Ley Contra La Corrupcion

INTRODUCCIÓN

La corrupción es un fenómeno global que atenta contra la legitimidad de las instituciones, de la sociedad y del desarrollo de un país. El 12 de enero de 1824, en Lima, Perú, el Libertador Simón Bolívar decretó la aplicación de la pena capital a los funcionarios que hubieran tomado dinero de los fondos públicos, tras reconocer que una de las principales causas de los desastres en los que se vio envuelta la República fue la escandalosa dilapidación de sus recursos. “Todo funcionario público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos arriba, queda sujeta a la pena capital”. Ya en ese decreto el padre de la Patria dejaba entrever el principio de corresponsabilidad, puesto que señalaba que todo individuo podía acusar a los funcionarios públicos del delito al cual se hacía referencia.

En nuestro país se ha regulado el manejo de los bienes del Estado a través de instrumentos legales como la Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos y la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, derogada tras la entrada en vigencia de la Ley Contra la Corrupción, publicada en Gaceta Oficial en abril de 2003.

Esta última ley tiene como objetivo establecer normas que rijan la conducta que deben asumir las personas que administran el patrimonio público, para garantizar el manejo adecuado y transparente de este. Se tipifican los delitos y las sanciones que deben aplicarse a quienes incumplan las disposiciones legales, y cuyos actos causen un daño al patrimonio venezolano.

Se mencionan los principios para prevenir la corrupción y salvaguardar las riquezas del Estado. Se señala que en la administración de los recursos públicos, los funcionarios se regirán por los principios de honestidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad. También se precisa que tanto los funcionarios públicos como personas particulares, naturales o jurídicas, están sujetas a dicha ley.

ANALISIS DE LA NUEVA LEY

La promulgación de la Ley contra la Corrupción, (en lo adelante LCC) publicada en la Gaceta Oficial N º 5.637 Extraordinario del 07-04-2003, que derogó expresamente a la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público (LOSPP), constituye tema obligado para quienes vivimos en este país. La estructura del nuevo texto legal está contentiva de Cinco (5) Títulos, correspondiéndole la primera parte al Título I, cuyo Capítulo I, contiene las Disposiciones Generales, referidas al objeto de la ley, a los sujetos a quienes se aplica y a precisar el concepto de patrimonio público.

¿Qué significa el término corrupción en el ámbito penal? Se define como un vicio o abuso introducidos contra la ley, que de alguna manera la degrada. Así, la "corrupción" está relacionada con el menoscabo de la integridad moral de la persona. Trasladar tales ideas al ejercicio de la función pública, supone el uso del poder para una finalidad distinta de la legítima, con el ánimo de obtener ventajas personales.

El objeto de la LCC lo constituye pues, orientar en valores la conducta de los servidores públicos, prevenir la corrupción y sancionar los hechos, actos y omisiones de funcionarios, y/o particulares (personas naturales o jurídicas) que causen daño al patrimonio público. Así, el mismo artículo 1 establece como uno de los objetivos perseguidos garantizar el manejo adecuado y transparente de los recursos públicos; vale decir, colocar los fondos públicos de manera eficiente y con los suficientes medios de control por parte de los otros poderes públicos.

Los artículos 2 y 3 LCC establecen quienes están sujetos a la aplicación de la nueva ley. En este sentido, los numerales 1, 2 y 3 del artículo 3 LCC resultan idénticos al artículo 2 de la LOSPP derogada y fijan el concepto de funcionario público; la novedad reside en la determinación legal de los sujetos que han de considerarse como Directores y/o Administradores, pues a ellos se extienden las disposiciones y aplicable a materia aduanera, donde con indeseable frecuencia presenciamos subfacturación, contrabando, acceso indebido a drawback, exportaciones ficticias etc.

Lo que comprende el concepto de Patrimonio Público, objeto de tutela de la ley, conjuntamente con el buen desempeño del funcionario, aparece señalado en el artículo 4 LCC. Se entiende una universalidad constituida por derechos y obligaciones, apreciables en dinero que corresponden a la Hacienda Pública, orientada a realizar actividades del interés público, vale decir, de interés del colectivo.

Lo novedoso del artículo en este caso estriba en el aparte único del artículo 4 LCC, pues posibilita la aplicación de la LCC, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF) a cualquier particular (persona natural o jurídica) receptor(a) de dineros públicos, hasta que se demuestre el logro de finalidades de interés o utilidad pública.

Conforme el artículo 8 LCC, dado el carácter público (se hace un informe público trimestralmente) de la información respecto de la utilización de los recursos públicos, tal derecho de participación atribuido a los particulares y a las organizaciones sociales, incluye el acceso directo a la información y a obtener copia de los documentos que la contengan, excepto de aquellas que por razones de seguridad y defensa nacional, deban ser reservadas (artículo 10 LCC) y tiene como contrapartida la obligación del Estado de someter a consulta pública el anteproyecto de Ley de Marco Plurianual del Presupuesto y el anteproyecto de Ley de Presupuesto Anual, antes de que sean presentadas a la consideración de la Asamblea Nacional,(art. 11 LCC) como medio de garantizar el ejercicio del derecho de participación popular en la gestión pública y asegurar la tan buscada transparencia.

El Capítulo III LCC se refiere a la Declaración Jurada de Patrimonio como un mecanismo legal de control de la situación patrimonial de quienes estén

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