“La rendición de cuentas en el manejo de fondos públicos”

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA [pic 1]

ESCUELA CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

CÁTEDRA DE DERECHO

CENTRO UNIVERSITARIO: HEREDIA

CURSO: DERECHO EMPRESARIAL II CÓDIGO: 05112

TAREA (ENSAYO)

“La rendición de cuentas en el manejo de fondos públicos”

NOMBRE DE ESTUDIANTE Y CÉDULA:

Yanory Solís Solís

Ced.  1-11240680

GRUPO: 01

TERCER CUATRIMESTRE-2017

La rendición de cuentas en el manejo de fondos públicos

Tradicionalmente Costa Rica ha sido un país libre, donde prevalece la democracia, donde el estado gobierna para y por el pueblo. Sin embargo, este último siempre ha sido muy confiado y poco rígido en la exigencia de resultados.

El estado siempre ha sido un ente colectivo, que vela por el bienestar del pueblo, principalmente a partir de los años 70, después de la segunda guerra mundial, este se caracterizaba por su intervención en prácticamente todos los campos económicos, político y social, produciendo poca apertura de la parte privada. Por lo que, en el conocido Estado de Bienestar (Hidalgo, 2003) generó cada vez más servicios de atención a la ciudadanía, con afán de satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, empezó a gastar más dinero del que se generaba y los servicios que prestaba perdieron eficiencia, se generaron problemas como: inflación, desempleo y bajo desarrollo económico (Vázquez, 2008). Situación que generó que se empezarán a buscar las causas de esa crisis y darle solución. Fue así como los organismos financieros internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y otros), el grupo de los G-7 y presidentes de algunos bancos mundiales internacionales “brindaran” una solución al, para ellos, defectuoso Estado de Bienestar, con lo que propusieron darle más participación y protagonismo al mercado (Vázquez, 2008).

Con esta determinación se dio apertura al nuevo Estado Neoliberal, con lo que se “le otorgó protagonismo al mercado, la intervención del Estado debía ser mínima e incluso circunscrita a crear y mantener las condiciones para la operación eficiente del mercado” (Vázquez, 2008, p. 55), es decir un estado que trabaje para que la parte privada se imponga, y es así como se fue dando camino a la pérdida de instituciones estatales, ya que se privatizaban cada día más, como se va perdiendo la identidad nacional y empresas extranjeras son cada vez mayores. Es así como la parte pública se ha ido consumiendo ante el gigante económico de las empresas multinacionales e internacionales, que limitan las pequeñas empresas de nacionales que tratan de ir sobreviviendo en una economía movida por los más poderosos. Con este nuevo Estado neoliberal, la gestión pública se ha visto en una competencia con las entidades de gestión privada, donde estas se enfocan más en resultados eficientes y de calidad. De esta manera, se ha visto como algunos mecanismos y procesos provenientes del manejo del mercado se han ido introduciendo en la parte pública, como lo han sido las contrataciones externas, o el otorgamiento de organizaciones estatales en dirección privada, etc.

De esta manera, la gestión pública dió un giro y en 1998, el Consejo Directivo del CLAD alertó en el documento “Una Nueva Gestión Pública para América Latina”, donde lo que pretendía lograr era una gestión pública más eficiente, competitiva y de calidad, tal como lo menciona Guerrero (1999) citado por Vázquez  (2008, p. 118) “se trata de contraponer el nuevo paradigma gerencial: ágil, eficiente y moderno, al viejo paradigma de la Administración Pública: lento, olvidado de la eficiencia y tradicional”, por lo que se evidencia como el nuevo concepto trae consigo mayor eficiencia, cumplimiento de resultados y nuevas exigencias para todos los funcionarios públicos. Esta es definida a nivel general en la página web de rendición de cuentas de España como el acto administrativo mediante el que los responsables de la gestión de los fondos públicos o cuentadantes informan, justifican y se responsabilizan de la aplicación de los recursos puestos a su disposición en un ejercicio económico.

