Programas Educativos Carlos Salinas De Gortari

Carlos salinas

Programas educativas.

El establecimiento de la Política para la Modernización Educativa en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue considerado, un proyecto para impulsar cambios en la estructura del sistema educativo y de sus instituciones, con el fin, de dar respuestas a los retos que implicaban la integración económica mundial.1 La labor proyectada tendría sus bemoles, ya que el Estado Mexicano se lanzó más por necesidad que por voluntad a la integración económica. Ahora en solo una década, los cambios de la economía y por ende, del sistema educativo, darían un viraje total. Nuestro sistema educativo enfrenta hoy el reto de adaptarse a las nuevas circunstancias que el vigor educativo y el desarrollo mismo de la nación han generado. En el sexenio de Carlos Salinas la concepción educativa fue presentada como: la palanca de la transformación si los mexicanos encontramos en ella un medio para desarrollar nuevas capacidades: la capacidad de generar una

estructura productiva, liberadora y eficiente con el apoyo del conocimiento científico y tecnológico; la capacidad de fortalecer la solidaridad social e identidad nacional y la cultura científica y tecnológica; la capacidad de los trabajadores para adquirir y humanizar nuevas formas de producción y la capacidad de ampliar las vías de participación democrática y plural, la capacidad para perfeccionar los servicios a fin de que repercutan eficientemente en el bienestar de la población. La Política de la Modernización Educativa, se visualizó con la modificación de los contenidos curriculares y el replanteamiento de las relaciones entre educación y trabajo. Las directrices y objetivos que guiaron la Política de la Modernización educativa, se plasmaron en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 y destacaron los siguientes objetivos: - Mejorar la calidad del sistema educativo en congruencia con los propósitos del desarrollo nacional, elevar la escolaridad de la población;

- descentralizar la educación y adecuar la distribución de la función educativa a los requerimientos de su modernización, y; - fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer educativo. La modernización educativa se definió como un proyecto sensible a las demandas sociales, atento a los problemas nacionales y acoplado a los propósitos del desarrollo del país. Supone superar la tendencia de todo el sistema educativo a mantener y reforzar el statu quo social pretende asegurar cobertura, calidad y eficiencia. Por ello, la política educativa apareció como la panacea para superar la problemática. Esta educación moderna basó sus objetivos en las siguientes propuestas: Comprender su esfuerzo para la eliminación de las desigualdades e inequidades geográficas y sociales. Acentuar la eficiencia de sus acciones, preservar y mejorar la calidad educativa; Integrar armónicamente el proceso educativo con el desarrollo económico, sin generar falsas expectativas, pero comprometiéndose con la productividad. La educación como instrumento para socializar al individuo, queda subordinada al proyecto económico de la modernización, lo cual se enfatizó cuando se afirmaba que “…el aumento de la economía reclama (...) relacionar mejor la educación con la productividad y con la organización social para la producción”. El proyecto educativo se orientó a la atención de la modernización: relacionar mejor la educación con la productividad y con la organización social para la producción. Nuevos modelos de comportamiento en la relación entre trabajo, producción y distribución de bienes requerirán procesos educativos flexibles y específicos. En México, las ecomendaciones de la Declaración Mundial de Educación para Todos signada en Jomtien, Tailandia9, se recuperaron puntualmente, como lo señala Elsie Rockwell: uno de los argumentos más fuertes en Jomtien, fue estrictamente económico: los estudios del Banco Mundial mostraban que la inversión en educación básica es altamente redituable a mediano plazo, ya que

aparentemente es el mecanismo más efectivo para controlar la explosión demográfica y reducir los elevados costos de otros programas sociales como salud pública y seguridad. En este sentido, la prioridad dada a la educación básica fue coherente con la política económica del sexenio. Los lineamientos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa para la

