Multan a seis colegios por trabajar con condenados en registro de pedófilos

Multan a seis colegios por trabajar con condenados en registro de pedófilos

Superintendencia de Educación cursó sanciones por $ 121 millones. Cinco de los inhabilitados son asistentes y uno es docente.

Por Daniella Vera, Antonia Alvarado, María paz Olivares, y Gabriela Jiménez - 18/08/2013 - 03:36

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No sólo la cárcel fue el castigo impuesto por la justicia, en agosto del año pasado, al profesor Gustavo Rojas Espinoza (38), condenado por la violación reiterada de una menor de nueve años en un colegio de San Bernardo. El docente también quedó incluido de por vida en el listado de inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores, popularmente conocido como Registro de Pedófilos, creado en 2012 por el gobierno y que se encuentra disponible en el sitio web del Registro Civil.

Su objetivo es sencillo: ayudar a que ninguna persona inhabilitada para trabajar con niños se desempeñe en algún ámbito relacionado con ellos. De allí la sorpresa de la Superintendencia de Educación cuando, tras una fiscalización efectuada entre marzo y abril pasado, cursó multas a seis colegios del país, cuatro municipales y dos subvencionados, por un total de $ 121 millones (501 UTM cada uno). ¿La razón? Tener trabajando en sus establecimientos, bajo contrato vigente, a personas que aparecen en el Registro de Pedófilos, que a 14 meses de su entrada en vigencia cuenta con 1.033 condenados en la lista.

De los seis casos, dos pertenecen a la Región Metropolitana, dos a la Quinta, uno a la Tercera y uno a la Décima, y todos están siendo investigados por el Ministerio Público.

Manuel Casanueva, superintendente de Educación, destaca que “pudimos aplicar a varios establecimientos las sanciones más altas que esta unidad ha cursado”.

Según el informe evacuado a la fiscalía por la repartición, cinco de los inhabilitados ejercían como asistentes y uno como docente.

“La verdad es que resulta inaceptable, no sabemos qué instituciones son, pero la legislación es clara, y en este tema no se pueden cometer errores”, dice Hernán Herrera, presidente de la Corporación de Colegios Particulares (Conacep). A estos colegios sancionados se suman otros ocho planteles que están siendo investigados por la superintendencia y a los cuales aún no se les dicta la multa.

Además, la misma entidad se encontró con otro hecho: que en el registro de profesionales que ofrecen sus servicios a colegios y que administra el Ministerio de Educación (Mineduc) aparecían tres médicos, dos fonoaudiólogos, un sicólogo y un educador diferencial y sicopedagogo, que también figuran en el listado de pedófilos. Estas personas fueron eliminadas del catálogo.

Investigación de Fiscalía

La Fiscalía Nacional confirma que, a fines de marzo, la superintendencia les envió la información de los seis inhabilitados que estaban contratados por colegios. Sin embargo, su investigación actual es sobre 11 personas vinculadas a presuntos ilícitos de quebrantamiento de inhabilidades.

“Los casos están siendo analizados desde mayo por fiscales adjuntos”, manifiesta María Angélica San Martín, directora (S) de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales. Dos de estos casos habrían ocurrido en Viña del Mar y el resto en Freirina, Valparaíso, Temuco, Rancagua, Ancud, La Florida, Iquique, San Bernardo y Chillán.

Seis de los involucrados presentan condenas por delitos sexuales en contra de menores de 14 años, lo que los inhabilita de por vida para trabajar con niños, y cinco por abusos a mayores de esa edad, por lo que su inhabilidad es temporal.

“Una situación extrema fue detectada en San Bernardo, donde la persona habría estado contratada por el mismo colegio donde años antes cometió el abuso sexual”, detalla San Martín.

En relación a los otros siete individuos que habrían aparecido en el listado de trabajo del Mineduc, aclara que no han recibido antecedentes sobre esa situación.

Información pública

Manuel Casanueva también plantea que la negativa de la superintendencia de dar a conocer los nombres de los colegios y personas involucradas se debe a que “los procedimientos administrativos no se encuentran ejecutoriados, existen instancias de revisión administrativa e incluso judicial (…); por ello, no es adecuado estigmatizar públicamente la imagen de un establecimiento en etapas previas a la sanción definitiva”.

No obstante, agrega que “esto no quiere decir que la información no se conozca al interior de cada colegio, pues el consejo escolar tiene la obligación de informar a su comunidad educativa de las fiscalizaciones de la superintendencia”.

Sobre el mismo punto, María Angélica San Martín, de la Fiscalía Nacional, señala que “por ahora, desde el punto de vista penal, se trata de investigaciones donde existe presunción de inocencia, ya que aún no hay formalizaciones ni menos una condena”.

La superintendencia, sin embargo, dictó el 12 de noviembre

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