Las principales funciones que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS

HUMANOS

A continuación analizaremos las principales funciones que desempeña la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la evolución de la labor de este organismo en el contexto latinoamericano y el juego que desempeño durante los procesos de democratización frente a dictaduras militares y a la constante adaptación a nuevos contextos y necesidades de América en el ámbito político.

La CIDH ha evolucionado desde sus inicios experimentando significativas transformaciones en los diferentes momentos históricos y sociales. Fue creada en 1959 en Santiago de Chile, como resolución de la quinta reunión de consulta de Ministros de relación exterior. La comisión está integrada por siete personas de reconocida trayectoria en Derechos Humanos.

Entre sus funciones están las de preparar los estudios e informes relacionados con los países miembros, practicar visitas in loco, la cual consiste en realizar visitas para la toma de responsabilidades legales, así como reformular recomendaciones para que los estados miembros adopten medidas progresivas en favor de los Derechos Humanos, solicitando se le proporcionen informes de las medidas adoptadas prestando asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con los Derechos Humanos y desarrollando mecanismos de monitoreo estrecho, llamadas relatorías para el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los estados miembros.

La tramitación de las peticiones individuales por la Comisión sigue un procedimiento que se divide en tres etapas: trámite inicial yprocedimiento de admisibilidad; la tramitación en el fondo y la decisión sobre el fondo, y eventual sometimiento del caso a la CorteInteramericana de Derechos Humanos.

La CIDH desempeña actividades de promoción de los derechos humanos que emprende a través de seminarios, publicaciones, pasantías y otros medios, que se refieren básicamente a tres ámbitos: la difusión de los derechos humanos en general, la promoción del propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la educación acerca de la necesidad de incorporar los derechos humanos en el orden jurídico interno.

La prioridad de la Comisión consiste en la elaboración de Informes sobre Países, mediante la realización de visitas in loco y al mismo tiempo, la CIDH plantea los órganos políticos de la OEA desde su primer período de sesiones y durante varios años que se le reconociera el poder de conocer de casos específicos, reconocimiento que obtuvo en 1965.

Sin embargo durante sus primeras tres décadas de trabajo, la mayoria de las iniciativas de la CIDH se concentraron en diferentes violaciones cometidas de manera masiva y sistemática por regímenes dictatoriales.

Por lo que en la medida en que ha evolucionado hacia sistemas democráticos de gobierno, la Comisión ha diversificado sus tareas, así como el tipo de materias a las que se aboca.

El nivel de impacto de la CIDH ha sido significativo en distintos ambitos, contribuyendo a factores importantes como la visibilidad pública que este organismo ha tenido desde sus inicios y el hecho de que los comisionados puedan operar de manera autónoma, no dependiente de los Estados de los cuales son nacionales.

La competencia de la Corte es limitada pues sólo puede atender casos en los que: a) el Estado involucrado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, b) el Estado involucrado ha aceptado la jurisdicción opcional de la Corte (hasta 1992, sólo 13 de 35 naciones habían suscrito esta jurisdicción opcional) c) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha completado su investigación, y d) el caso fue remitido a la Corte ya sea por la Comisión o por el Estado implicado en el caso, dentro de los tres meses siguientes a la publicación del informe de la Comisión. Un individuo o peticionario no puede independientemente dar lugar a que un caso sea considerado por la Corte.

Cuando la Comisión presenta un caso ante la Corte de Derechos Humanos, notifica al demandante original. En ese momento, el demandante o un apoderado tienen la oportunidad de solicitar medidas necesarias, incluyendo precauciones para los testigos y protecciones para la evidencia.

Los procesos son tanto orales como escritos. Inicialmente, son presentados un Memorial y un Contra memorial. Estos pueden estar acompañados por una declaración de cómo serán demostrados los hechos y cómo será presentada la evidencia. Cuando ocurra que estén involucrados temas legales complejos, los demandantes pueden solicitar un escrito de apoyo, amicus curiae, de una ONG. Normalmente, las audiencias son abiertas al público pero la Corte puede decidir cerrarlas.

Las deliberaciones de la Corte siempre son secretas y confidenciales; sus sentencias y opiniones son publicadas. Si la Corte dictamina que un derecho ha sido violado, ordenará que la situación sea rectificada. Puede conceder compensaciones para la víctima por los daños reales, el perjuicio emocional y/o los costos del litigio, pero no adjudicará sanciones.

Declaración de Cartagena sobre refugiados

En 1984, diez Estados de Latinoamérica adoptaron la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, la cual contiene una extensión de la definición de refugiado que se encuentra en la Convención sobre Refugiados de las Naciones Unidas de 1951."…las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público". Esta definición fue aprobada por la Asamblea General de la OEA de 1985, la cual acordó urgir a los Estados miembros a extender su apoyo y, en la medida en que sea posible, poner en práctica las conclusiones y recomendaciones de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados. Aunque no es formalmente de obligatorio cumplimiento, la Declaración de Cartagena sobre Refugiados ha llegado a ser la base de la política sobre refugiados en la región y ha sido incorporada en la legislación nacional de varios Estados.

Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura

Esta Convención fue adoptada en 1985 y entró en vigor el 28 de febrero de

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