Modernización Educativa se fueron concretizando con altibajos, pero con el fin concreto de dar prioridad a la reforma de la educación básica y a la relación de ésta, con las transformaciones socioeconómicas del país. Avanzar en la modernización educativa a la altura del mundo contemporáneo, mundo de competencia y cambio en el trabajo productivo, implica un esfuerzo serio, disciplinado y capaz de adecuarse a la revolución del conocimiento y de la técnica. Otro rasgo característico de esta reforma, fue la descentralización del sistema educativo a partir del Acuerdo Nacional Para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) el cual establecía que: a partir de ahora corresponderá a los gobiernos estatales encargarse de la dirección de los establecimientos educativos con que la SEP ha venido prestando, en cada estado y bajo las modalidades y tipo, los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y para la formación de maestros incluyendo la educación normal, la educación indígena y los de educación especial. El proceso en el cual se inscribió el ANMEB, implicó profundizar en una reorganización del sistema, cuyos principales resultados serían la implantación de métodos que buscan la racionalidad y la eficiencia en la operación del sistema y el cotamiento y disminución de los espacios de imbricación SEP/SNTE.15 Estos cambios, sin embargo, se dieron en el marco de un ambiente politizado, donde los principales actores sociales con sus orientaciones y acciones tuvieron sentidos y contenidos distintos y hasta antagónicos. Con la firma del Acuerdo, el 50% de la matrícula se encontraba bajo el control de los estados, pero no el financiamiento.

“El gobierno central mantiene la recaudación de los impuestos y, vía convenios entre la federación y los estados, les transfiere recursos para la administración escolar. La aportación de los municipios en el gasto total es insignificante estadísticamente la federalización implicaba la entrega de la administración de los niveles educativos sin menoscabo para el gobierno federal de la dirección ideológica y de la definición unificada de un sistema nacional. Sin embargo, ¿la política de descentralización educativa es consecuencia de un legítimo anhelo por incrementar la adaptación de los contenidos educativos a las necesidades locales y regionales? o ¿representó sólo una medida pragmática para reducir el gasto público federal en el sector educativo? Lo cierto, es el giro que experimentó la política social, la cual consistió en: “... encauzar las demandas — y su satisfacción— hacia los gobiernos estatales, propósitos particularmente impulsados en materia de salud y educación, aunque con resultados bastante escasos” El Acuerdo Nacional, reafirmó la necesidad de realizar una reforma curricular “profunda” en la educación básica, con la ...renovación total de programas de estudio y libros de texto para el ciclo escolar 1993-1994,18 así como, apuntalar el aprendizaje de las matemáticas enfatizando la capacidad para plantear y resolver problemas. La modificación al Artículo Tercero Constitucional19 y la Ley General de Educación, se orientaron a consolidar la Reforma, con el propósito fundamental de normar administrativamente el tránsito hacia la descentralización educativa. La política educativa a seguir, estaría estrechamente vinculada con el modelo de desarrollo adoptado e implementado en el país, es así que, la educación respondería a objetivos de carácter económico. La relación directa que estableció el Estado entre educación, economía y desarrollo, expresó el discurso de la economía de la educación, cuyos principios fundamentales se basaban en la rentabilidad de la inversión de la educación, cuya función es la formación, sustentada en la lógica de la oferta y la demanda. En 1990 apareció el Programa para la Modernización de la Educación Indígena 1990-1994 (PMEI) y el Programa Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas 1991-1994 (PNDPI), y con ellos, el futuro de la Educación Indígena, cuyo sustento sería el Artículo Tercero Constitucional, aquella propuesta de modificación del Artículo Cuarto constitucional y la Ley General de Educación.

La planeación institucional de la educación indígena se sujetó al marco normativo y jurídico nacional, a través del cual, adquirió sentido y significado, dado que planteaba los lineamientos a los que debería sujetarse, así como los objetivos, fines y metas nacionales a los que se esperaba contribuir. Sin embargo, con la modificación del Artículo Tercero en 1993, la obligatoriedad del Estado de impartir la secundaria, no se cumpliría en el ámbito de las comunidades indígenas. A nivel constitucional, también se encontraba el Artículo 4°, que ampararía el derecho del

indígena a su propia lengua y cultura, al consignar la obligación de las autoridades de protegerlas y promoverlas: .la nación mexicana tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. Las concepciones divergentes de la educación indígena de acuerdo a la modernización educativa, se plantearon en el seguimiento de los programas

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