Legislacion En Comunicacion

2.- DISPOSIONES INTERNACIONALES

2.1. Derecho internacional en Comunicaciòn.

Los derechos referidos a la comunicación han sido esenciales para el concepto de los derechos humanos universales surgido a mediados del siglo XX, y para su consolidación en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Pero de manera general se acredita a Jean d’Arcy el haber sido el primero en presentar explícitamente argumentos a favor de un “derecho a comunicar”. En 1969, mientras ocupaba el cargo de Director de los Servicios Radiales y Visuales en la Oficina de Información Pública de las Naciones Unidas, escribió:

“Llegará el momento en que los (DUDH) tendrán que incluir un derecho más amplio que el derecho humano a la información, planteado por primera vez hace 21 años en el Artículo 19. Se trata del derecho humano a comunicar. Este es el punto de vista desde el que tendrá que verse el desarrollo futuro de las comunicaciones si se desea entenderlo completamente”. [2]

Plataformas intergubernamentales: NOMIC, UNESCO y Comisión MacBride

Poco después, el tema fue catapultado a los primeros planos geopolíticos. Pronto la idea de un “derecho a comunicar” se convirtió en el tema fundamental de un debate diplomático internacional que duró varios años - el debate sobre lo que se dio en llamar Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC).

Desde la perspectiva del papel emergente de los medios y la comunicación, muchos países comenzaron a preocuparse seriamente por el impacto que tendrían en la identidad nacional, la integridad cultural y la soberanía política y económica. El NOMIC, liderado por el Movimiento de Países No Alineados (NOAL) de la ONU, se centró en:

la doctrina de la libre circulación de la información, que reforzaba el dominio de los medios y del contenido de noticias occidentales;

la creciente concentración de los medios y de la industria de la comunicación, lo que se traduce en una mayor posesión extranjera de los medios en los países más pequeños y más pobres;

la forma en que la creciente importancia de las tecnologías controladas por Occidente para la producción y difusión de los medios era difícil de seguir por los demás.

Como único organismo de las Naciones Unidas equipado para debatir de manera coherente la gama de temas surgidos, la batalla se llevaría a cabo sobre todo en la UNESCO, donde permanecería durante una década. A partir de 1973, el NOAL desarrolló un plan mucho más sofisticado para un Nuevo Orden Mundial de la Información. En la Asamblea General de la UNESCO del año 1976, se puso en evidencia el gran vacío existente entre los países miembros del NOAL y los países occidentales (EE.UU., Reino Unido y otros). Solo pudo evitarse un enfrentamiento mediante la creación de una Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación, conocida como la Comisión MacBride debido al nombre de su presidente, Seán MacBride.

El informe de la Comisión de MacBride a la Asamblea General del año 1980, Muchas voces en un solo mundo, llevaba la marca distintiva de un proceso político polémico, pues eludía muchos temas y contenía numerosas advertencias; pero era abarcador (con una notable debilidad en lo referente al tema del género) y vasto, e hizo recomendaciones concretas, entre las que se incluye:

“Las necesidades de comunicación en una sociedad democrática se deben resolver mediante la extensión de ¬derechos específicos tales como el derecho a estar informado, el derecho a informar, el derecho a la privacidad, el derecho a participar en la comunicación pública - todos ellos son elementos de un nuevo concepto, el derecho a comunicar. En el desarrollo de lo que pudiera llamarse una nueva era de los derechos sociales, sugerimos que se investiguen más a fondo todas las implicaciones del derecho a comunicar.” [3]

Por primera vez, el NOMIC tenía un marco general, una justificación detallada, un sistema de propuestas y un concepto unificador - el “derecho a comunicar”.

Finalmente, los resultados de la Comisión fueron aprobados - un momento definitorio para el NOMIC, pero que duró poco. El acuerdo era muy débil; en lugar de unir a ambas partes, el proceso simplemente puso al descubierto el vacío existente entre ellas y un atrincheramiento en sus posiciones, especialmente de los gobiernos occidentales envueltos en la geopolítica de la guerra fría.

EE.UU. lideró una “contraofensiva” en la UNESCO, contando con un fuerte apoyo de la industria privada de los medios y de los grupos de presión. Su principal argumento era que los países menos desarrollados trataban de imponer el control gubernamental sobre los medios y suprimir la libertad de la prensa - a pesar del hecho de que la libertad de prensa fue muy apoyada en todo momento por el NOMIC. A la larga, Estados Unidos (en 1984) y el Reino Unido (en 1985) se retiraron de la UNESCO, en parte debido al NOMIC.

