Paz En Colombia

La paz en Colombia: ¿una realidad utópica?

Aunque durante gran parte del siglo XX Colombia haya vivido más o menos en paz, la guerra y la violencia parecen cada día más ser la esencia de nuestra historia reciente. Esta percepción surge ante todo de 50 años de presencia guerrillera y del aumento en la intensidad del conflicto armado y de todas las formas de violencia que el país ha experimentado desde 1985, cuando se hizo visible la incapacidad estatal frente a la guerrilla, el narcotráfico o la delincuencia común.

Pero muchos años de guerra han estado acompañados de negociaciones, acuerdos, amnistías, indultos y otros procesos de paz, desde 1901 hasta los esfuerzos de solución negociada que, pese a intermitentes rupturas, se han desarrollado sin cesar desde 1981 hasta hoy. Desde 1954 o 1958, cuando se amnistió o indultó a guerrilleros y defensores del gobierno, la paz negociada siempre ha sido evocada como la única buena salida al conflicto.

Sin embargo, son profundas las diferencias en estas negociaciones y en las percepciones de lo que puede o no negociarse con los rebeldes. Mientras en los cincuenta se buscaba suspender los efectos de los códigos penales sobre delincuentes políticos y encontrar mecanismos de reinserción para los amnistiados, durante los gobiernos de Betancur y Barco las negociaciones comenzaron a incluir dos nuevos elementos: la definición de condiciones favorables que permitieran a la guerrilla, al reinsertarse, buscar el apoyo político de la población, y la discusión de reformas institucionales que democratizaran la política. La paz firmada en 1989 con el M- 19 por Barco, un reformista convencido, llevó a la constitución de 1991, que aunó cierto radicalismo en derechos humanos, participación y descentralización, con la esperanza de debilitar el viejo bipartidismo mediante cambios legales, como la circunscripción única, la ley de partidos, el tarjetón y nuevas formas de financiación de la política.

Desde 1991, las negociaciones fueron más difíciles: hecha la reforma política, no podía ofrecerse mucho a las FARC o el ELN, al menos mientras subsistieran las ilusiones de reforma. Aquellas no duraron mucho: las elecciones de 1991, que prácticamente liquidaron al M-19, mostraron que los viejos políticos lograban la adhesión de los ciudadanos, con ayuda de viejos vicios, mejor que quienes pretendían ser sus verdaderos intérpretes. Muchos de los reinsertados terminaron en el anonimato, el exilio o la tumba, víctimas de venganzas y persecuciones. Y el proyecto social incorporado a los artículos sobre derechos económicos y sociales, se deshizo en medio de la reorganización de un estado que trataba de superar su incapacidad mediante una reingeniería que, con excepción de valientes y ambiguos esfuerzos en seguridad social, eliminaba, como rezagos populistas o socialdemocratas, al lado de formas de acción ineficiente en la economía, lo que había dado algún carácter social a nuestro estado de derecho.

La debilidad negociadora del gobierno, agudizada dramáticamente por la falta de credibilidad del gobierno de Samper, fue un factor esencial en un cambio sutil de las negociaciones. Otro fue el fortalecimiento de la capacidad de las guerrillas, que llenaron rápidamente los vacíos dejados por los grupos que habían firmado la paz, reforzaron su estrategia de control local y fortalecieron su capacidad económica. Y otro pudo ser cierto talante del gobierno, más dispuesto que los anteriores a reconocer legitimidad al proyecto guerrillero.

Este cambio consistió, en esencia, en el abandono de dos principios que guiaron la negociación gubernamental hasta el gobierno de Gaviria. Uno era la idea de que la meta del proceso de negociación era la reincorporación de la guerrilla a un sistema político que, pese a sus limitaciones y defectos, se consideraba legítimo y democrático, y no la determinación, entre negociadores de dos partes en conflicto, de un nuevo modelo social. El otro, en apariencia procedimental -la voluntad de no suspender la negociación en ningún caso, de negociar en medio de la guerra-, introducía una diferencia substancial: permitía a la guerrilla mantener una estrategia simultánea de guerra y negociaciones, sin altos costos políticos, mientras que obligaba al gobierno a medir con cuidado las acciones que pudieran interpretarse como obstáculos a la paz, deseada en forma desesperada por toda la población, y deslegitimaba la definición de los guerrilleros como delincuentes políticos. Este cambio, consolidado bajo el gobierno de Samper, se aceleró con los gestos electorales y las ilusiones del gobierno actual, que, empeñado en producir resultados rápidos, se lanzó a acciones que han roto con la vieja tradición de las negociaciones, como la amplia y cuasi-permanente "zona de distensión", o que han acelerado procesos ya iniciados desde Gaviria, como la participación de grupos de organizaciones y personas que se definen como representantes de la sociedad, y que pretenden mayor legitimidad que el Estado mismo o los guerrilleros, agrupados bajo el concepto algo negativo de "actores armados".

En estas condiciones los impases a que se ha llegado en las negociaciones no son extraños. Poco a poco se han convertido, de medio para terminar con menores costos una guerra a la que no se ven otras salidas razonables, en estrategia para lograr resultados que la simple acción militar no garantiza: son la continuación de la guerra bajo otras formas, y los contendientes destinan más esfuerzos a ganar batallas legales o periodísticas que a los enfrentamientos armados. Las maniobras sobre el canje de prisioneros y la eventual incorporación de guerrilleros a las fuerzas armadas son un ejemplo, pero quizás el más revelador tenga que ver con el status político de la guerrilla y la búsqueda de un reconocimiento de beligerancia.

Que la guerrilla mantenga un prolongado sitio legalista a esta fortaleza no es raro: las grandes batallas colombianas siempre se han tratado de ganar mediante legalismos. Ya en 1953 uno de los gestos insurgentes fue redactar un código guerrillero, que como cualquier constitución

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