Los Riesgos de las Drogas

Módulo 5

Actividad Integradora 3

Nadia Contreras Santillán[pic 1][pic 2]

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Los Riesgos de las Drogas

Actualmente el cannabis es una de las drogas más consumidas en todo el mundo tanto en forma de marihuana, hachís y aceite de hachís. El 26 de Junio, la Organización de las Naciones Unidas conmemoró el día internacional de la lucha contra el tráfico ilícito y el abuso de drogas, con el fin de promover acciones para alcanzar una sociedad libre de drogas. Existe, sin embargo, extensa evidencia sobre el limitado impacto que las políticas prohibicionistas han tenido en todo el mundo en términos de la disminución de la oferta y demanda de drogas. Además, se ha denunciado y documentado ampliamente los impactos negativos del prohibicionismo, en particular, las violaciones a los Derechos Humanos de distintas poblaciones usuarias y no-usuarias de drogas.

De acuerdo a la Oficina para la Prevención del Crimen y el Delito , existen en el mundo 2.5 millones de personas con uso problemático de drogas y, de ellas, sólo una de cada seis tiene acceso a tratamiento. Pero el prohibicionismo no sólo ha fallado en disminuir el uso de drogas y brindar atención adecuada a tratamiento, sino que, además y de manera más preocupante, ha incrementado los riesgos asociados a esta práctica y ha creado nuevos daños, al generar obstáculos para el acceso a la salud de la población usuaria, como prueba la crisis de opioides en Estados Unidos y la prevalencia creciente de hepatitis C y tuberculosis. En México, la política prohibicionista y el discurso de una sociedad libre de drogas tomó un renovado impulso a partir de la cruzada contra las drogas emprendida por Felipe Calderón. Si bien es cierto que esta política inició oficialmente a finales de la década de 1970 con la aparición de los Centros de Integración Juvenil, la guerra contra las drogas de Felipe Calderón aumentó la violencia en las dinámicas de compra-venta-uso de drogas y criminalizó a los usuarios de drogas, especialmente a los más pobres que, por sus condiciones de vida, se ven obligados en mayor medida a consumir en espacios públicos. En los últimos años se ha avanzado en el debate en torno a la necesidad de diseñar mejores políticas de drogas que prioricen la salud pública y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, las alternativas que hasta ahora han sido aprobadas en México, aún están lejos de concebir al usuario de drogas como un ciudadano sujeto de derechos. Piénsese, por ejemplo, en las denominadas cortes de drogas, en las que los usuarios deben decidir si se declaran criminales o enfermos ante un juez, o la ley contra el narcomenudeo, cuyas cantidades máximas permitidas son inferiores a las cantidades con las que se venden las drogas en las calles, lo que expone a los usuarios a ser arrestados y procesados por tráfico, sin ser traficantes. La reducción de daños es un conjunto de estrategias de intervención con personas que usan drogas, que no están dispuestas o no pueden dejar de consumir.

El objetivo de estas intervenciones es reducir los riesgos a la salud asociados al uso de drogas. Debido a la falta de una política multisectorial de atención a la salud de las personas que usan drogas, las acciones de prevención y atención al VIH no logran los impactos deseados. Esta política multisectorial no será realidad mientras el discurso imperante en la Secretaría de Salud y particularmente del Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones, se dirija de manera exclusiva a la promoción de la abstinencia, persiguiendo el sueño, poco realista, de un México sin drogas. No se destinan recursos federales para implementarlos, no existen manuales de procedimiento para su implementación por parte de las instancias encargadas de atender el uso problemático de drogas, ni indicadores que hagan obligatorio su implementación y seguimiento.

Los programas de intercambio de jeringas, que es la estrategia más eficaz para la prevención del VIH y la hepatitis C entre personas que se inyectan drogas, operan sólo con recursos del CENSIDA y son implementados en su mayoría por la sociedad civil. Los jóvenes se enfrentan a edades cada vez más tempranas a una oferta cada vez más diversa de drogas, con poca información y con escasas herramientas para tomar una decisión sobre usar o no usar drogas y en qué circunstancias hacerlo. Ha aumentado de manera importante el número de personas que usan drogas potencialmente inyectables como heroína, cocaína y metanfetaminas, así como las prevalencias de VIH y Hepatitis C en las poblaciones inyectoras, pero también en las personas que usan crack e inhalables. Este contexto de ausencia institucional y el aumento de la población usuaria de drogas, marca la urgencia de complementar las estrategias de prevención y tratamiento existentes, con estrategias de reducción de daños, reconociendo que hay un universo de personas que usan drogas, que no están dispuestas a dejar de usarlas y que, aun así, son sujetos de derechos, en particular de su derecho a la salud. En términos pragmáticos, los programas de reducción de daños permiten controlar la propagación de epidemias y monitorear las condiciones de uso de drogas. En términos de derechos, los programas de reducción de daños, son obligatoriedad del estado, en tanto que se debe garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos, independientemente de su condición de uso/no uso de drogas.

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