Mientras surgía una nueva “sociedad de la información” politizada, el NOMIC en su forma original había declinado. Trató de permanecer en el programa de la UNESCO, aunque con poca acción, hasta 1987. Su fin oficial tuvo lugar en 1989, con la adopción de la “Nueva Estrategia de la Comunicación”, bajo el mandato del de Federico Mayor como Director General de la UNESCO. No obstante, los argumentos que dieron origen al movimiento del NOMIC siguieron existiendo e incluso en algunos casos llegaron a ser más agudos. Los argumentos continuaron emergiendo en nuevos llamados - esta vez fuera de los gobiernos - a los “derechos a la comunicación”.

Después del NOMIC: Participación de la sociedad civil

Para muchos, la principal lección del NOMIC fue que la forma de seguir adelante tendría que ser a través de la democratización de los medios y de la comunicación, y no mediante esfuerzos dirigidos por el Estado o la industria para crear nuevos órdenes internacionales. En la práctica, era necesario realizar un cambio significativo hacia la sociedad civil, que hasta ese momento había sido excluida en su mayor parte. Los que habían estado participando -principalmente organizaciones periodísticas y en algunos casos académicas - continuaron el debate bajo el contexto de la Mesa redonda MacBride, que se reunió anualmente de 1989 a 1999, e incorporó a la discusión a nuevos miembros de la sociedad civil.

Un número creciente de ONG, algunas completamente independientes de los debates anteriores y en su mayoría ajenas a ellos (y a menudo sin conocerse entre sí), también comenzaron a cuestionar las tendencias de los medios, el conocimiento y la comunicación. Entre esas organizaciones se incluían asociaciones de medios comunitarios, organizaciones religiosas, sindicatos internacionales, ONG emergentes de Internet y grupos de defensa surgidos para abordar diversos temas (por ejemplo, el acceso a los medios, la ayuda a los medios independientes, la participación en las políticas reguladoras de los medios, la concentración de la propiedad de los medios, la censura comercial, la vigilancia de Internet, el exceso de derechos de autor y de patentes). Estos aspectos fueron colocados junto a preocupaciones más tradicionales como la censura y los controles gubernamentales. La importancia cada vez mayor de las tecnologías digitales y la aparición de Internet constituyeron también nuevos argumentos para la democratización, pues las contradicciones sociales existentes se manifestaron en las llamadas “divisiones digitales”. Se abrieron nuevos escenarios en los que podrían converger las reivindicaciones tradicionales y las emergentes.

Debido a que era su punto fuerte, la sociedad civil dejó que su práctica sobre el terreno y las defensas en los escenarios nacionales y regionales dictaran el discurso, aunque, en ese entonces, las iniciativas no se consideraron trabajo de los “derechos a la comunicación”. Sin embargo, si se escribiera una historia del movimiento de derechos a la comunicación “desde sus inicios”, ¬probablemente incluiría varias formas de activismo: el movimiento de telecentros, las comunidades de programas libre de código abierto (FLOSS), los centros mediáticos independientes, las organizaciones de género en las comunicaciones, los que abogan por que los contenidos locales se escriban en la lengua local, los proveedores de servicios de Internet (ISP) no lucrativos - todos ellos fortalecidos por las nuevas herramientas y tecnologías de trabajo en red. Estas formaciones - apoyadas por instituciones donantes y académicos favorables - se desarrollaron de manera independiente y agudizaron las críticas a las nuevas jerarquías de la información y la comunicación.

Durante los años noventa, se crearon varias coaliciones y se emprendieron iniciativas para abordar la situación más amplia implícita en muchos de estos aspectos; entre esas iniciativas se encuentran la Carta de la Comunicación de las Personas y la Plataforma para la Democratización de las Comunicaciones. Se efectuaron muchas conferencias y reuniones generales para aunar criterios e intercambiar ideas a escala internacional.

Poco a poco fue surgiendo una nueva comunidad de usuarios basada en la sociedad civil, pero ahora desde una perspectiva diferente y que se beneficiaba gradualmente de la experiencia histórica y de la práctica sobre el terreno [4]. Muchos de sus miembros se unieron en octubre de 2001 en la Campaña por los Derechos de la Comunicación en la Sociedad de la Información (Campaña CRIS) [5], en los inicios de otra lugar de debate mundial sobre la gobernanza - la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI).

El

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