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Medicinas menos caras pero sin garantía de calidad

Patricia Carías

El Faro / Publicado el 15 de abril de 2013

El discurso oficial de "medicinas baratas y de buena calidad" gracias a la Ley de Medicamentos no es cierto en lo relativo a la calidad. El sistema dispensa a los proveedores el certificado de bioequivalencia, que es un examen que garantiza que un medicamento genérico produce el mismo efecto que uno "de marca". Hasta el director de Medicamentos dice que él no se arriesgaría a tomar un medicamento sin certificado de biolequivalencia.

Se está hablando mucho de medicamentos estos días, de las bondades y de los defectos de la nueva ley, de medicamentos "de marca" y de medicamentos genéricos. Mucho. Pero, ¿sabía que el Estado salvadoreño no supervisa la calidad de la medicina que se vende; que no lo hacía antes, cuando estaba cara, y que tampoco lo hace ahora, cuando está menos cara? La implementación de la Ley de Medicamentos parece una importante victoria política para el gobierno del presidente Mauricio Funes, y quizá logre que El Salvador deje de ser conocido como uno de los países con las medicinas más caras del mundo, pero la efectividad de la nueva normativa se diluye si lo que en verdad se pretendía era garantizar “medicamentos de calidad”.

Ya en enero de 2013, la máxima autoridad de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), Vicente Coto, había admitido que hasta entonces el gobierno había hecho poco o nada para garantizar la calidad de los medicamentos: “No sabemos si los medicamentos que se comercializan en el país sirven”, dijo. Pero una vez se encendieron los micrófonos para publicitar las bondades de la Ley de Medicamentos, esta premisa se soslayó entre las pomposas declaraciones del mismo Coto, de funcionarios del Ministerio de Salud y hasta del presidente Mauricio Funes.

El gobierno habla siempre de “medicamentos de calidad”, pero la ley no obliga –nunca lo ha hecho– a la industria farmacéutica nacional a cumplir a cabalidad dos requisitos de calidad que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades reguladoras de medicamentos de países como Chile, Argentina, Brasil o Estados Unidos, son fundamentales: los estudios de bioequivalencia y las buenas prácticas de manufactura (BPM). Tan fundamentales que uno de los funcionarios de máximo nivel en el área de la salud en El Salvador termina confesando -y contrariando el discurso oficial- que él no ingeriría un medicamento genérico para tratarse una enfermedad crónica, dado que el sistema salvadoreño carece de la capacidad de garantizar su eficacia.

Así, se da la paradoja de que mientras el Estado supervisa y verifica con regularidad la calidad de los combustibles que los salvadoreños inyectan en su vehículo, no hace lo mismo con las medicinas que los consumidores se llevan a la boca.

“Se trata de tomar decisiones gubernamentales que digan que mientras algunos comienzan a organizarse, habrá productos que no deberán fabricarse mientras no tengan estos estudios”, explica Juanita Rodríguez, asesora subregional de medicamentos de la OMS para Centroamérica. “Todos los medicamentos deberían garantizar las BPM, y hay algunos que, para garantizar la eficacia, necesitan de bioequivalencia”, concluye.

Los estudios de bioequivalencia son pruebas de laboratorio que sirven para comprobar que dos medicamentos con un mismo principio activo –un mismo compuesto químico– se comporten igual dentro del cuerpo humano, aunque sean elaborados por dos fabricantes diferentes. Saliendo del ámbito médico, estos estudios equivaldrían a que, no importando en qué país se produzca una Coca-Cola, esta siempre tendrá los mismos ingredientes, la misma cantidad de azúcar, el mismo sabor, color y olor que la fórmula original; y, lo más importante, siempre tendrá el mismo efecto efervescente

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