Protección Constitucional al Derecho Ambiental en Colombia

Protección Constitucional al Derecho Ambiental en Colombia 

El presente ensayo tiene como objeto analizar la protección constitucional que se brinda en Colombia al Derecho Ambiental. Primero es importante establecer un contexto sobre cómo Colombia ha desarrollado mecánismos de protección para el medio ambiente a lo largo de los años. Partiendo de la declaración de Estocolmo en el año 1972 se han establecido distintos medios e instituciones para dar garantía en los ordenamientos jurídicos nacionales al derecho del medio ambiente como un derecho humano, pues la declaración estableció una tendencia de protección jurídica al medio ambiente en el derecho internacional.^[1]

En Colombia, la Constitución Política de 1991 se encargó de dar un reconocimiento al Derecho de tener un medio ambiente sano, considerando al mismo como un derecho de tipo colectivo según su artículo 79 el cual determina lo siguiente:

“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.”^[2]

Sin embargo, no fue sino hasta que la Corte Constitucional determinó por medio de su doctrina una línea jurisprudencial que estableció que el derecho al medio ambiente era considerado como un derecho fundamental que este comenzó a tener mayor trascendencia e importancia en Colombia. Reflejo de su reconocimiento como derecho fundamental son las sentencias T-406 de 1992, la T-760 de 2007 y la C-671 de 2001.

En dichas sentencias se establece que el derecho al medio ambiente sano no sólo es un asunto que implica un interés general sino que es un  “ un derecho de rango constitucional del que son titulares todas las personas en cuanto representan una colectividad”^[3] y además que el medio ambiente  “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”^[4]

Por otro lado, en la misma sentencia T-760 de 2007, se establece que Colombia es considerado como un país megabiodiverso, significando que debería de presentar mayor interés sobre acuerdos internacionales respecto al medio ambiente y su biodiversidad, pues los recursos y diversidad biológica con la que contamos es una ventaja muy grande respecto a las especies que se pueden encontrar y que además se deben proteger.

Con esto dicho, volviendo específicamente a analizar los artículos de la constitución política del 91, el artículo 86 de la Carta establece que los ciudadanos gozan de la acción de tutela por medio de la cual se puede hacer reclamo ante los jueces a través de un procedimiento preferente y sumario para proteger sus derechos constitucionales fundamentales como lo es el derecho al medio ambiente sano.  Quiere esto decir que, no solo se reconocen los derechos al medio ambiente sino que también se genera una obligación para el Estado el garantizar este tipo de derecho y además crear mecanismos de protección que sean efectivos para su cumplimiento, como lo es la tutela.  

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