Políticas Que No Solo Queden En El Papel

La discapacidad no resulta ajena a la realidad, el Informe Mundial sobre la Discapacidad (Organización Mundial de la Salud, 2011) estima que el 15% de la población posee alguna discapacidad, este número se traduce a más de mil millones de personas, en Chile la realidad está alrededor de los 2.068.072 (Fondo Nacional de la Discapacidad, 2004). La Fundación Nacional de Discapacitados (s.f) en su página web expresa que en todo el mundo, las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, peores resultados académicos, una menor participación económica y unas tasas de pobreza más altas que las personas no discapacitadas. Frente a esto el estado chileno no está velando por el cumplimiento de la inclusión laboral de las personas con capacidades diferentes en nuestro país.

En Chile según los datos de la Encuesta Nacional de discapacitados (FONADIS, 2004) hay 1.950.619 personas con discapacidad en edad de trabajar mayores de 15 años, de estos el 70,8% se encuentra sin empleo además 1 de cada 5 personas con discapacidad no realiza ninguna actividad. Las personas con discapacidad tienen más probabilidades de estar desempleadas, y generalmente ganan menos cuando trabajan; el escaso acceso al trabajo, y la baja remuneración existente conlleva desventajas hacia la gente discapacitada y como consecuencia produce tasas más altas de pobreza que en personas sin discapacidad, además de peores resultados sanitarios (Organización Mundial de la Salud, 2011).

Las discapacidades han sido abordadas por diferentes organismos con el objetivo de avanzar hacia una inclusión real, estos han dado importancia hacia la igualdad de derechos de quienes tienen alguna discapacidad, la ONU creó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual nuestro país se hizo parte; Chile no ha quedado fuera de quienes han creado nuevas medidas hacia la inclusión de los discapacitados, el año 2010 en reemplazo de la ley 19.284 entró en vigencia la ley 20.422, esta establece: “Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social”, basándose en los principios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social, estableciendo también nuevos organismos, los que deberán abordar los desafíos que genera la plena inclusión social de las personas con discapacidad (Servicio Nacional de la Discapacidad, s.f). Además de nuevas políticas el estado chileno ha creado con la intención de motivar a las empresas, un reconocimiento denominado “Sello Chile Inclusivo”, a través del Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, a aquellas empresas e instituciones que demuestran medidas concretas para la inclusión y acceso de personas con discapacidad.

Quizás, no podemos negar el avance que se ha tenido hacia un mundo más igualitario, con la creación de políticas y normas que establecen derechos de los discapacitados y deberes de los estados. Sin embargo a pesar de la creación de estas, que demuestran una preocupación de parte del mundo y de nuestro país, la formulación de políticas no siempre tiene en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, o bien no se hacen cumplir las políticas y normas

existentes. Los discapacitados, esas personas con capacidades diferentes ven limitadas sus oportunidades de empleo por diferentes razones, como que no se toma en cuenta el escenario laboral, y este no provee condiciones óptimas para su buen desarrollo, además pueden existir conceptos erróneos por parte de los empleadores, como que son menos productivos que sus homólogos no discapacitados (Organización Mundial de la Salud, 2011), y resulta que Chile no es la excepción frente al incumplimiento, es impactante que después de dos años de marcha de la nueva ley, el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados (2012) en su evaluación dio conclusiones

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