PRINCIPIOS DE CONTRATACION

EL CONTRATO ESTATAL UN MECANISMO PARA LA REALIZACION DE LOS FINES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA

Una consecuencia directa del Estado social y democrático de derecho es la consagración del principio de la prevalencia del interés general, esto se traduce en que el ejercicio del poder político no debe corresponder a justificaciones de carácter personalista sino por el contrario debe ser la expresión de la voluntad general.

Este principio, al igual que principios como el de la buena fe y la equidad se traducen en conceptos sustanciales que le dan contenido y justificación a las actuaciones seguidas por la administración en sus relaciones con los particulares y los asociados en general.

El contrato estatal concebido como “Un instrumento de carácter jurídico que tiene la Administración Pública a su alcance con el propósito de garantizar el cumplimiento de los cometidos estatales que están enunciados explícitamente en la Constitución Política…” (1) debe orientarse no sólo por los postulados de los principios ya enunciados sino también por los demás principios consagrados en la Constitución Política, la Ley y por aquellos que cuentan con un gran desarrollo jurisprudencial.

La mayor parte de los recursos de la Nación y de las entidades territoriales se ejecuta por vía de la contratación, he ahí la importancia que adquiere el contrato estatal como una herramienta eficaz para lograr el progreso de la sociedad. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha evidenciado un manejo inadecuado por parte de la Administración a la hora de utilizar este mecanismo, en donde todos nos vemos seriamente afectados por el mal manejo e inversión de los recursos públicos.

En este sentido resulta oportuno recordar lo expresado por CORTES y HERRERA: “Es cierto que la contratación administrativa es una de las mejores herramientas de apalancamiento del desarrollo de un país como el nuestro, como lo indica la Constitución Política en su artículo 366: “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable”. Pero, lamentablemente la ignorancia sobre la normatividad alrededor de esta figura, su manejo por parte funcionarios poco preparados administrativa y legalmente, como también con poco criterio ético, así como intereses particulares, ha llevado a que los delitos relacionados con la misma sean uno de los factores de mayor desangre de la arcas públicas, convirtiéndose en uno de los mayores problemas y causantes del atraso en el desarrollo de nuestro país”. (2)

Es pertinente aclarar que celebrar un contrato estatal desconociendo los principios generales del derecho y en especial los de la contratación estatal, implica

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