Sin embargo, a nivel más acotado y adaptado a cada nación se dice que la rendición de cuentas está relacionada con la adopción de la transparencia y legalidad en todos los procesos, especialmente en lo relacionado al uso de fondos públicos, ya que este se rige en el segundo principio de lo público “como lo que es y se desarrolla a la luz del día, lo manifiesto y ostensible” (Vázquez, 2008, p. 87). La rendición de cuentas viene a dar paso así, a un proceso de legalidad y fiscalización de las entidades superiores costarricenses, quienes la definen como “la obligación de toda persona a la que le es conferida una responsabilidad, de dar cuenta del encargo recibido, haciendo un descargo que puede ser satisfactorio o insatisfactorio, debiendo provocar en el primer caso reconocimiento o efectos favorables, y en el segundo caso desaprobación o consecuencias negativas”. (Bolaños, 2010, p. 110). Arroyo y Bolaños (2014) agregan a éste como “una exigencia periódica por parte de todos los funcionarios públicos, quienes están obligados a informar sobre la utilización de recursos que, como depositarios de autoridad, gestionan en términos de seis variables a saber: la economía, la eficacia, la eficiencia, la ética, la equidad y la ecología” (p.33).

La rendición de cuentas es un proceso que se basa en la Carta Magna costarricense, donde se reconoce que “los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad” (Constitución Política de la República de Costa Rica, Art. 11) y que “la soberanía reside exclusivamente en la Nación” (Constitución, Art.2), de esta manera las autoridades políticas y públicas deben rendir cuentas a toda la ciudadanía. El que no haya rendición de cuentas impide conocer si los depositarios de la autoridad que menciona el texto constitucional cumplen real y efectivamente con las obligaciones que la ciudadanía les ha confiado. Además, se debe tomar en cuenta que el rendir cuentas hace referencias tanto a rendir cuenta de las acciones y decisiones de la función pública como al manejo propio de los fondos públicos o del Estado.

Sin embargo, para efectos de este trabajo se hace referencia exclusiva en la rendición de cuentas de los fondos públicos. Por lo que, se define a detalle a que se refieren los fondos públicos. Según el diccionario de Leyes “Dictionary Black de Leyes” estos son el dinero que es utilizado por el gobierno para proporcionar bienes y servicios al público en general. Este dinero ha sido generado u obtenido por el gobierno. Por otra parte, el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica (1994) los cita como “los recursos, valores, bienes y derechos propiedad del Estado, de órganos, de empresas o de entes públicos”. Los mismos son atendidos por el derecho financiero, ya que todo asunto del estado es regido bajo el principio de legalidad. Este derecho se ocupa de los ingresos y gastos públicos, todo lo relacionado con constitución y la hacienda pública, dentro de la cual se encuentran los fondos públicos. Tal, como lo contenido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República que menciona que esta estará constituida por los fondos públicos, las potestades para percibir, administrar, custodiar, conservar, manejar, gastar e invertir tales fondos y las normas jurídicas, administrativas y financieras, relativas al proceso presupuestario, la contratación administrativa, el control interno y externo y la responsabilidad de los funcionarios públicos.

Sin embargo, con los nuevos mecanismos privados incursionados en la parte pública, como contratación externa, licitaciones, cooperativas y otros, la malversación de fondos ha sido cada vez más popular en nuestro país, ya que esto ha abierto portillos de negociaciones por debajo de la mesa donde altos funcionarios se ganan su buena “tajada del queque” (dinero, regalías) a fin de ejercer alguna influencia para la otorgación de licitaciones o contratos a esas compañías con las que ya han negociado por detrás de la puerta.

En los últimos años en nuestro país ha habido varios escándalos de políticos y altos funcionarios relacionados con el mal manejo de fondos públicos, como ha sido los casos de la crisis que se ha presentado en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por la compra de productos y equipos, la construcción de la carretera a Caldera, la mina Crucitas, la construcción de la sonada  “Trocha fronteriza” que ocasionó de rebote gran daño ambiental y actualmente el llamado “cementazo chino”, donde altos jerarcas del Banco de Costa Rica y del gobierno se han visto involucrados en el otorgamiento de préstamos por miles de millones de dólares sin respaldo real, entre otros y muchos más que posiblemente desconocemos y aún no han salido a la luz.

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