Reforma Agraria

Introducción

Hace apenas dos semanas que los titulares de la gran prensa anunciaron la terminación del paro agrario en Colombia. Durante varios días miles de campesinos bloquearon pacíficamente las vías nacionales en Gigante, Huila; La Pintada, Antioquia; Saldaña, Cajamarca, Rovira, Fresno y Lérida en el Tolima; en varios puntos de los departamentos de Cauca y Nariño; en Barbosa, Santander, y en Ventaquemada, Boyacá. El movimiento de los labriegos causó tanta alarma en los altos círculos del poder, que el señor ministro del interior al justificar la violencia con la que se les reprimió para despejar las vías, no vaciló en afirmar: "el país no puede aceptar una parálisis completa de su economía... porque los campesinos consideren que deben ser cambiadas una serie de políticas". La supuesta prudencia acompañada de energía con la que obró la fuerza pública, según el jefe de la cartera política, produjo al menos dos muertes oficialmente reconocidas y más de un centenar de heridos, amén de las detenciones y desapariciones de varios dirigentes regionales de la protesta.

¿Y qué pedían los atrevidos campesinos, víctimas del desprecio evidente con que los mira el gobierno nacional? Cuatro cosas bien elementales: la condonación de las deudas del sector con la banca, el fin de la importación de productos agropecuarios que pueden producirse en el país, el otorgamiento de créditos oportunos, suficientes y baratos, y el control de los costos de producción. No se trataba pues de una redistribución de la propiedad de la tierra, ni de la eliminación del latifundio, ni de que se pusiera fin a los desplazamientos forzados. Sus peticiones apuntaban más bien a la solución de sus problemas con el capital financiero, mucho más inmediatos y asfixiantes. Pero el comportamiento oficial fue el mismo asumido durante los diez últimos años con los más de cien paros y marchas de protesta, realizados en el país por el sector de los trabajadores del campo. Represión, promesas y olvido. Cuando un sector social se moviliza casi permanentemente en pie de lucha, es porque profundas razones deben estarlo impulsando a emplear las vías de hecho. Pese a las cifras y garantías virtuales, que sólo existen en la mente de los propagandistas del régimen.

La reforma agraria, una historia de luchas y de burlas. La violencia, un modelo de acumulación de riqueza

Es indudable que el origen de los problemas del campo colombiano se halla en la histórica y abrumadora desigualdad de la propiedad de la tierra. Y pese a la tentación de recurrir a la aventura de Colón y sus tres carabelas, con su correspondiente secuela de conquista y despojo, como explicación casi natural del fenómeno, seguramente de mucha utilidad para los beneficiarios actuales de la inequidad en el agro, resulta preferible y posible escarbar en el más reciente pasado y aun en la realidad presente, para entender a las claras, que los pavorosos extremos de concentración de la propiedad agrícola que caracterizan la situación del campo en nuestro país, son el resultado de la acción deliberada y consciente de los poderes dominantes, empeñados durante todo el siglo anterior y lo que corre del presente, en favorecer los intereses crecientes de los grandes señores de la tierra, en gran medida responsables y artífices de las políticas violentas que constituyen su método predilecto, su modelo dirían algunos, de acumulación de riqueza.

De la hegemonía conservadora a la ley 200, las iras del latifundio

No en vano fue el nuestro, el país de las guerras civiles durante el siglo XIX. La histórica pugna entre los partidos liberal y conservador, sirvió como telón de fondo a la puja por consolidar mayores latifundios y con ellos cerrados mayorazgos electorales. La derrota del radicalismo liberal en manos de Núñez y Caro y los casi cincuenta años de hegemonía conservadora, oscura caverna económica, social, política, cultural y religiosa en que tristemente se hundió nuestra patria, representaron a la vez el triunfo del señorío feudal en Colombia, cuando en el resto del mundo las economías ascendían en el capitalismo industrial y financiero. El despertar de las masas campesinas e indígenas, sus ocupaciones de tierras, sus marchas, sus enfrentamientos con los terratenientes, unidos al nacimiento de una clase obrera combativa y patriótica, y a la necesidad de la burguesía liberal por encontrar una base social que le sirviera de apoyo, para implementar las reformas económicas e institucionales acordes con sus intereses, terminaron por imponer un atado de medidas progresistas a cargo del partido liberal, más interesado en consolidar los vínculos de sus capitales con los del pujante imperialismo norteamericano, que en la suerte de la nación que comenzaba a gobernar.

Sólo eso explica la expedición de ley 200 de 1.936, primer intento serio y de estirpe moderna en la historia de Colombia, tal vez el único, de solucionar las agudas desigualdades imperantes en los campos con una reforma agraria antilatifundista. La limitada consecuencia del partido liberal con esa línea, se pondría de manifiesto con la ley 100 de 1.944, que vino a reforzar de nuevo la dependencia de los campesinos con el latifundio por medio de la aparcería, en beneficio exclusivo de los terratenientes conservadores que la aprobaron en el Congreso. No contiene por eso ningún enigma, la brutal violencia desencadenada en esa misma década contra los campesinos colombianos. Mediante ella se buscó recuperar de manos de los trabajadores del agro la tierra que habían conseguido desde la aplicación de la ley 200. Además, el impresionante destierro hacia la ciudad, impulsado por los pájaros, la chulavita y las autoridades políticas locales, verdaderos cuerpos paramilitares de la época, y pruebas fehacientes de que esta modalidad criminal no es producto de la acción guerrillera, sino de los intereses

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