizar los problemas que tradicionalmente venía arrastrando el sector, ellos son:

a) De carácter estratégico:

a.1) Indefinición en cuanto a los objetivos de la política social, así como de los medios para alcanzarlos.

a.2) Inestabilidad de las políticas que se emprenden. Cada nuevo funcionario que toma posesión de una dependencia del sector pretende renovar o reemplazar los programas o proyectos que ejecuta. Esta falta de continuidad ya no sólo va atada al cambio de gobierno sino al de funcionarios dentro del mismo régimen.

a.3) Ausencia de evaluaciones de cualquier tipo, bien sea de impacto o de gestión. Por lo tanto el sector, sus gerentes y decisores actúan bajo la lógica de la “política ciega”.

b) Para con el beneficiario:

b.1) Insuficientes servicios sociales en

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