Ley General De Salud

La activa de ley que regula las relaciones laborales entre el Estado y sus servidores públicos, se inscribe en el propósito fundamental del Ejecutivo a mi cargo, de modernizar los ordenamientos legales para servir con honestidad y eficiencia a una sociedad cada vez más compleja y exigente.

Consecuente con lo anterior, la activa establece nuevas medidas para tutelar los derechos de los trabajadores al servicio del Estado, municipios, organismos auxiliares y fideicomisos públicos, como son, entre otras, el ingreso a la función pública, la protección al salario, los niveles de estabilidad laboral y el establecimiento de un sistema de profesionalización del servicio público que prevé la indispensable participación de los servidores públicos sin cuya adhesión responsable, ningún propósito gubernamental tiene garantizado el éxito.

Las agrupaciones sindicales, en cumplimiento de la delicada función de procurar la defensa de los derechos laborales, han demandado reiteradamente que se mejoren las condiciones de trabajo de los servidores públicos tanto del Estado como de sus municipios.

La presente activa de ley recoge estas demandas legítimas para darles fuerza normativa y convertirlas en propósitos de gobierno.

La activa parte de la estricta concepción del servicio público entendido más allá de la simple relación de trabajo; como una función que vincula los intereses e ideales particulares con los supremos intereses de la sociedad, ante la cual, quien tiene la estimulante y alta responsabilidad de gobernar, contrae el indisoluble compromiso de ofrecer una administración pública eficiente y honesta, capaz de brindar respuestas oportunas y concordantes con las necesidades de la sociedad, y cuya operación corresponde a los servidores públicos muchas veces anónimos e ignorados.

En el contenido de la activa, a diferencia del actual estatuto jurídico, se hable genéricamente de servidores públicos y no de trabajadores; con ello se unifica el concepto de servicio público y de quienes lo ejercemos.

Entre los aspectos más relevantes de la activa destacan los siguientes:

Se establece el ámbito normativo del proyecto de ley, definiendo el concepto de institución pública con el propósito de distinguir las relaciones laborales de los servidores públicos de las distintas instituciones que regula la activa, dada su amplia cobertura normativa.

De manera muy importante, en esta parte se formula una nueva clasificación de los servidores públicos en dos grandes grupos: generales y de confianza.

Se opta por definir conceptualmente las funciones de los servidores públicos de confianza, más allá de una simple enunciación de puestos sujeta a perder vigencia rápidamente.

Por vez primera en la legislación laboral se dedica un título específico al magisterio. Se propone así porque, siendo servidores públicos por excelencia, las características particulares de su relación laboral, derivadas de la naturaleza propia de su función, deben señalarse explícitamente. Se estipula, además, que los profesores deben contar con condiciones generales de trabajo especiales y un reglamento de escalafón que les sea propio.

Se regula el ingreso al servicio con criterios que atienden a los fines mismos de la función pública, quedando establecido que a ella sólo deben ingresar quienes acrediten la capacidad y las aptitudes requeridas para el buen desempeño de la función. Asimismo, se otorga mayor protección a los servidores públicos, al regular con precisión los casos y las condiciones en que pueden ser trasladados de una localidad a otra, circunstancias que el actual Estatuto no prevé, así como la normatividad relativa al sueldo y a sus protecciones legales.

Se dispone que cada institución pública o dependencia, en razón de la naturaleza de sus funciones, fijará las condiciones generales de trabajo con intervención del sindicato. Esta situación permitirá que los servidores públicos que prestan sus servicios en condiciones relativamente distintas, puedan estar sujetos a regulaciones específicas

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